Proponen que la salud mental de niñas, niños y adolescentes deba ser garantizada por el Estado

Derivado de una campaña de concientización en favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes, Sonia Rocha, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), propuso que la salud mental de este demográfico debería de estar garantizada por el Estado.

Con una visión preventiva e integral, la legisladora del albiazul propone informar de manera oportuna a madres, padres y tutores para orientarlos sobre las acciones que deben aplicar en virtud de mejorar la salud mental de sus hijos.

A través de un comunicado oficial, Rocha Acosta informó que la iniciativa tiene como intención incidir positivamente para que en los servicios de salud se prevengan los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental. Asimismo esta iniciativa exhorta a que se informe de manera oportuna a quienes estén a cargo de la guarda y custodia de los menores.

El manejo adecuado de la información relacionada atiende la necesidad de orientar a los tutores sobre las acciones que deben aplicar para garantizar su bienestar emocional, psicológico y social del menor.

En concreto, lo que la abogada de la Universidad Autónoma de Querétaro presentó fue una reforma al Artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Añadió que para ese fin se coordinarán las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Destacó que la pandemia del COVID-19 ha causado diversas preocupaciones y efectos sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes; de acuerdo con los últimos datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al menos uno de cada siete niños se ha visto afectado directamente por el confinamiento en todo el mundo, mientras que más de 1,600 millones han sufrido alguna pérdida en la educación.

Como parte de su argumentación para fundamentar la reforma, explicó que los trastornos mentales como el déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, autismo, bipolaridad de conducta, depresión, alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia, pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación y las condiciones de vida; por ello, se requiere una inversión urgente en la salud mental de niños y adolescentes.

Por su cuenta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó, en un análisis dirigido a la salud mental del adolescente, publicado el 28 de septiembre del año pasado, que los trastornos mentales representan 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años.

Asimismo, se observó que la mitad de los trastornos mentales iniciaron a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.

Además, la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, señala los riesgos de la depresión en este demográfico, pues este padecimiento es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial y el suicidio es la cuarta causa de muerte de jóvenes de 15 a 19 años.

Finalmente, consideró que no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene graves consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, y que afectan tanto a la salud física como la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria.

El Artículo 50 de la LGDNNA, ubicado en el Capítulo Noveno “Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social” señala que las “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad”.

Dicho artículo se basa en la reducción de la morbilidad y mortalidad de los menores, por lo que se garantiza la prestación de la asistencia médica y sanitaria. Asimismo, esto se promueve entre todos los grupos sociales en la república con una visión preventiva y se señala como responsable a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.

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