El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, coordinador de la inédita demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando “politizar” el litigio mientras México se mantiene “respetuoso”.
“El Gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el Gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras”, explicó en entrevista con la agencia EFE.
México presentó en agosto una demanda civil en una corte de Boston (Massachusetts, Estados Unidos) contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.
Pero el consultor de la Cancillería mexicana, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen “efectos extraterritoriales”, por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.
“No venden Cucharas”
El Gobierno mexicano estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2,2 % de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.
Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2 % y el 6 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.
“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor (...) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó Celorio.
El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona.
“Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.
El consultor está convencido de que la solución pasa por mayores controles comerciales y no por reforzar la frontera: “Se han hecho por décadas esfuerzos en aduanas, detección de túneles, más agentes, pero las armas siguen llegando”.
Voluntad del gobierno de Biden
México insiste una y otra vez que la demanda es contra empresas y no contra el Gobierno de Estados Unidos, que de hecho no ha emitido “ningún pronunciamiento” sobre el litigio pero coopera con México en el combate al tráfico de armas, dijo Celorio.
Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso (Texas), el Gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.
“El litigio forma parte de una estrategia mucho más amplia. El Gobierno de México ataja el tema del tráfico de armas desde diferentes ángulos”, contó el consultor.
Celorio aseguró que “hay muy buena voluntad del Gobierno del presidente Biden de hacer más cosas juntos” e hizo un llamado a las empresas a “formar parte de la solución también”.
El funcionario de la Cancillería aseguró que el litigio, en el que trabajan 100 personas con un presupuesto de un millón de dólares anuales, no es una estrategia mediática sino “una demanda con el objetivo de ganar”, y confió que el proceso seguirá su curso cuando haya concluido el Gobierno de López Obrador en 2024.
“Muchos de los que participamos en este esfuerzo somos diplomáticos de carrera y compartiremos al siguiente Gobierno las bondades del litigio”, dijo.
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