El “Chapo”, fentanilo y la CIA: las 79 reuniones de agentes mexicanos y extranjeros

Autoridades mexicanas reportaron 79 registros de encuentros con agentes extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, donde lo mismo abordaron flujo de migrantes, tráfico de armas y fentanilo, hasta el seguimiento de bienes incautados a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Datos proporcionados a Infobae México por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indican al menos 461 intercambios de comunicaciones entre llamadas telefónicas, conversaciones virtuales, reuniones presenciales, además de correos electrónicos.

Según una solicitud vía Transparencia realizada por este portal, la Dirección General de Asuntos Especiales de la SRE ha contabilizado 59 reuniones con agentes extranjeros y recibió 20 informes de la Fiscalía General del Estado de Baja California entre enero y agosto de 2021.

Tanto los contactos enlistados, como algunas ausencias de cooperación entre dependencias, corroboran necesidades para coadyuvar en la agenda de Seguridad binacional entre México y Estados Unidos.

A nivel federal se incluyen encuentros en conjunto o por separado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otras dependencias; pero en el ámbito estatal, solo la entidad gobernada actualmente por Marina del Pilar ofreció información a la cancillería.

Esos reportes fueron generados conforme a los LINEAMIENTOS que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros, cuyas disposiciones entraron en vigor desde el 15 de enero pasado tras una reforma al artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional.

Según la regulación, todos los niveles de gobierno deben presentar un informe por escrito a la SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), tres días después del encuentro con funcionarios extranjeros acreditados, ya sea que la reunión se realice fuera de México o el país de origen del agente.

Paloma Mendoza Cortés, investigadora en temas de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, comentó que México y EEUU han pasado por etapas de cooperación con rupturas y continuidades. En algunas ocasiones, gobiernos mexicanos deciden cooperar directa y públicamente, o se rehúsan ante la vista de todos, pero acceden en privado.

“Las relaciones en materia de seguridad México-Estados Unidos son en diferentes niveles y órdenes y por tanto, no podemos calificarlas por los resultados de una mesa de negociación o por casos específicos, como toda relación tiene altas y bajas y dependen mucho de las agendas de gobierno de ambos países”, apuntó la egresada del Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica.

Aunque 79 reportes se trata de un número muy reducido para lo que cabe esperar de dos países aliados como México y EEUU, los informes detallan más de una comunicación sobre el mismo tema y objetivo, esto varía de un par de días, una semana o meses en que el intercambio de información ha sido diariamente, como en el caso de la Fiscalía de Baja California.

Raúl Benítez Manaut, especialista en relaciones de seguridad México-Estados Unidos, coincidió en que ambos países cooperan constantemente y las agencias extranjeras no han interrumpido el nexo con sus pares a pesar de crisis en los cambios de gobierno. Sin embargo, debería haber datos que no fueron reportados y constituyen el día a día entre dos socios principales para la economía y en materia de seguridad.

“Yo creo que estas son las únicas reuniones que ellos están registrando, pero no están registrando las reuniones cotidianas de gente de mediano nivel, porque deberían ser muchísimas más.

“Me da la impresión de que este es un registro solo de jefes, solo de autoridades superiores, pero no de autoridades intermedias, quienes tienen relaciones muy cotidianas, todo el tiempo”, dijo en entrevista el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mendoza Cortés agregó que si bien hay juntas de primer nivel cada semana, a esas reuniones siguen más encuentros entre subordinados para dar continuidad a lo acordado, pues se trata de puntos de negociación estratégica para la seguridad binacional.

“Generalmente a estas grandes reuniones siguen reuniones y contacto vía telefónica o correo electrónico entre los de niveles inferiores para hacer operativas las decisiones de las mismas, por lo tanto, creo que existe un subregistro de dichas reuniones”, respondió la analista para Infobae México.

Las 79 reuniones

En medio año, las autoridades reportaron al menos 47 reuniones presenciales, aun cuando el mismo tema haya requerido hasta dos o tres días. Las comunicaciones virtuales sumaron 11 tipos de contacto, aunque también destacó el intercambio de información mediante correo electrónico.

El 34% de los encuentros fueron establecidos por la UIF, es decir, la tercera parte del registro ofrecido por la Dirección General de Asuntos Especiales.

La Unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda se reunió 13 veces con la Administración del Control de Drogas (DEA); y cinco ocasiones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense; además de dos contactos con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).

“Creo que esta última parte significa un avance en las relaciones bilaterales para combatir el lavado de dinero”, agregó Paloma Mendoza Cortés.

