Un “tribunal ciudadano” abrió el miércoles en los Países Bajos para enfatizar la cantidad de periodistas en el mundo que han sido asesinados por hacer sus trabajos, con frecuencia sin consecuencias para sus asesinos.
Las audiencias de seis meses, creadas por una coalición de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, se centrarán en los casos no resueltos de tres periodistas asesinados en México, Sri Lanka y Siria. Los activistas han “imputado” a los gobiernos de estos países por “no lograr hacer justicia” en los casos de homicidios. Se anticipa que la evidencia sea presentada en futuras audiencias a principios del próximo año.
No es casualidad que México se prioridad para este tribunal. Durante los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el país se han registrado 47 asesinatos de periodistas y 94 de defensores de derechos humanos, según los datos ofrecidos a principios de octubre por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo según el CPJ, una ONG de protección a la prensa con sede en Nueva York.
Según sus datos hasta octubre, al menos tres periodistas han sido asesinados en represalias por su labor informativa en 2021, aunque aún se investigan otros casos para determinar el motivo.
Aunque no tiene poderes legales para condenar a los responsables, el tribunal pretende sensibilizar, presionar a los gobiernos y reunir pruebas a través de lo que llama “justicia de base”. Se anticipa un juicio en mayo del próximo año.
Hatice Cengiz, que iba a casarse con el periodista disidente saudí Jamal Khashoggi antes de que fuera asesinado en 2018 dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul, dijo que estaba testificando en el tribunal para que el mundo no olvidara a su prometido asesinado.
“En el pasado se atacaba a los periodistas, pero ahora son el gobierno y los dirigentes de los gobiernos que los atacan. Así que es un punto muy, muy importante”, dijo Cengiz.
La primera audiencia se llevó a cabo en el Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, una campaña declarada por la Asamblea General de la ONU. Compareció ante el tribunal uno de los dos periodistas en recibir el premio Nobel de la Paz el mes pasado por su lucha por la libertad de expresión en países donde los reporteros se han enfrentado a ataques persistentes, amenazas e incluso la muerte.
La filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz, y el hijo de la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia son algunos de los que testificarán ante el tribunal en una antigua iglesia del siglo XVII en La Haya.
Ressa, quien se unió a través de video, hizo una advertencia sobre lo que califica como “armamentización” de las redes sociales, que rápidamente multiplican los mensajes de odio usados en intentos para silenciar opiniones críticas.
“La metanarrativa, por ejemplo, en mi caso es: periodista es igual a criminal. Si dices esa mentira un millón de veces, se convierte en realidad”, dijo.
El tribunal fue organizado por Free Press Unlimited (FPU), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras y se inicia precisamente en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas.
Los organizadores del tribunal dijeron en su denuncia que, desde 1992, al menos 1.400 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo. “En por lo menos 900 de estos casos, los periodistas fueron asesinados en represalia directa por su trabajo. En 86% de los casos, ninguno de los perpetradores fueron llevados ante la justicia”.
Examinará el asesinato en 2009 del director de periódico Lasantha Wickrematunge, durante el conflicto separatista tamil en Sri Lanka, el asesinato en 2011 del periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco junto con su esposa e hijo, y el de Nabil Al-Sharbaji, que murió en un centro de detención sirio en 2015.
El tribunal pretende demostrar que es posible encontrar nuevas pruebas en los asesinatos de periodistas, incluso cuando los Estados no pueden o no quieren, dijo el director de la FPU, Leon Willems.
“Cuando matamos a un periodista, cuando dejamos que pase eso, matamos historias. Matamos historias que son importantes, que exponen irregularidades”, dijo.
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