“No ha tenido recato en torcer la ley”: la ácida crítica de Riva Palacio contra Gertz Manero

La figura de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), ha sido una de las más polémicas durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), y no sólo por sus declaraciones y acciones durante los últimos tres años, sino desde su turbio pasado que lo relaciona con el asesinato de su propio hermano.

Todos estos escenarios fueron enlistados y criticados por el experimentado periodista Raymundo Riva Palacio en su columna de opinión publicada en el diario El Financiero, en la cual aseguró que “es una división Panzer que ha arrasado el Estado de derecho”, aunque durante los últimos meses surgieron “anticuerpos” que buscan detenerlo.

La más reciente polémica surgió hace menos de una semana, cuando miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a través de una carta digital, urgieron a la Junta de Honor atender sus reclamos en contra del fiscal General por supuestas faltas éticas por supuestamente haber plagiado dos libros que lo impulsaron a esta red.

Además, aseguró Riva Palacio, el homicidio de su hermano, el abogado Federico Gertz Manero, sigue vigente, pues su familia continúa aportando información para probar la persecución que viven, la cual sólo tiene el objetivo de encubrir los USD 8 millones “invertidos” en un paraíso fiscal para evitar el pago de impuestos.

“Estas acciones, que lo deben incomodar mucho por lo que significa para la imagen que quiere dar de un abogado justo e íntegro, no son suficientes para frenarlo y obligarlo a que sus acciones se enmarquen dentro de la ley”, escribió el periodista.

Otros casos que han afectado la imagen del fiscal han sido la denuncia contra los investigadores del CONACyT y el misterio alrededor del caso de Emilio Lozoya, quien debe presentarse a su audiencia este miércoles, pues, según dijo el columnista, “hay información que ha hecho en contra de varios imputados”.

El manejo de este caso por Gertz Manero fue tildado de “ridículo” debido a la tardanza del ex director de Pemex en entregar las pruebas para elaboraron la denuncia penal contra 17 personas presuntamente relacionadas con la red de sobornos en el caso Odebrecht.

“Lozoya continuó burlándose del fiscal, e indirectamente del presidente López Obrador, al solicitar al juez que lleva su proceso este lunes la sexta prórroga para aportar evidencias que permitan cerrar la investigación complementaria”, resaltó Riva Palacio.

Información recolectada por el también escritor detalla que Gertz Manero lleva el proceso de Lozoya Austin con su padre, quien encabeza su defensa. Sin embargo, todo podría dar un giro durante la primera audiencia presencial debido al enojo que López Obrador tiene con todos los involucrados desde que el ex funcionario fue captado cenando en un restaurante de lujo de la Ciudad de México.

“El caso Lozoya es la síntesis de lo que ha sido su gestión, donde no ha tenido recato en torcer la ley, inventar acusaciones, elevar artificialmente la gravedad de delitos para lograr prisión preventiva automática y encerrar a los imputados, indiciados y, por lo que se ve en muchos casos, inocentes, en cárceles de máxima seguridad”, sentenció en su columna.

Ante todos procesos, la única opción viable es su remoción del cargo, cuestión casi imposible por su cercanía con el mandatario. Las únicas maneras de retirarlo son la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, incapacidad total o permanente que le impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses, cometer violaciones graves a la Constitución o si pierde la ciudadanía mexicana.

“En todo caso, mientras permanezca en la gracia del presidente, lo que sucede a su alrededor es intrascendente, desde el punto de vista de su posición”, dijo, aunque los contrapesos podrían ser de mucha ayuda para removerlo.

El Senado de la República es la pieza clave para realizar este procedimiento. Aunque no tiene la autoridad de retirar del cargo a algún funcionario, si se pronuncia al respecto de su accionar podría generar una rebelión dentro del propio gobierno federal, así como un freno “necesario hoy para la salud de la nación”.

“Hay una pequeña puerta para impedir que ese poder sea omnímodo y que el uso faccioso de la Fiscalía General tome carta de naturalización en este país durante seis años más. La palabra la tiene la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien es la única que tiene la facultad para establecer un mecanismo de rendición de cuentas del fiscal”, remarcó Raymundo Riva Palacio.

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