Se han cumplido ya 11 días desde el ataque en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, donde un grupo armado abrió fuego contra funcionarios y mujeres activistas que se encontraban dialogando sobre las peticiones por el 25N.
Este acontecimiento, que ya está siendo atendido por la Fiscalía del estado, abrió una llaga que todos querían evitar: la influencia del crimen organizado en la región, su presunta libertad para realizar sus actividades y supuestos nexos con el propio gobierno.
A pesar de ser un secreto a voces, las autoridades han intentado esconder a toda costa estas situaciones, pero los propios cárteles de la droga que operan en la zona se han encargado de evidenciar las presuntas prácticas con narcomantas que siembran el terror en el territorio.
Hace algunos días, se localizaron diversas lonas en San Carlos, alcaldía aledaña a Guaymas donde se acusa la supuesta participación de Rafael Caro Quintero y sus familiares o socios en la balacera del pasado 25 de noviembre que dejó tres víctimas mortales.
En ellas aparecen las fotografías y nombres de al menos seis sujetos, entre ellos, el Narco de narcos y ex líder del Cártel de Guadalajara. Fuentes de inteligencia naval reportaron a Infobae México que los sujetos mencionados en las lonas son integrantes del criminal La Plaza. Esta célula criminal derivó de los Beltrán Leyva y actualmente se constituyó con nexos a otros familiares de Caro Quintero.
Ahora, cinco días después, y como una especie de respuesta por parte de esta facción, se localizaron al menos cinco narcomantas más: tres en Guaymas, una en Obregón y otra en Hermosillo, las cuales vincularon a la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, y a la titular del Ministerio Público (MP), Alejandra Santiago Sáenz, de tener nexos con Los Salazar, brazo armado del Cártel de Sinaloa.
El mensaje también señaló que Santiago Sáenz fue ex pareja sentimental del principal operador de Los Salazar, mientras que al comisario de Guaymas, Andrés Humberto Cano Ahuir, lo responsabilizaron de planear y ejecutar el ataque en el Palacio Municipal.
También denunciaron a los tres presuntos principales generadores de violencia en Sonora: Jesús Francisco Salazar Lohr, El Pirata; Jesús Adahír Salazar del Villar, el Azteca; y Luis Alfonso Encinas Bejarano, el Narizón o Venadito, todos estarían bajo las órdenes de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, “El Muñeco”, líder de Los Salazar.
Debido a que “El Muñeco” fue detenido el 4 de noviembre de 2012 para luego ser trasladado e ingresado al penal del Altiplano, El Pirata y El Azteca serían los principales mandos de esta banda que buscarían arrebatarle el territorio a La Plaza.
Los señalamientos de los nexos entre el gobierno y Los Salazar, por parte de La Plaza, no son nuevos. A mediados de 2020, los presuntos criminales acusaron al entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, a la gobernadora Claudia Pavlovich y a la fiscal del estado, Claudia Indira Contreras, de favorecer al brazo armado del Cártel de Sinaloa.
En aquel entonces colocaron tres narcomantas en San Carlos, la Muralla y la entrada a Empalme. En el narcotexto indicaron que el asesinato de uno de sus operadores, Juan Francisco Herrera Ortiz, el Brujo, fue perpetrado por Francisco Alfredo Armenta Ontivero. Agregaron que este sujeto fue dejado libre pese a su detención con armas dos meses antes.
Asimismo, apuntaron que Cano Ahuir tuvo conocimiento y permitió este ataque, el cual también cobró la vida de la esposa del Brujo y su hija menor. Otros integrantes de la familia fueron heridos por los impactos en la zona de Playitas.
Debido a estas acciones, La Plaza reiteró su guerra contra las autoridades de Guaymas, la cual ya había sido declarada en julio del año pasado y, nuevamente, trascendieron sus amenazas en marzo de este 2021.
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