Alerta de Género: el confuso y opaco mecanismo que no logra eliminar violencia contra mujeres en NL

Liliana es una mujer de 43 años que ha vivido violencia toda su vida. Comenzó primero en casa atestiguando el maltrato que recibía su mamá, después vino el abuso sexual perpetrado por un tío y violencia por parte de sus hermanos. Decidió irse de casa con la intención de escapar, pero se encontró con los golpes del padre alcohólico de sus hijos.

“Nos dicen que a un hombre nunca le vamos a ganar, pero hay que poner de nuestra parte y no estar aguantando”, explica por video llamada desde un centro de rehabilitación en el estado de Nuevo León.

Junto a ella hay otras cinco mujeres, todas sobrevivientes de violencia de género que cuentan del abuso físico, psicológico y económico que sufrieron a manos de sus parejas y familiares. Los nombres de las sobrevivientes de violencia que compartieron su testimonio fueron modificados para proteger su identidad.

Ninguno de los agresores de Liliana y de sus compañeras está detenido. La violencia y la impunidad que impera en sus realidades son un espejo de lo que viven muchas mujeres en México. La gran mayoría de ellas no logra salir de esa vida de violencia o, peor aún, son asesinadas.

La Alerta de Género, un mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia declarada en el año 2007, existe para resguardar y garantizar la integridad y derechos de mujeres como Liliana.

La Alerta es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida ejercida por individuos o por la propia comunidad. Un grupo de expertos propone medidas que implementarán los gobiernos estatales una vez que es declarada la Alerta para eliminar la violencia feminicida.

En el caso de Nuevo León -entidad con una de las Alertas más antiguas del país- la violencia contra las mujeres persiste al igual que los obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas.

Desde 2018 el estado ocupa los primeros lugares en feminicidio a nivel nacional. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 Nuevo León ocupó el tercer lugar de feminicidios a nivel nacional.

Desde ese mismo año, el Congreso de Nuevo León ha asignado una partida para atender la Alerta de Género a los municipios, que alcanza los 120 millones de pesos. Aún no es posible medir puntualmente su debido financiamiento, dado que la administración pública no lleva un registro de cómo y en qué se ha gastado el dinero específicamente.

Sin embargo, a seis años de su implementación, la Alerta de Género continúa sumida en la opacidad, sin mecanismos de evaluación y sin presentar resultados concretos de su eficacia, a pesar del sinfín de acciones y recursos invertidos cada año.

En 2011 el estado de Nuevo León vivía una violencia sin precedentes. El número de homicidios de mujeres ese año alcanzó 219, casi el triple en comparación con el año previo, según datos de la Fiscalía General de Justicia del estado. Aunado a la creciente ola de violencia, los homicidios de mujeres solían ser retratados por la prensa como delitos pasionales y no como feminicidios.

En 2012, la organización civil Arthemisas por la Equidad tomó cartas en el asunto y solicitó la declaración de Alerta de Género para Nuevo León.

Las peticionarias demostraron un aumento del 689.30% de la violencia contra las mujeres en la entidad entre el 2000 y el 2011 para justificar la necesidad de la Alerta de Género, pero la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) rechazó su solicitud.

Aunque el feminicidio se tipificó en Nuevo León en 2013, fue hasta el 2016 que -tras una larga batalla a través de un juicio de amparo- la CONAVIM declaró la Alerta en cinco de sus municipios: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Cadereyta y Juárez.

La violencia contra las mujeres en Nuevo León se ha transformado, pero no cesa. En 2019, el Congreso repartió el presupuesto de la Alerta entre 12 municipios en vez de los cinco con Alerta, debido a los casos de violencia en municipios de la periferia.

Los municipios con más feminicidios en el estado ya no son los cinco con Alerta, sino Lampazos de Naranjos, General Bravo, Los Ramones, Anáhuac, Ciénega de Flores y Montemorelos, de acuerdo con los datos del Secretariado.

Esta investigación busca explorar cuáles son sus principales deficiencias, con el fin de identificar cómo mejorar y lograr que cumpla su cometido: eliminar los tipos de violencia que le quita la vida a un promedio de 10 mujeres al día.

