El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, entregó este jueves en la Cámara de Diputados el segundo paquete de resultados de las auditorías a la Cuenta Pública 2020.
Ante los legisladores, Colmenares indicó que la segunda entrega fue de 4,241.1 millones de pesos; sin embargo, dijo que lo queda pendiente de aclarar alcanza los 12,253 millones de pesos, e incluye gastos en estados y municipios, poderes judiciales estatales, universidades públicas, las oficinas del DIF en los estados, el Fondo Metropolitano, entre otros rubros.
Por ello, destacó la necesidad de contar con “más atribuciones legales y herramientas técnicas” para combatir las modalidades sofisticadas de corrupción, auditar en tiempo real e incrementar el impacto de la fiscalización superior.
En este sentido, aseguró que ya se trabaja en ubicar y darle seguimiento a la información que surgió de las investigaciones periodísticas Pandora Papers y Panama Papers.
“En la medida que el marco normativo dote de las medidas a la Auditoria para simplificar y agilizar sus procesos, así como ampliar y diversificar el alcance y profundidad de la fiscalización, podremos ver un crecimiento institucional en la calidad del gasto público […] Obviamente estamos haciendo también un trabajo de inteligencia para ubicar y darle seguimiento a esa riqueza de información que surge de investigaciones periodísticas”
Sobre el paquete de auditorías entregadas, indicó que para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se tenían previstas 1,523 auditorías, pero que en agosto se añadieron 100 revisiones más, por lo que suman 1,623 auditorías.
Detalló que se realizaron 143 revisiones a instancias federales, de las cuales una corresponde al Poder Judicial, 135 al Poder Ejecutivo, tres a Órganos Autónomos y cuatro a universidades autónomas. Respecto a entidades locales se practicaron 482 auditorías, 230 a entidades federativas, 101 a municipios y alcaldías de la Ciudad de México y 67 a universidades.
Además de 84 a entidades locales, 32 a congresos estatales, 12 a poderes judiciales locales, 27 a Colegios de Bachilleres, dos a DIF estatales y una al organismo público descentralizado local del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México.
“En el caso de la estrategia de fiscalización del gasto federalizado, por primera vez se auditaron a las universidades tecnológicas y politécnicas, así como a los colegios de bachilleres locales”
Colmenares detalló que actualmente la ASF todavía está en la etapa de aclaración de la Cuenta Pública 2019, se está auditando, y que se terminaría en febrero la Cuenta Pública 2020, a pesar de que entidades federales o estatales están entregando información en tiempo real como para preparar el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF).
Por otra parte, apuntó que el fin último de la auditoría no es la recuperación de los recursos para generar un ahorro presupuestal, en el caso de las dependencias que presuntamente no ejercieron lo asignado.
“La visión institucional de la fiscalización superior descansa en sus efectos preventivos. Evidentemente la aplicación de sanciones y el combate a la impunidad no es opcional”
Durante sus posicionamientos, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias extendieron su respaldo a la Auditoría Superior de la Federación y señalaron que cuentan con su apoyo para erradicar corrupción e impunidad que hay en el país.
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