Efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmantelaron un campamento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que era utilizado por presuntos miembros de la delincuencia organizada como arsenal para almacenar diversos fusiles de alto calibre y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado, el Ejército mexicano informó que el cateo se realizó este martes 30 de noviembre sobre el camino de tercer orden denominado Paseo de Los Indios, ubicado en la colonia Las Alazanas. Ahí las tropas jurisdiccionadas en el estado de Tamaulipas, derivado de trabajos previos de inteligencia, localizaron cuatro fusiles calibre 0.50″, diecinueve fusiles calibre .223″, siete fusiles calibre 7.62 mm., 612 cargadores y cartuchos de diversos calibres.
“El armamento asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes; con lo que se evita su empleo como instrumentos generadores de violencia, de delitos y causantes de daños a la integridad física del pueblo de México”, detalló la Sedena en el boletín.
“Con estas acciones, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de los mexicanos”.
México presentó en agosto una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
La semana pasada las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.
Pero el consultor de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen “efectos extraterritoriales”, por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.
El gobierno de México estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2,2 % de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.
Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2 % y el 6 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.
“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (...) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó Celorio.
El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona.
“Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.
El consultor está convencido de que la solución pasa por mayores controles comerciales y no por reforzar la frontera: “Se han hecho por décadas esfuerzos en aduanas, detección de túneles, más agentes, pero las armas siguen llegando”.
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