La Alerta se concibió como un mecanismo emergente para responder a la violencia feminicida, pero las medidas propuestas buscan más bien cambios sociales estructurales a través de acciones que son propias de políticas públicas de más alto alcance y no de las actuales intervenciones que carecen de indicadores y resultados concretos.

“La Alerta debe focalizarse donde están las fallas [en materia de prevención, seguridad y acceso a la justicia] para que los estados entreguen resultados”, dice María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por llamada telefónica. “Entre más acciones, menos enfoque en lo verdaderamente apremiante,” continúa.

Nuevo León sólo ha cumplido tres de las 18 medidas propuestas en la Alerta según los dictámenes que realiza CONAVIM de los informes anuales que le entrega Nuevo León.

Dos de las medidas están relacionadas con la promoción y divulgación de información sobre la Alerta y la violencia de género en el estado, y la tercera con la creación de unidades de género en la administración pública. Las demás se encuentran en “Proceso de Cumplimiento” y dos medidas de justicia permanecen como “no cumplidas”.

Otro problema grave de la Alerta es la falta de transparencia de su presupuesto. La administración pública del estado no etiqueta un “presupuesto de género”, lo cual dificulta rastraer los montos precisos que destinaron para atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Cada área de gobierno debería tener presupuestado su gasto para la atención a la Alerta y la violencia de género”, aseguró María Fabiola Alanís, Comisionada Nacional de CONAVIM por videollamada. “Lo ideal sería establecer mesas de trabajo en donde quienes van a hacerse cargo de las áreas de seguridad y prevención puedan proponer etiquetar recursos para sus dependencias”.

Las entidades federativas y municipios son los responsables de financiar las medidas de la Alerta según el Reglamento de la Ley de Acceso, pero esto no sucede en la práctica.

“No hay una obligación emanada de la Ley de Acceso que establezca que los estados y municipios deben asignar recursos, eso queda muy a la voluntad de los estados”, dice Matilde Pérez, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, a través de llamada telefónica.

La elaboración de un presupuesto con perspectiva de género en Nuevo León es todavía un reto, un “estire y afloja”, según la Diputada Myrna Grimaldo, quien actualmente es parte de la Comisión de Género del Congreso de Nuevo León.

Esta labor faraónica de diputadas, aliados y sociedad civil consiste en concientizar a legisladores sobre la necesidad de priorizar la erradicación, sanción, atención y prevención de violencia contra las mujeres al momento de aprobar el presupuesto anual del estado, explica Grimaldo.

Se han hecho avances en destinar recursos para refugios de mujeres, dice, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

El Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) de Nuevo León ha sido la instancia encargada de coordinar las medidas de la Alerta en el estado hasta este año, cuando el gobernador entrante Samuel García creó una Secretaría de la Mujer que tomará la batuta.

El IEM ha recibido un aumento considerable en su presupuesto: pasó de casi 26.5 millones en 2015 -un año previo a la declaratoria de la Alerta- a 132 millones ejercidos en 2020.

Al menos dos tercios del presupuesto total del IEM se destina a los programas presupuestales para atender la violencia, explica Martha Cecilia Reyes Cruz, Directora del IEM, en entrevista por videollamada.

Se imparten capacitaciones a la administración pública en materia de derechos humanos, perspectiva de género, violencias, equidad de género, pero gran parte del presupuesto del Instituto se canaliza a equipos multidisciplinarios de atención a las mujeres, dice.

“¿Con 100 millones de pesos vas a eliminar la violencia contra las mujeres?”, pregunta Reyes retóricamente. “¿Con 100 millones tienes realmente el recurso suficiente? ¿Qué implica revertir los feminicidios? ¿Realmente en un año vas a cambiar esa tendencia?”, continúa Reyes.

La respuesta al término de su mandato es simplemente no. “Estamos hablando de una cuestión cultural, milenaria, en donde lo primero que tenemos que cambiar es cómo se percibe a las mujeres en la sociedad, no como propiedad sino como personas sujetas de derechos”.

