Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad vinculado al Cártel de Sinaloa, despierta grandes temores entre fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York, pues su caso será juzgado con previsiones para un capo de alta peligrosidad como Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
En un memorando dirigido al fiscal Breon Peace se argumenta que el ex funcionario mexicano representa serias amenazas al caso. De ahí que se ha solicitado no sean revelados públicamente los nombres de los miembros del jurado y que éstos sean escoltados cada mañana y cada noche de sus casas a la corte.
Nombres, direcciones, lugares de trabajo no serán informados ni a las partes ni a la prensa, en tanto, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos resguardará a los miembros del jurado y los apartará del público cada día del juicio. Esto es lo que se ha pedido al fiscal.
Pues el alcance de la organización criminal se extiende a más continentes que el de América. Tiene socios por diversas regiones del planeta y Nueva York no es la excepción.
A raíz del juicio contra Guzmán Loera, señalan los fiscales, el Cártel de Sinaloa desató una ola de violencia terrible para protegerse de enemigos, disputar el territorio y silenciar a quienes podrían cooperar con las fuerzas del orden.
No solo eso, la corte de Brooklyn ya ha aceptado que el Chapo Guzmán es un personaje con antecedentes de violencia criminal que obligaron a proceder con cautela con el jurado en su proceso en la misma sede.
En el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa, los encargados de calificar las pruebas se mantuvieron anónimos y fueron aislados del público en general al ser escoltados al tribunal y permanecer fuera de espacios comunes del edificio
“Al gobierno le preocupa que el acusado y sus co-conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”, añade la moción de 23 páginas.
La fiscalía asegura que los pagos millonarios que García Luna recibía por parte del Cartel de Sinaloa eran hechos por los máximos cabecillas, entre ellos, Ismael Zambada García, el Mayo, quien no ha sido arrestado, y su hermano, Jesús Zambada, el Rey, quien sí fue detenido y testificó en el juicio contra el Chapo Guzmán.
Según las acusaciones, el ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón ordenaba a miembros de la policía federal mexicana que protegieran las rutas que usaba el cártel.
Además aportaba personal de seguridad para los altos mandos de la organización delictiva. También entregó al cártel información sobre investigaciones que hacían los agentes, así como datos de inteligencia que les beneficiaron en sus operaciones.
Por ello se alega que García Luna usó de manera corrupta su posición como funcionario de primer nivel para intervenir a favor del grupo criminal y en un claro caso de incumplimiento con la Ley. Las acusaciones son sumamente graves, advierten los fiscales.
Cuando ya no formaba parte del gobierno, después de 2012, el ex secretario calderonista viajó a Miami donde habitó en lujosas residencias que son investigadas como producto de su pasado criminal. Aunado a ello, también mintió a las autoridades de Estados Unidos al no señalar sus vínculos delictivos.
Para ese entonces ya había incrementado significativamente su patrimonio. Las autoridades mexicanas actuales buscan el decomiso de bienes por una cantidad que asciende a los 250 millones de dólares. Este proceso está en una corte del sur de Florida y es encabezado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que lideró García Luna de 2006 a 2012, aseguró el reciente 30 de noviembre que ya no hay ningún empleado de alto nivel vinculado con el acusado en Nueva York. Aunque otros ex funcionarios son prófugos y algunos más se mantienen en cargos de su círculo cercano.
Luis Cárdenas Palomino, uno de los coacusados, fue detenido a mediados de este año por tortura. Está preso y en espera de investigaciones que lo lleven a un juicio en México. Mientras que Eduardo Pequeño, el otro implicado en Brooklyn, ha logrado evadir a la justicia.
“Se encuentran en posiciones en las que pueden intimidar o dañar a los miembros del jurado. Por su parte, los miembros del jurado estarían preocupados con razón por los esfuerzos para intimidar o amenazar sus vidas con base en el testimonio del juicio anticipado que les informará de las conexiones del acusado con el más alto nivel del Cartel de Sinaloa”, indicaron los fiscales.
Además de todo eso, también se ha previsto una posible intervención mediática en el caso, debido a la gran cobertura que ya ha generado en la prensa. Aún, cuando ni siquiera se ha llevado el proceso formal donde se desahoguen las pruebas para definir la inocencia o culpabilidad.
Genaro García Luna puede ser afectado en sus derechos con un jurado anónimo, pero ello puede subsanarse con un cuestionario y un proceso de selección exhaustivo que garantice la imparcialidad de los integrantes del tribunal, según los fiscales neoyorkinos.
El juicio está programado para el 24 de octubre de 2022, aunque el juez y los fiscales ya han indicado que podría extenderse hasta 2023. Tras su detención en diciembre de 2019, el ex funcionario ha permanecido preso y en un caso prolongado por las dificultades que trajo consigo la pandemia de COVID-19.
Además, las partes han justificado la prórroga del proceso por los constantes descubrimientos de evidencias que ya superan el millón de páginas, las cuales deben ser revisadas por la representación del acusado. Esto incluye registros financieros, fotografías, audios, videos, intercepción de comunicaciones así como testimonios de otras personas.
Antes de enfrentarse a esa instancia, García Luna tiene programada un audiencia por videoconferencia el próximo 8 de diciembre de este año a las 12:00 horas (tiempo local), la cual puede ser abierta al público sin necesidad de que sea clasificada como sensible.
Durante 19 años habría colaborado con el Cártel de Sinaloa, desde que ocupó cargos públicos en la presidencia de Vicente Fox, según los cinco cargos que le fueron imputados. Supuestamente ayudó a la organización para traficar cuantiosas toneladas de cocaína y marihuana entre otros narcóticos a Estados Unidos. Se le han congelado sus cuentas y decomisado propiedades, pero todavía no se destapa el alcance de su participación como, posiblemente, de más ex funcionarios o políticos mexicanos.
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