José Eduardo Ravelo no fue torturado ni violado tras ser detenido por policías de Mérida: FGR

Las conclusiones periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el joven José Eduardo Ravelo Echavarría, fallecido tras ser detenido por policías de Mérida, Yucatán, no fue torturado ni sufrió violación durante su arresto o mientras estuvo encarcelado.

“En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal”, aseguró la dependencia ministerial.

De acuerdo con análisis al cuerpo, tras su exhumación, la FGR indicó que las lesiones del joven veracruzano fueron propias de quien se resiste a ser asegurado. Además, se conoció su estado de salud, el cual se reservó por respeto a la víctima.

En cambio sí hubo presiones por parte del personal de la Fiscalía de Yucatán para ejercer acción penal en contra de policías municipales, de modo que la FGR procesará esta parte del caso.

La necropsia practicada a Ravelo Echavarría arrojó que el joven falleció debido a una neumonía que no estuvo relacionada con traumatismo alguno durante su detención. Pero se investiga una posible negligencia médica por parte de personal que atendió al joven en el Hospital General de Yucatán.

“Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte”, apuntó la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Además, la dependencia federal analizó videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de la detención, el traslado de 11 minutos a la cárcel, así como las 24 horas en que José Eduardo Ravelo fue prisionero.

“Del análisis de todos los videos, NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto”, apuntó la FGR.

Derivado de la mecánica de lesiones se concluyó que las heridas de Ravelo Echavarría estuvieron en la categoría de aquellas que tardan 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida. Los testigos declararon que el joven se opuso a la detención.

Incluso, los números y colores de la patrulla que señaló en su declaración ministerial donde narró agresiones, no corresponden a la evidencia consignada. Según la FGR no existen esos uniformes ni características.

Lo anterior fue corroborado en búsquedas a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo dependencias de Seguridad de la capital yucateca, de Kanasín, como a nivel estatal.

En cuanto a la supuesta responsabilidad de funcionarios en la fiscalía estatal, se encontraron falsedades de dictámenes ministeriales. Y hace 10 días, el 18 de octubre, se atrajo el caso por presión ilegal a testigos para que estos incriminaran a policías municipales.

“Se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.

El 17 de agosto, la FGR anunció que iniciaría una carpeta por presuntos delitos de tortura contra el joven de 23 años. Al día siguiente su madre acudió para levantar la denuncia correspondiente.

Esa misma semana quedaron en libertad los policías J.E.H.H, E.M.R.L., A.G.G.M. y R.G.B.R, asegurados como supuestos responsables; el juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda determinó no vincularlos a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura agravada y violación agravada. 

Luego, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que solicitaría la intervención de la dependencia ministerial para fincar responsabilidades en contra de los agentes o quienes los estuvieran protegiendo.

Fue así que se recabaron más de 50 testimonios, así como la realización de 45 diligencias periciales en medicina, forense, química, genética, criminalística, audio, video e informática, entre otros. También se llevaron a cabo 35 informes de Policía Federal Ministerial y tres inspecciones. A casi dos meses y medio las conclusiones terminaron por favorecer a los agentes de Mérida.

La detención de José Eduardo Ravelo ocurrió el pasado 21 de julio, luego de que arrojara un pedazo de concreto al interior de un local. En algún punto del trayecto, como en los separos, se acusó que fue violado. Algo que la FGR ha descartado.

María Ravelo Echeverría, madre del joven llegó a Mérida dos días después de que su hijo fuera liberado. Ambos acudieron a la Fiscalía de Yucatán y el médico legista determinó enviarlo al hospital, donde finalmente falleció el 3 de agosto debido a la gravedad de sus heridas; la causa de muerte: síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo.

Cuatro días más tarde, la madre llevó el ataúd con el cuerpo a las afueras del Palacio de Gobierno del estado y pidió justicia.

Horas después se detuvo a cuatro agentes municipales. El caso conmocionó al país desde la península por supuestas causas de brutalidad policial, pero la FGR apunta ahora a quienes atendieron al paciente y aquellos que presionaron para, presuntamente, fabricar culpables.

La mañana de este 28 de octubre, desde Yucatán, el presidente López Obrador aseguró que no habría impunidad y volvió a señalar vejaciones por parte de policías. Sin embargo, las indagatorias resultaron un revés a las hipótesis del mandatario.

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