La ambientalista Irma Galindo, defensora de los bosques del sureño estado mexicano de Oaxaca, desapareció recientemente y fue vista por última vez el pasado 27 de octubre, según informaron este jueves varias organizaciones.
“El 29 de octubre debía asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Ciudad de México, pero nunca llegó. La defensora llevaba resguardándose por su cuenta desde 2019 a falta de mecanismos de protección estatales”, explicó la organización Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México.
Galindo había estado recientemente manifestándose en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México en contra de los “talamontes”.
Este día se corrió la voz de la desaparición y pronto las redes sociales se llenaron con imágenes de su rostro y recordatorios de que, desde 2018, la activista había enfrentado “intimidación, hostigamiento, persecución campañas de difamación y amenazas de muerte” por parte de servidores públicos debido a su labor.
Galindo lleva años tratando de evitar talas de especies como el pino o encino y trabajando en la defensa del Bosque Ñuu Savi, en la mixteca oaxaqueña, una región montañosa que se encuentra entre los estados de guerrero, puebla y oaxaca.
Las intimidaciones iniciaron en 2018 porque denunció entonces la tala de bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca (Oaxaca) y ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A pesar de antecedentes de “múltiples agresiones”, relató la organización,” el análisis de riesgo de la defensora Irma fue calificado por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como ‘ordinario’, lo que significa que ‘puede esperar’ y que ‘su vida no corre peligro’”, relataron.
En el comunicado, la Red relató algunas de las agresiones ejercidas no solo por Irma -incluyendo que incendiaron su casa-, sino también sobre otras personas cercanas y sobre la propia región.
“Exigimos a las autoridades mexicanas una investigación rápida e independiente que garantice la aparición con vida de la defensora Irma Galindo. Pedimos a la comunidad internacional y a nuestras aliadas que se mantengan vigilantes ante esta situación y que nos ayuden a demandar la aparición con vida de Irma”, terminó el comunicado la ONG.
Según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de su cargo en diciembre de 2018, se registraron 94 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
La primera vez que desapareció
El 10 de noviembre del 2019 la activista había sido reportada desaparecida por primera vez.
Galindo Barrios ya había denunciado con sus compañeros las presuntas agresiones por parte de este sector luego de que ella advirtiera sobre la tala clandestina de árboles en Oaxaca ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado.
El 27 de octubre del 2019, la activista había denunciado en redes sociales el hostigamiento constante y la persecución que padecía por parte del presidente municipal de San Esteban Atatlahuca, Heriberto Nicanor Alvarado Galindo, así como por parte del comisario, Crescenciano Sandoval Quiroz.
“Desde hace días mis propios vecinos me dijeron que vendrán por mí. Igual hoy me di cuenta de dónde sacan las verdaderas mentiras. Es la misma estrategia que usó el comisariado y el presidente para sacarme del cabildo (donde colaboró en tareas de salud) porque yo no estaba de acuerdo que invirtieran más en alcohol que en actividades culturales. Como sea no conozco el miedo. Como siempre digo a las pruebas me remito”, escribió en Facebook.
En noviembre de 2017, Barrios informó sobre presuntas amenazas recibidas por parte de las autoridades locales, tras la difusión de imágenes de la tala de árboles en la zona comunal de Yozo Tiza’a. Sus colegas, quienes denunciaron la desaparición, aseguraron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo conocimiento de este hecho en 2018, pero no encontraron respuesta.
Ese mismo mes se presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en Tlaxiaco por actos intimidatorios cometidos por servidores públicos en su contra, pero tampoco apoyaron a la activista. Lo mismo ocurrió con la vicefiscalía regional en Tlaxiaco, donde a pesar de haberse registrado reuniones de conciliación con el comisariado no hubo seguimiento a las quejas de la activista.
EFE
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