Este jueves 18 de noviembre, al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro las diputadas Reyna Celeste Ascencio y Salma Luévano, ambas delArt´ Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Taygete Irisay Rodríguez, de Movimiento Ciudadano (MC), presentaron tres reformas que promueven la inclusión de la comunidad LGBTTTI en México.
Inicialmente, Rodríguez González presentó una iniciativa que castiga a quienes restrinjan el sano desarrollo de la personalidad de cualquier persona respecto a su identidad relacionada a su orientación sexual o autoapercibimiento genérico.
Como metodología para garantizar su intención, la diputada federal presentó una iniciativa para modificar el Artículo 425 y adicionar un artículo a la Ley General de Salud, esto para que se regule desde el Estado y se pueda garantizar la libre elección sobre el género.
Específicamente, la abanderada del partido naranja busca que cualquier persona del sector Salud que promueva, ofrezca, imparta, aplique, obligue, financie, induzca o someta a tratamiento, terapia, servicio o práctica, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, se le impondrá la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud para su dictaminación.
Por su cuenta, las morenistas suscribieron una reforma al Código Civil Federal (CCF) en virtud de promover el matrimonio igualitario, es decir, que se pueda establecer el vínculo nupcial sin importar la preferencia sexual.
La diputada Reyna Celeste Ascencio propuso reformar diversas disposiciones del CCF y del Código de Comercio, en materia de matrimonio igualitario para sustituir los términos que se refieren al marido y mujer, por el de los cónyuges o cónyuge.
Asimismo, señalar que se entiende por matrimonio la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
Por su cuenta, Salma Luévano suscribió la iniciativa y agregó que debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige, por lo que la iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen y a la de Diversidad para opinión.
Aunado a esto, Luévano Luna propuso, desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, esto para garantizar la representación de grupos vulnerables en cargos de elección popular.
La iniciativa relativa a la inclusión de cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad promueve asignaciones del 20% de candidaturas a cargos públicos y en nombramientos de cargos por designación. Cabe recordar que, históricamente, estos grupos han sufrido de discriminación sistemática en territorio nacional, por lo que promover mecanismos para contrarrestar este efecto, incentiva la inclusión de todo un sector de la sociedad.
Junto con ella, Emmanuel Reyes, también del partido guinda, presentó una iniciativa que obliga al Estado garantizar el ejercicio del voto para personas con discapacidad. Esto al promover una adición al Artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con la propuesta de Reyes Carmona, el gobierno se vería obligado a garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos con alguna discapacidad física, visual, o motriz, ya sea de manera temporal o permanente.
Cabe recordar que dicho artículo es el encargado de establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales. Dicha iniciativa también será revisada por la Comisión de Reforma Político-Electoral.
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