Ha circulado la noticia de que Morena retrasó para abril de 2022 el debate sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la cual, se busca impulsar el control estatal del mercado eléctrico.

En este contexto, el miércoles trascendió que congresistas y oficialistas de Morena acordaron buscar la aprobación de la legislación a mediados de abril del próximo año.

Fue así que Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, desmintió la información y aclaró los tiempos de la dinámica parlamentaria.

Fue a través de un hilo de Twitter, donde explicó que el 15 de abril de 2022 corresponde a la conclusión total del periodo integral de discusión y aprobación de la reforma eléctrica.

Para esa fecha, se estima que haya concluido el proceso legislativo, el cual incluye la aprobación de dicha reforma, tanto en el Congreso Federal como en 17 congresos locales.

Por ahora, se discutirá en la Cámara de Diputados (Cámara de origen) durante el periodo ordinario, el cual concluirá el 15 de diciembre de 2021.

Carlos Urzúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al inicio de la administración del presidente López Obrador, arremetió contra el gobierno de la 4T y aseguró que si se llega a aprobar la reforma eléctrica habrían consecuencias graves al corto, mediano y largo plazo.

En una reunión que sostuvo este miércoles 3 de noviembre con Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, el ex secretario de Hacienda remarcó que se debe de considerar la pérdida de inversión por parte de la Iniciativa Privada (IP).

Como parte de su argumentación, el ex funcionario federal señaló que para crecer de manera sostenible en los próximos años se necesita inversión; la inversión mínima debería representar el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual debería de provenir en un 20% de la IP y 5% del sector público; sin embargo, las decisiones del gobierno han creado incertidumbre, con lo que ha caído la inversión privada.

Bajo esta lógica económica, el egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) estimó que en 2021, la inversión fue cerca del 18% del PIB, donde la parte pública representó menos del 3% y gran parte ella se destinó a los megaproyectos.

Por su parte, el el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco) se pronunció contra la reforma energética y aseguró que ésta afectará negativamente la competitividad en el sector.

Este fin de semana, la organización civil publicó su reporte respecto a las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), mismos que estipulan al Estado como el rector del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

Dichos artículos de la Constitución son los que determinan el dominio del territorio nacional a cargo del Estado mexicano y prohíben la creación de los monopolios. Con lo que la reforma plantea especificar, en materia energética, favorecer a la Comisión Federal de electricidad (CFE) al limitar la participación de la industria privada.

“Esta iniciativa reduce la competitividad del país al elevar los costos de la electricidad para los hogares y las empresas mexicanas, daña al medio ambiente y atenta contra el Estado de derecho en un sector clave para la economía nacional”, se lee en el informe del Imco.

Conforme a lo solicitado por el ejecutivo federal, la CFE tendría la facultad de establecer tarifas y otorgar permisos, así como decidir qué centrales inyectan su energía a la red y en qué momento lo hacen.

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