Silvano Aureoles sumaría más de 5 mil millones de pesos en supuestas corruptelas al simular arrendamientos y construcción de siete cuarteles de la Policía estatal, cuyas instalaciones resultaron deficientes, pero que incluyen recámaras blindadas para hospedaje del entonces gobernador de Michoacán.
El actual Ejecutivo de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso el esquema de presunta corrupción en que se vio beneficiada la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V., con la asignación de los contratos de renta, primero, y venta después, de los complejos de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
“Después de que los rentaron, los compran”, aseguró el gobernador morenista sobre el desfalco que ya es investigado y tiene en la mira a su antecesor, el perredista Aureoles Conejo.
En primer lugar, la empresa no era dueña del terreno en que se construyeron los cuarteles. Pero tres de esos centros policiales se rentaron desde septiembre de 2016 y el resto en mayo y diciembre de 2017.
Ya con la firma de contrato de arrendamiento y el monto otorgado, la inmobiliaria adquirió la propiedad luego de dos, tres, seis meses o hasta uno o tres años después. La inauguración tardó más y hasta la fecha no existen documentos que prueben la recepción de instalaciones o que el Gobierno de Michoacán sea el dueño de los cuarteles.
Dos días antes de que Silvano Aureoles concluyera su mandato, el 28 de septiembre de 2021, decidió comprar los sietes cuarteles que rentaba la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Para ello destinó mil 760 millones 366 mil 289 pesos con 47 centavos.
Sin embargo, para esa fecha ya se habían gastado tres mil 425 millones 732 mil 999 pesos en la renta y mantenimiento de los complejos de seguridad. De ahí que la cifra de supuesta corrupción asciende a cinco mil 186 millones 99 mil 288 pesos y 51 centavos.
“El gobierno anterior debió pagar solo un proyecto ejecutivo que sirviera de modelo para el resto de los cuarteles, lo que presume un sobre precio que será investigado porque no existe certeza de qué se entregó y en qué condiciones, toda vez que falta equipamiento y en algunas instalaciones ya presentan deterioros”, destacó la administración actual de Ramírez Bedolla.
En las fotografías y videos mostrados por el actual gobierno michoacano destacan instalaciones sin terminar, pisos con acabados rústicos, sin aplanado. Además de conexiones eléctricas con cables salidos. Lo mismo muros y techos de lámina, así como habitaciones con plafones de tablaroca.
Pero en todos los siete cuarteles fueron instaladas recámaras para el gobernador, las cuales tienen vidrios blindados y salas amplias para reuniones con sillones, además de comedores de madera.
Lo mismo cocinas con vajilla hecha en España. También destacan un asador de carne y una palapa en el cuartel de Lázaro Cárdenas.
Ventanas rotas, colchones inservibles en bodegas, sillas de plástico, puertas dañadas, casilleros descuidados y una suma de irregularidades contrastan con las habitaciones impecables destinadas a Silvano Aureoles en los complejos de la Policía de Michoacán que dan a los helipuertos.
Alfredo Ramírez Bedolla agregó que los servicios de renta y desarrollo fueron en adjudicación directa a través del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública.
Mencionó el costo de una base de la Guardia Nacional, cuyo monto está en 25 o 30 millones de pesos, según el gobierno federal.
En el cuartel de Uruapan, destacó el gobernador, el terreno fue donado por el Ayuntamiento, pero aún así, el predio fue adquirido por la administración estatal, junto con las edificaciones, a un precio de 304 millones 259 mil 898 pesos.
“Compra su propio terreno el gobierno del estado”, añadió el morenista.
José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, aseguró que esas anomalías no impedirán actividades de la policía a su mando. Pues la operatividad para combatir el crimen está reforzada al menos en 70 municipios como en el Oriente, Uruapan, Tarecuato y Tepalcatepec.
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