Durante la tarde de este miércoles 3 de noviembre, el juez federal Artemio Zúñiga dictó prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esto como parte de una petición realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), actualmente encabezada por Alejandro Gertz Manero.
La solicitud de la FGR para que Lozoya permanezca en el Reclusorio Norte, fue apoyada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que consideraron que existe riesgo de fuga. Asimismo, el juez consideró procedente la prisión preventiva porque no se había concretado el criterio de oportunidad, recurso cuya cooperación con las autoridades permite penas menores o beneficios como la libertad condicional.
Tras la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para considerar como inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva justificada tomó relevancia por parte de la conversación dentro del máximo tribunal constitucional.
La medida cautelar de la que Emilio Lozoya fue acreedor, es definida por el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE) como una situación en la que se solicita al juez o jueza la imposición de prisión preventiva debido a que considera que otras medidas cautelares no son suficientes para “garantizar que el imputado tenga presencia en el juicio, para el desarrollo de la investigación, para la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por cometer un delito de forma intencionada”.
Para el caso del ex funcionario, la FGR solicitó esta medida debido a que, hasta el momento, ninguno de los implicados en el caso Odebrecht ha cumplido con los requerimientos para obtener un criterio de oportunidad o convertirse en un testigo colaborador. Parte de la determinación se debió a los argumentos de los fiscales, en los que señalaron que Lozoya se exhibió sin el menor pudor procesal tras haber sido captado en el lujoso restaurante Hunan, además de haber prolongado en reiteradas ocasiones el tiempo para presentar evidencias.
Sin embargo, nuevamente recibió una prórroga otorgada por la Fiscalía para entregar pruebas en contra de quienes recibieron sobornos para aprobar la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto. El plazo para entregar evidencias tendrá una duración de 30 días, posterior a este lapso, el órgano autónomo dará por concluido el intervalo de la investigación complementaria e iniciará un nuevo plazo para que las autoridades formulen su acusación y reúnan las pruebas en contra de Lozoya Austin, así lo explicó el sitio web Debate.
En este sentido, el ex director de Pemex debía aportar elementos contra al menos 17 de las 70 personas físicas y morales que denunció en su comparecencia ante la FGR, las cuales estarían involucradas en el caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina y en el que presuntamente participaron el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el ex titular de la cancillería mexicana, Luis Videgaray.
En un breve encuentro con la prensa, Miguel Ontiveros, representante legal del ex funcionario, dio a conocer que se interpondrá un recurso en contra de la decisión del juez Artemio Zúñiga con el fin de que el acusado siga con su proceso en libertad. No obstante, precisó que la vía más adecuada para lograrlo sería llegar a un acuerdo con la FGR.
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