Las reuniones de la UIF representan casi el triple de juntas sostenidas por la cancillería mexicana, que se reunió para cinco eventos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP); tres con la Patrulla Fronteriza; dos con la DEA; y una vez con el FBI, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Departamento de Justicia, el Consejo y el Departamento de Seguridad Nacional liderado por Alejandro Mayorkas.

Según el anexo proporcionado, las cinco reuniones de la SSyPC han sido con la SRE. Por sí sola, la institución que encabeza Rosa Icela Rodríguez tuvo contactos con funcionarios de Chile, Brasil y Canadá, quienes presentaron a sus agentes ante la Coordinación Nacional Antisecuestros.

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de Economía, así como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la Presidencia de la República, apenas reportaron un encuentro con sus pares extranjeros.

El 7 de mayo de 2021, la Semar informó de una reunión con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), pues solicitó autorizar un encuentro entre el subdirector de la dependencia estadounidense, David S. Cohen, con el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, y con el jefe de la Unidad de Inteligencia Naval. El evento estaba programado para el 27 de mayo de este año pero no se precisaron mayores detalles.

461 encuentros por reuniones que duraron más de un día

Tras una reunión presencial con la DEA a principios de año, la Fiscalía de Baja California comenzó un intenso intercambio de información con dependencias de Estados Unidos, país con que colinda a través de ciudades como Tijuana y Mexicali en la frontera sur de California. De ahí se desprendieron hasta 377 veces en que se desarrollaron conversaciones telefónicas.

Las autoridades ministeriales registraron dos decenas de encuentros, pero especificaron el periodo que abarca seis meses y medio de 2021. Durante cuatro días, del 18 al 22 de febrero, hubo llamadas telefónicas entre la fiscalía estatal con el US Marshals, Border Patrol, la Policía de San Diego y el FBI para intercambiar información.

Al día siguiente siguió el mismo objetivo y se prolongó por cinco días más, del 23 al 28 de febrero, en llamadas con las autoridades de EEUU con quienes se había contactado por separado. Todo el mes de marzo, 31 días, continuaron las conversaciones telefónicas con las cinco dependencias estadounidenses, pero adicionalmente con la policía de San Diego el mismo número de ocasiones.

Esta serie de llamadas se extendieron durante 30 días más, en el mes de abril, así como todo el mes de mayo (31 días), junio (30 días), julio (31 días) y agosto (31 días).

En tanto, la UIF sumó 71 ocasiones de encuentros, correos o llamadas. Por ejemplo, la cooperación se prolongó 18 días, del 12 al 30 abril, con el Departamento del Tesoro para presentar al enlace de su homóloga estadounidense, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), seguimiento a otros temas del Tesoro y contacto con la CBP.

El 21 y 23 de abril hubo una reunión de dos días entre la UIF y la DEA en temas relacionados con la agregaduría en Nueva York. Mientras que del 1 de junio al 15 de julio, hubo llamadas y correos entre la agregaduría de la embajada de México en EEUU de la UIF, el Departamento del Tesoro, FinCEN, CBP y Departamento de Justicia.

A mediados de año, entre el 13 al 14 de julio, la UIF y la CBP establecieron mecanismos y productos para compartir información de manera regular, exhaustiva, oportunidad y periódica con la finalidad de identificar patrones del comportamiento criminal en el tráfico de armas. En el encuentro igual estuvieron la SRE, SSyPC, Segob, Sedena y Semar.

Por su parte, la Sedena sostuvo 11 días de encuentros adicionales por registro. En febrero intercambió información con autoridades de Israel en un seminario virtual de ciberseguridad. En mayo igual ocupó un par de días con la Patrulla Fronteriza para identificar traficantes de personas, reforzar la cooperación y eficientar rescate humanitario.

Ese mismo mes se reunió de manera virtual, durante tres días, con la Fuerza Aérea Norte de EEUU, el Sistema Cooperativo de la Integración de Información Situacional y la CBP, debido a que fue detectada una aeronave no identificada en el sur de México, procedente de Sudamérica.

Tres meses más tarde, del 13 al 17 de agosto, se realizó el intercambio de información virtual con Honduras y EEUU, por aeronaves relacionadas con actividades ilícitas y la coordinación de sobrevuelos. El encuentro no fue con la DEA, sino con el director de la CBP de la embajada estadounidense en Honduras.

Migración, el tema prioritario

El único registro del CNI fue una reunión virtual el 30 de junio con el Grupo de Alto Nivel en Seguridad de Guatemala, donde intervinieron la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y la Fiscalía de Delitos Transnacionales del país centroamericano. El motivo: realizar acciones conjuntas de reconocimiento e inteligencia para inhibir el tráfico de personas.

El tema migratorio se trató principalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya en el gobierno de Biden, el acercamiento fue a través del secretario Alejandro Mayorkas, el 15 de junio de este año.