Revertir los feminicidios implica un cambio cultural elemental: el machismo, la misoginia, la discriminación, a nivel social, institucional y en los medios de comunicación. “No se puede establecer un porcentaje de disminución de feminicidios, así no funciona”, continúa. “Necesitamos tener muy clara la ruta crítica, el procedimiento y los factores que disparan la violencia contra las mujeres y ahora sí las instancias vamos a poder ver cómo se puede medir eso”, explica.

La partida para la Alerta municipal ha disminuido desde que el Congreso lo empezó a asignar en 2018. Los municipios también han recortado los presupuestos de sus institutos de las mujeres.

Además, la falta de presupuesto para la atención de la violencia de género es también un problema a nivel Federal.

Programas como los refugios para víctimas y el programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en Entidades Federativas representan el 0.3% y 0.2% de los recursos asignados por medio del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

El incremento en esta materia también ha sido una mísera; aumentó 0.04% del Presupuesto de Egresos 2021.

Aún con las limitantes presupuestales, “si no hubiera sido por la Alerta, no hubiéramos podido poner todo lo extra”, cuenta Carmina Gutiérrez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Guadalupe, refiriéndose a la construcción de las instalaciones que albergan sus oficinas.

El municipio de Guadalupe no ha eliminado la violencia feminicida ni de género, pero Gutiérrez, directora de la instancia municipal de la mujer desde 2016, considera que ya llegó la hora de que le quiten la Alerta al municipio por los avances que asegura haber logrado el municipio.

“Yo siento que (el municipio) ya salió del hoyo y ya hay otros a los que el estado tiene que atender”, argumentó levantando la voz sobre el ruido de un ventilador que intentaba refrescar su oficina a causa de un aire acondicionado averiado.

“¿Qué tengo que hacer para que me quiten la Alerta?”, continuó. “No se me hace justo que yo estoy cumpliendo con todo, al menos eso pienso, y al final del día, ¿para qué?, si no me vas a quitar la etiqueta de Alerta”.

CONAVIM acaba de levantar medidas de la Alerta decretadas en Campeche, después de que el estado demostrara una mejora sustancial en materia de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones del estado, según información de la Comisión, sin embargo, la Ley de Acceso no establece una ruta clara para el levantamiento de las Alertas.

Por otra parte, es difícil discernir cómo es que capacitaciones a servidores públicos en materia de género y derechos humanos o mapeo de zonas de alta incidencia, ambas acciones de la Alerta, repercuten en la reducción de la violencia, la prevención y la atención a víctimas.

“La alerta por sí misma es una vacilada”, dice Alicia Leal, titular de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León desde el 4 de octubre de este año. Leal cuenta con una larga trayectoria en atender y buscar soluciones a la violencia de género.

Es la fundadora de la organización de sociedad civil Alternativas Pacíficas, quien abrió el primer refugio para mujeres víctimas de violencia en el estado e implementó las Puertas Violeta, y fue secretaria ejecutiva del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV) en la Secretaría de Gobernación.

“Tal vez ha servido para hacer diagnósticos. En el mejor de los casos ha servido para que la sociedad civil pueda hablar de algunos temas y hasta ahí”, continúo Leal.

“Ahora tenemos un reloj con todas las piezas desparramadas. No sabemos qué piezas jalan porque no las hemos probado de manera correcta ni hemos medido su impacto”, destacó la funcionaria pública.

La implementación de la Alerta en estos últimos seis años demuestra que aún no es un proyecto de Estado, sino que depende de los mandatos de nuestros gobernantes. La continuidad es un reto.

Alanís, Comisionada Nacional de CONAVIM, hace un llamado al gobernador Samuel García para que le dé la importancia y la justa dimensión que la Alerta merece.

“Se necesita la voluntad política para que los gobernadores integren la Alerta a sus planes de trabajo y la eleven a la más alta capacidad de decisión’', continúa.

