El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que declara de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras públicas a cargo del gobierno federal.
A través de un comunicado, el órgano empresarial encabezado por Carlos Salazar, condenó el mandato del Jefe del Ejecutivo federal ya que -dijo- “evade diversas normas constitucionales y legales que tienen como objetivo proteger los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción”, entre otros.
“El Acuerdo Presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”, enfatizó.
Destacó que en la actual Ley de Seguridad Nacional no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que “contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”.
El Consejo Coordinador Empresarial resaltó que el texto presidencial instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional en un plazo de cinco días hábiles, por lo que esta decisión " prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, alertó.
El CCE concluyó su comunicado reiterando su rechazo al decreto e hizo un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho “para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, (que) son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, finalizó.
El pasado lunes 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un extenso decreto que requiere que todas las agencias federales aprueben de manera automática cualquier proyecto de obra pública que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”.
El decreto esquiva todos los procesos de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad, y además establece un plazo de cinco días a las agencias regulatorias para otorgar una aprobación “temporal” de un año para lo que el gobierno quiera construir.
Un año después, las agencias ya podrían otorgar una aprobación definitiva, momento en el cual las obras ya deberían haber comenzado.
Tras su publicación, ha habido decenas de reacciones de rechazo por parte de políticos, periodistas y politólogos quienes han señalado que se trata de un “asalto a la Constitución”, por lo que la oposición ya amenazó con impugnar por todos los medios el decreto presidencial.
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