Prisión preventiva oficiosa: el abuso de la figura jurídica que condena a los más pobres

En días pasados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la prisión preventiva en México afecta a los más pobres, debido a que carecen de recursos para enfrentar un juicio en caso de que sean acusados de algún delito.

“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió el ministro presidente en su cuenta de Twitter el pasado 26 de octubre.

Lo dicho por Zaldívar fue la respuesta que dio al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el mismo día condenó la resolución de la SCJN de no considerar como delito grave la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas (factureras).

“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigar a los que no tienen agarraderas o influencias con las que comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”, aseveró.

Exhortó al Poder Judicial a “castigar por igual” a quienes perpetren el ilícito e hizo un llamado a “no poner la justicia al servicio del dinero”; acto que, señaló, mostraron los ministros votantes a favor de la inconstitucionalidad.

Al argumentar el sentido del fallo de la Corte, Arturo Zaldívar aseguró que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos, por lo que manifestó su expresión en contra de mantener esta medida cautelar en relación a los delitos fiscales.

El debate generado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia, puso bajo la lupa el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, toda vez que a raíz de una reforma aprobada en el 2019 a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática.

La Constitución señala los delitos en los que se prevé la prisión preventiva oficiosa, a pesar de las múltiples voces que alertan de la violación de varios tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Estos delitos son:

-Abuso o violencia sexual contra menores.

-Delincuencia organizada.

-Homicidio doloso.

-Feminicidio.

-Violación.

-Secuestro.

-Trata de personas.

-Robo de casa habitación.

-Uso de programas sociales con fines electorales.

-Corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones).

-Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

-Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

-Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

-Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

-Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

-Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Sin embargo, la manera en la que hoy se usa la prisión preventiva permite encarcelar con solo una denuncia por robo.

Animal político e Intersecta realizaron un reportaje en el que pusieron al descubierto el lado oscuro de la prisión preventiva oficiosa, la cual ha aumentado de manera acelerada los encarcelamientos injustificados.

De acuerdo con el trabajo de investigación, en México se encarcela cada día a 300 personas, lo que ha provocado ya el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años.

Sin embargo y de manera contradictoria, no se han logrado abatir los problemas de impunidad y mucho menos se ha frenado la violencia ni la comisión de delitos.

La mayoría de los detenidos bajo esta figura legal (hombres y mujeres), están acusados de pequeños robos o de narcomenudeo y fueron enviados a prisión mientras termina la investigación y se le enjuicia.

Los detenidos son gente de escasos recursos por lo que apenas cuentan con un abogado de oficio que puede llevar hasta 300 casos al mismo tiempo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), son fundamentalmente personas que tienen estudios de secundaria o menos, que laboran en el comercio informal, como chofer de taxi o en trabajo artesanal.

El reportaje destaca que del 2019 a la fecha, hay 130 mil detenidos en 21 estados que aceptaron hacer públicas sus estadísticas, y aunque estas personas son inocentes ante la ley, se les detuvo en lo que se realiza la investigación, aunque muchas veces pasan años sin un juicio y sin que se haya probado alguna acusación en su contra.

Cuando se aprobó la prisión preventiva oficiosa se argumentó que se combatiría la impunidad, pero la realidad es que el 95% de los delitos siguen impunes, tal como se constata en los propios datos oficiales.

Pero además, la mayoría de los detenidos están acusados de delitos menores. En la CDMX, por ejemplo, al 60% de los imputados se les señala por supuestos robos o narcomenudeo.

Por si fuera poco -señaló la investigación periodística- las mujeres han sido las más afectadas toda vez las cifras han crecido al doble del ritmo de lo que ocurre con los hombres.

El número de mujeres encarceladas por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es mayor que el de los hombres, pese a que ellas representan menos del 10% de toda la población penitenciaria.

Además, al día de hoy, la cifra de mujeres presas sin sentencia ya es superior que la de aquellas a las que se probó que eran culpables y cuentan con una condena.

A finales del 2019, la cifra de mujeres encarceladas bajo esta medida creció 50%, 6 puntos por encima de los hombres. De abril de 2019 a agosto de 2020 aumentó 37%, mientras que el de los hombres fue de 21%.

La investigación también aclara que, así como más mujeres entran a prisión sin ser condenadas en comparación con los hombres, también son más las que acaban saliendo sin que se les haya podido comprobar el delito.

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