Andrew Scott Pierson, un traficante y armero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Noreste (CDN) se declaró culpable ante el Tribunal del Distrito Este de Arkansas, pues sus operaciones se registraron en Tamaulipas a favor de los grupos criminales.
“Pierson ensambló las piezas en armas automáticas funcionales para el Cartel del Noreste (CDN) y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, destacó el comunicado oficial del gobierno estadounidense.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Justicia, Pierson se entregó a las autoridades el 10 de diciembre de 2018 y cinco de sus presuntos cómplices ya han aceptado responsabilidades, mientras que un séptimo coacusado se mantiene prófugo.
“Este caso es el primer enjuiciamiento exitoso en el país por la exportación y fabricación de armas de fuego de carteles mexicanos”, declaró el Fiscal Federal Interino Jonathan D. Ross.
“Estamos orgullosos de que esta investigación haya dificultado la obtención de armas de fuego por parte de cárteles violentos, y tenemos la intención de procesar cualquier caso que ayude a mantener las armas fuera del alcance de estas organizaciones criminales”.
Pierson de 47 años y residente de Oklahoma fue identificado luego de que un residente de Arkansasas recibiera componentes para armas de fuego de las cuales se percató que las piezas eran falsificadas.
Según las investigaciones, el hombre se dedica al proceso de cerakoting que consiste en recubrir partes de armas de fuego con polímero y cerámica para una mayor duración. Pero al notar que los componentes eran de baja calidad, denunció a la policía local en mayo de 2017.
“Las piezas eran receptores inferiores en un 80% de Colt, y esta persona reconoció que estas piezas de armas de fuego eran falsas”, agregó el comunicado.
Fue así como las autoridades rastrearon a los receptores de componentes falsos hasta una empresa en Laredo, Texas, que se dedicaba a transportar las refacciones a Pierson en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“Pierson admitió haber pedido y recibido piezas de armas de fuego de Estados Unidos y haber fabricado armas automáticas en México para los cárteles CDN y CJNG. La policía confirmó más tarde que la disponibilidad de armas de fuego del cártel se vio afectada tras el arresto de Pierson”.
Luego de ubicar la red de traficantes de armas, un gran jurado federal acusó a siete personas el 3 de septiembre de 2019, incluido el residente de Oklahoma.
Pasaron dos años desde las imputaciones hasta que Pierson aceptara su culpabilidad en el segundo cargo que se le determinó por violar la Ley de Control de Exportación de Armas, ante el juez de distrito Brian S. Miller.
De acuerdo con cálculos del Departamento de Justicia, la pena de traficar armas se castiga con más de 20 años tras las rejas y una multa que no exceda el millón de dólares, así como tres años de libertad supervisada.
“La cooperación entre las agencias policiales locales, estatales y federales y el gobierno de México es la base para combatir el tráfico transfronterizo de armas de fuego”, dijo el Agente Especial de la División de Campo de Nueva Orleans de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a cargo Kurt Thielhorn.
Detener el flujo de armas ilegales a México sigue siendo una alta prioridad para la ATF
El caso fue investigado por ATF y USPIS con la ayuda de Investigaciones de Seguridad Nacional. Mientras que la fiscal federal adjunta, Anne Gardner, lleva las acusaciones en la corte de Arkansas.
“Con numerosos relatos de atrocidades atribuidas a cárteles, es inconcebible pensar que alguien conspiraría para proporcionarles armas“, aseveró Thomas Noyes, inspector a cargo de la División de Fort Worth.
Análisis del gobierno mexicano estiman que el 70% de las armas que se trafican al país provienen de un fabricante o distribuidor en EEUU y el restante 30% de seis países europeos (España, Italia, Austria, Rumania, Alemania y Bélgica).
La gran mayoría de los fusiles en el mercado negro terminan a manos de cárteles de la droga que las utilizan para arreciar disputas territoriales y mantener a la población en una ola de violencia incesante.
A inicios del reciente mes de agosto, el gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes y proveedores de armas en Estados Unidos ante una corte federal en Boston, Massachusetts. Según se alega, las empresas han sido negligentes en la venta desenfrenada, lo cual repercute en índices de violencia en México.
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