Después de que una ONG denunciara inacción por parte de las autoridades, el pasado fin de semana peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron labores de búsqueda de restos humanos en una quinta ubicada en el kilómetro 5.5 de la carretera a Miguel Alemán, a pocos minutos de la cabecera municipal de Marín, en el estado de Nuevo León.
Sin embargo, debido a las características del inmueble y las condiciones en las que se encuentra (sobre todo una noria y el propio subsuelo), las autoridades han afirmado que las labores podrían prolongarse al menos unas dos semanas en el predio de casi media hectárea y en desuso desde hace casi una década.
El pasado 30 de octubre, integrantes del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), por medio de un comunicado dirigido al gobernador Samuel García, señalaron el estado de “abandono” en el que se encontraba el predio y demandaron su participación en la búsqueda de personas desaparecidas en la región.
“El sábado 30 de octubre de 2021, realizamos diversas acciones de búsqueda, familiares organizadas en FUNDENL junto con nuestro Equipo de Arqueología y Antropología Forense, buscando nuevamente en una quinta abandonada donde realizamos hallazgos de fragmentos óseos humanos en febrero de 2020 y donde se pudieron identificar por lo menos a tres personas desaparecidas”, señaló el colectivo en el comunicado.
“Lamentablemente nos percatamos que este sitio se encontraba en condiciones muy similares a las del año pasado, observando una misma prenda de vestir y restos óseos humanos dispersos, un fragmento de cráneo, vértebras y falanges y sin señales de excavaciones ni de una búsqueda exhaustiva de parte del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León como lo marca la ley”, apuntaron.
Por ello, “hemos solicitado la participación directa en todas las acciones que se realicen en este predio, ofreciendo a nuestro equipo de profesionales en arqueología y antropología forense. Recordemos que en 2017 sucedió lo mismo en un sitio en el que había intervenido la FGNL”. Al día siguiente, y tras obtener una orden de cateo, peritos y agentes ministeriales ingresaron al lugar.
La explicación que dio la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León fue que no había podido iniciar las labores periciales en el lugar porque “hubo necesidad de obtener una orden de cateo por tratarse de una finca privada, por lo que la búsqueda se prolongó durante todo el lunes primero de noviembre, sin que al momento se haya informado sobre los resultados”.
Finalmente peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales comenzaron las labores de campo y las tareas de investigación se extendieron todo el lunes tras recabar evidencias, entre las que presuntamente hay restos óseos.
De acuerdo con las propias cifras del gobierno, en México hay 90,148 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas, por lo que el trabajo de los colectivos, principalmente integrados por madres y padres buscadores, se ha vuelto esencial pero lleno de riesgos, debido a que muchos de ellos han sido víctimas de desaparición o incluso, asesinados.
El caso más reciente ocurrió en Sonora, cuando Francisca Leticia Álvarez Rivera, integrante del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, fue privada de su libertad por encapuchados, el pasado fin de semana.
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