Un par de meses antes, el Ejército mexicano había tenido comunicaciones virtuales con agentes de Texas y Nuevo México para revisar el flujo de personas en la frontera, decomiso de drogas y armas.

Entre el 18 y 19 de mayo, autoridades de la Patrulla Fronteriza de EEUU (Yuma, el Centro, San Diego y Tucson) acordaron con la Sedena identificar a traficantes de personas. Después se unieron al tema de migración el Ministerio de Defensa de Canadá y el estadounidense. Al final se fijaron operativos y entrenamientos para aviones T-6C.

A finales de julio, la SRE sostuvo un encuentro con el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU y el asesor del presidente norteamericano, donde se presentaron programas de gestión del tránsito de migrantes con respeto a sus Derechos Humanos, según se reporta en el documento revisado.

A la semana siguiente se plantearon puntos de la agenda bilateral entre seguridad, así como desarrollo igualitario, junto con la misma problemática del flujo migrante.

El 18 de agosto, la Sedena se reunió con autoridades fronterizas y del Departamento de Seguridad para revisar la migración en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ahí se habló del personal desplegado, las interceptaciones, así como la disminución del tránsito de extranjeros.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera sostuvo encuentros con la DEA, OFAC, así como la Fiscalía y agencias bancarias de Guatemala para identificar las redes de los traficantes de personas, el 11 y 23 de junio, además del 4 de agosto pasados.

El Chapo Guzmán y la cooperación en temas de narcotráfico

Aunque el envío de drogas fue abordado al menos en tres ocasiones en medio año, desde el 19 de marzo la UIF ya trabajaba con la DEA para identificar objetivos en ambos países relacionados con el tráfico de fentanilo.

El pasado 22 de septiembre, la OFAC sancionó a Sergio Valenzuela Valenzuela, el Gigio, supuesto lugarteniente en Sonora del máximo líder en el Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, el Mayo, junto con siete subordinados más. Un par de semanas después, el 6 de octubre, fueron incluidos cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en Manzanillo, Colima.

Todos ellos fueron acusados de traficar fentanilo, cuyas muertes por sobredosis generaron una crisis de salud pública en EEUU desde 2017 y lo cual ha dejado más de 93 mil personas fallecidas por consumo de drogas en 2020, cuando 75% de los casos derivaron de la ingesta de píldoras falsificadas con el opioide sintético.

Tan solo para dar seguimiento a casos en Nueva York, la dependencia encabezada por Santiago Nieto presentó su agregaduría en el consulado mexicano de la ciudad el 26 de enero pasado, cuando se reunió con efectivos de la DEA.

Del 21 al 23 de abril se dio continuidad a los temas, también con la agencia antidrogas. Y del 7 al 11 de julio la reunión con la DEA incluyó a Fiscales del Distrito Este de Nueva York.

“Establecer mecanismos de cooperación y con ello mejorar el intercambio de información entre la DEA y la UIF en los casos de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero”, señala la descripción de Tema y Objetivo para aquel encuentro.

Cabe recordar que la corte de Brooklyn procesó al Chapo Guzmán, y ahí radicó el caso del ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se asoció con el Cártel de Sinaloa, recibió sobornos de los Beltrán Leyva y hasta pactó con los Zetas.

También es donde el ex secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, tendrá su juicio en 2022 por cargos que involucran a tres de sus subordinados, debido a presuntas colaboraciones con el Cártel de Sinaloa durante 19 años; además de Iván Reyes Arzate, que ya se declaró culpable; y en esa corte igual se acusó al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien finalmente volvió libre y fue exonerado en México por la FGR.

El 6 de julio pasado, la UIF se reunió con el fiscal de distrito de Nueva York encargado de la identificación y el decomiso de bienes, así como personal de la DEA, ante quienes presentó su agregaduría. Lo anterior fue en aras de dialogar sobre funciones de la Unidad y de casos binacionales que permitan la colaboración.

Eso resultaría ambiguo de no ser porque una semana antes, el 28 de junio, la UIF tuvo un encuentro con quienes llevan el caso del Chapo Guzmán en Nueva York. La intención fue conocer el estado de las investigaciones, pero más allá de eso, saber qué bienes se han identificado del ex líder del Cártel de Sinaloa para recuperarlos y reintegrarlos a la Hacienda Pública mexicana.

Un día después de que Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua, el 18 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se analizaría incautar los bienes del capo. Dos días después, desde un evento en el Salvador, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que encabezaba un equipo de trabajo con la UIF para ese propósito. Algo que Santiago Nieto reiteró en octubre del mismo año.