El hecho de que ahora exista una Secretaría de las Mujeres en Nuevo León que coordine la Alerta de Género es una buena señal de que Nuevo León está dando ese giro. A comparación de un Instituto, una secretaría cuenta con un nivel jerárquico más alto para coordinar la Alerta con los tres niveles y órdenes de gobierno en el estado, lo cuál podrá facilitar aspectos operativos y meter presión política.

Las fuentes consultadas para este reportaje, al igual que los diversos informes publicados por organizaciones de sociedad civil y el mismo gobierno, aseveran que no hay manera de evaluar y monitorear el mecanismo.

Los cuatro informes anuales que ha entregado Nuevo León son largos, más descriptivos que cuantitativos, y llenos de huecos que sólo enlistan las acciones, mas no especifican el costo ni dan indicadores de resultados.

Alumbrado público, patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva contra las mujeres, órdenes de protección emitidas, capacitaciones, pósters y servicios otorgados son algunos de los conceptos en los que se han ejercido recursos públicos y de los que no es posible identificar la efectividad por falta de indicadores.

Pese a que el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León ha mejorado los informes anuales con la práctica a través de los años, cada uno continúa siendo distinto y sujeto a la información y evidencias que entrega cada municipio, instancia, dependencia, y organismo de gobierno. La información no es homogénea.

Las evidencias que muchas dependencias presentan, como listas de asistencia y fotografías de eventos, todavía son insuficientes. Muchos no entregan pruebas por falta de registros o personal capacitado.

Aunque CONAVIM exige que los estados comprueben en qué se gastó el dinero destinado a la Alerta de Género, este órgano de gobierno ha apuntado en sus dictámenes que Nuevo León no cumple a cabalidad con la normativa al no presentar evidencias de cuánto o en qué se gastó. Así se comprobó también en las respuestas y documentos que se obtuvieron de los municipios y dependencias mediante acceso a la información pública.

Para que la Alerta funcione se requiere un proceso de evaluación profundo, pero también que el gobierno haga bien su trabajo. De nada sirve la declaratoria de Alerta de Género si no combaten la corrupción y la impunidad mediante acciones como capacitación a policías con perspectiva de género y servicios a la comunidad que prevengan el uso de drogas y demás factores que conducen a la violencia de género.

El acceso a la justicia para las víctimas de delitos de género es un buen ejemplo de esto. Por ejemplo, de las 7 mil 111 carpetas de investigación iniciadas por este delito en lo que va de 2021, solo 933 se judicializaron, una llegó a etapa de juicio y ninguna terminó en una sentencia condenatoria. En este caso, poco importa si existe o no Alerta de Género.

“Es muy raro que la policía te tome una denuncia, no te tienen respeto por ser mujer, así que te la piensas, porque no te van a hacer caso”, explica Norma, una de las mujeres sobrevivientes de violencia en el centro de rehabilitación.

A sus 31 años ya no confía en las autoridades por el acoso y revictimización que experimentó por parte de la policía y que le impidieron poner una denuncia.

Ana, otra de las sobrevivientes en el centro de rehabilitación tampoco tuvo éxito. “Mi último esposo me golpeó como piñata una vez. Acudí al CODE (Centro de Orientación y Denuncia) y me dijeron que tenía que esperar 15 días porque ese era el tiempo que los moretones tenían que durar para que procediera mi denuncia”, dice.

Ninguna de las seis mujeres que contaron su testimonio para este reportaje han podido denunciar a sus agresores. Ellos siguen libres, a pesar de que todas han temido por sus vidas en determinado momento.

La Ley de Acceso nació de una larga lucha feminista que continúa y se fortalece día con día. Su potencial rebasa por mucho a la implementación que se le ha dado en los casi 15 años de su creación. La Alerta es en sí un logro y una deuda histórica para todas las mujeres que ya no están y las que siguen viviendo violencias. Es deber del Estado abordar sus deficiencias, proponer mejoras, asignar recursos y transparentar su ejercicio. De no ser así, se seguirá jugando con la vida y la integridad de las mujeres en un campo que ya se reconoce como desigual y letal para las mujeres en este país.

* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers

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