En las últimas semanas la sociedad civil le puso un claro ejemplo al mismo gobierno en sus tres órdenes: trabajando duro se obtienen resultados. Y es que, solo en un par de semanas, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas logró el hallazgo de 10 fosas clandestinas en varias zonas municipio de Yecapixtla, en Morelos, descubriendo así que todo el estado se ha quedado reducido a ser una fosa clandestina.
Morelos, a pesar de ser uno de los más pequeños de los 32 estados de México y tener apenas dos millones de habitantes, ostenta altos registros de homicidios, más de 2 mil 659 desaparecidos y una impunidad que supera el 90%, de acuerdo con el activista Israel Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado.
“En México hay más de 92 mil personas desaparecidas. Las familias se han levantado en pie de lucha, se han colectivizado y generado sus metodologías de búsqueda, así, han salido de sus casas para buscarles en todo el país. Aún en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, las familias demostraron que es posible continuar en la búsqueda”, indicó la brigada en un comunicado.
En dos semanas, buscando en terreno de 13 municipios, las familias e integrantes del colectivo que conformaron la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, localizaron 10 puntos de inhumación clandestina.
Las actividades de la brigada, concluidas el pasado 24 de octubre, contaron con el apoyo de las autoridades estatales y municipales de Morelos, señaló la regidora del ayuntamiento del municipio de Jojutla, Alicia Rebollo, quien precisó que “estamos tratando de colaborar en la medida de nuestras posibilidades, todo en el marco de la legalidad”.
Rebollo admitió que el tema de los desaparecidos “es algo que nos ha rebasado”.
La escalada de las desapariciones es considerada por algunos analistas, como la doctora Angélica Durán Martínez, profesora asociada de la Universidad de Massachusetts, como un reflejo del “deterioro muy fuerte” de la seguridad en México. Consideró que este problema no es sólo de poder criminal, sino de la “colusión entre crimen y Estado, y a veces de violencia por parte del mismo Estado”.
Desde que asumió el gobierno en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el compromiso de esclarecer uno de los casos más emblemáticos de México en materia de derechos humanos: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado occidental de Guerrero en septiembre de 2014.
Sin embargo, pese a la designación de un equipo especial para impulsar la investigación y el apoyo de asesores internacionales aún no se ha logrado esclarecer el caso, lo que ha alimentado el pesimismo de muchas familias que tienen seres queridos desaparecidos.
Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Red de Enlaces Nacionales (REN) se acercó a los familiares de los estudiantes para ayudar en las labores de búsqueda. Dos años después la REN creó las brigadas, que hoy integran 160 colectivos en 26 estados y que viajan por todo el país para apoyar a cientos de madres, padres y hermanos en la agotadora y desgastante búsqueda de sus familiares, una actividad que se ha convertido para muchos en su único alivio en medio de su tragedia.
Así lo reconoció Tranquilina Hernández, una artesana que integra el colectivo Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, que desde hace siete años busca a su hija Mireya, de la que no se supo nada más luego de salir una tarde de septiembre con su novio en Cuernavaca, la capital de Morelos.
“La situación que la Brigada encontró en Morelos da cuenta de que aún hace falta un compromiso mucho mayor de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para coordinarse y cumplir con sus responsabilidades, tanto en la búsqueda como en la investigación y la identificación. La propia Brigada se vio obligada a trabajar sin las condiciones de seguridad necesarias para todos sus ejes. Así mismo, llamamos a que se respete plenamente el derecho de participación de las familias en los procesos correspondientes”, señala la organización en un comunicado, recordando a las autoridades su papel en la grave situación que azota a todo el país.
Y aunque señalaron que autoridades de los tres órdenes se comprometieron ya a mantener el ritmo de investigación que la brigada tuvo en sus labores de las últimas semanas, ellos no descartan un segundo momento de intervención en el estado de Morelos, “para dar continuidad a los acuerdos de seguimiento con autoridades locales y a los hallazgos de estas dos semanas, pues aún quedan muchos pendientes”, indicaron.
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