Pero al ser consultada por Infobae México, la UIF se negó a comentar los avances u obstáculos del caso porque, argumentó, es un proyecto que todavía no llega a la corte estadounidense. A dos años no se han reintegrado montos que, según autoridades de EEUU, amasó el Chapo Guzmán hasta alcanzar más de 12 mil 600 millones de dólares.

Consecuencias de la Ley que regula agentes extranjeros en México

Como respuesta a la detención del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una reforma para vigilar a los agentes extranjeros en México, especialmente aquellos de la DEA. Pues los estadounidenses no compartieron información del caso contra el general, hasta unos minutos antes de arrestarlo a mediados de octubre de 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles.

El ex jefe del Ejército fue acusado por cuatro cargos relacionados con narcotráfico y ello daba indicios de corrupción hasta el más alto nivel de la cúpula militar.

Previamente, la agencia antidrogas manifestó su molestia en los medios porque el mandatario mexicano rechazó la política de ir contra grandes capos como objetivo principal en el combate al narcotráfico o la lucha frontal hacia cárteles y, en cambio, se ha instaurado el discurso de atender demandas estructurales mediante programas sociales para que los jóvenes no sean reclutados por la delincuencia organizada.

Luego de la detención en Los Ángeles, los analistas hablaron de una reacción nacionalista entre los castrenses, que se sintieron traicionados y presionaron al presidente para devolver a Cienfuegos Zepeda, porque se congelarían las relaciones de cooperación, aunque esto no era tan fluido en temas específicos de narcotráfico.

“Es una demanda de la Sedena no tener relaciones con la DEA, ahora bien, la Marina no tiene ningún conflicto con la DEA, ha trabajado con la agencia durante mucho tiempo, lo que no veo es que tenga reuniones”, explicó Benítez Manaut sobre el rompimiento evidente entre el Ejército y la agencia norteamericana.

Finalmente López Obrador ordenó gestionar la repatriación del general, los fiscales de Nueva York aceptaron por mandato del Departamento de Justicia. Se desecharon las acusaciones que aseguraron, eran sólidas, y el militar volvió en noviembre de 2020 bajo condición de ser procesado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero la FGR determinó no ejercer acción penal el 14 de enero de este año, tras una revisión de las evidencias aportadas por el Departamento de Justicia.

Para ese entonces ya había sido aprobada la llamada Ley Cienfuegos que limita a los agentes extranjeros. El gobierno de AMLO otorgó las riendas a un nuevo aparato de vigilancia denominado Grupo de Alto Nivel de Seguridad encabezado por Marcelo Ebrard. En el Consejo de esa dependencia colaboran las Fuerzas Armadas y la SSyPC, pero también la FGR, Segob, CNI, Hacienda y hasta la Secretaría de Comunicaciones.

“La aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente “, fue el sorpresivo comentario del fiscal estadounidense William P. Barr tras la aprobación de la Ley en el Senado en diciembre del año pasado.

El entonces titular del Departamento de Justicia enfatizó que la cooperación mexicana y estadounidense se había construido a través de los años e, incluso como antecedente, ejemplificó la devolución del general Cienfuegos Zepeda para que fuera procesado por la FGR.

“Definitivamente la legislación estratégica en materia de seguridad nacional debe ser un asunto que responda a los intereses nacionales y no una respuesta de venganza mediática.

“En México hay actividades de agentes de inteligencia de una larga lista de países e incluso de agencias de inteligencia privada, los cuales no han sido regulados y que proliferan debido a las lagunas legales, tal parece que el gobierno mexicano no sólo se entera de las actividades de agentes estadounidenses pero ignora las actividades de los agentes de Rusia y China”, destacó Mendoza Cortés, profesora de diversas instituciones castrenses mexicanas.

Desde el 15 de enero pasado, todas las embajadas extranjeras acreditadas en México han enviado un informe mensual a la SRE y Secretaría de Seguridad sobre los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, señalan los lineamientos.

Y aquellos agentes extranjeros que cometan delitos o infracciones por violar las disposiciones que les prohíben ejercer actividades reservadas a las autoridades mexicanas, no gozarán de ninguna inmunidad.

México y EEUU deben trabajar juntos y pretenden concretarlo en el llamado Entendimiento Bicentenario, cuyas bases fueron anunciadas luego del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad en octubre pasado. No obstante queda por ver en qué áreas se destina más presupuesto, así como el seguimiento de ambos países.

La información obtenida mediante una solicitud de transparencia se apega los dispuesto en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, aunque apenas muestra una serie de tablas donde destacan la fecha y tipo de contacto, nacionalidad del agente extranjero, agencia a la que pertenece, tema y objetivo del encuentro. Aún así, es muestra de las necesidades de cooperación fundamentales entre funcionarios mexicanos y estadounidenses.

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