Si se llegase a aprobar la Reforma Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso, habrá un riesgo de que se incrementen hasta en 65% las emisiones de carbono en el país, así como el costo de la electricidad hasta en 54%, de acuerdo con el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por su sigla en inglés) del Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Según se lee en su informe, al cual tuvo acceso Bloomberg, el cambio propuesto por el gobierno en los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación en el mercado energético, resultaría en un uso acotado de parques solares y eólicos del país, las llamadas energías sustentables.
“Eso aumentaría las emisiones de carbono entre un 26% y un 65%, al tiempo que aumentaría los costos de generación de electricidad entre un 32% y un 54%”
En dicho documento se señala que la reforma tiene el potencial de distorsionar el principio de despacho económico de la energía -ya que se dará prioridad a las plantas de la CFE sin importar sus costos- aumentando los gastos de producción y amenazando los compromisos de cambio climático suscritos por México en el Acuerdo de París.
Detallaron que en todos los escenarios modelados por los analistas, las emisiones de gases de efecto invernadero “aumentan significativamente”. Asimismo, podrían aumentar la probabilidad de cortes de energía entre un 8% y un 35 por ciento.
“La reforma propuesta cancelaría los permisos de generación de electricidad existentes y daría prioridad a las antiguas centrales hidroeléctricas de la CFE, seguidas de sus centrales nucleares y de gas, que también queman combustibles fósiles. La energía del sector privado ocuparía un lugar más bajo en la lista, con proyectos eólicos y solares renovables cerca de la parte inferior, superando sólo a la generación a gas y carbón de proveedores no estatales”
Cabe mencionar que todo lo anterior ya lo han manifestado las agrupaciones del sector de las energías renovables, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).
Además, la propuesta ha encendido las alarmas para las empresas internacionales de energías renovables.
En tanto, la CFE ha reiterado que la reforma no forzará a los productores privados a salir, que sólo servirá para nivelar el campo de juego, a pesar de que de manera explícita los generadores privados sólo podrán despachar el 46% de la demanda y tendrán que venderla a la empresa estatal, que nuevamente se integrará de manera vertical, absorbiendo al gestor de la transmisión, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y con un regulador como la Comisión Reguladora de Energía nuevamente dependiente de la Secretaría de Energía (Sener).
Este 26 de octubre, en una comparecencia en la Cámara de Diputados marcada por reproches y enfrentamientos, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que, de aprobarse la reforma eléctrica del presidente López Obrador, la tarifa de luz será única a nivel nacional. Además, descartó expropiaciones y “cataclismo de demandas y pleitos” por parte de privados.
Bartlett se ha centrado en denostar la reforma energética de 2013, por propiciar el “atraco a la nación”. Por ello, ha defendido la reforma eléctrica propuesta por López Obrador.
“Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples tarifas que generan un problema en diferentes estados. Eso es un obstáculo para el desarrollo del país. Vemos que las empresas andan buscando cuál es la tarifa baja e instalarse en donde sea la tarifa baja”
Bartlett expuso que la Ley de la Industria Eléctrica aprobada este año por el Congreso ha provocado una guerra legal promovida por despachos, bufetes y cabilderos de intereses privados que han tendido un cerco al gobierno. También acusó a la Comisión Federal de Competencia Económica de sumarse a la campaña de desprestigio contra la CFE.
“La reacción de los intereses creados fue tal que volvió al Ejecutivo Federal en una verdadera guerra legal. Se tienen registrados mil 77 amparos, cinco controversias constitucionales contra nueve disposiciones de la Sener, Cenace y la CRE”, detalló.
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