Ejecutados, decapitados, calcinados, embolsados y/o víctimas colaterales de enfrentamientos. En el Panteón de la Paz, Saltillo, lugar donde han sido encontradas 172 víctimas de desaparición forzada en menos de un mes, se ha visto de todo, pero no se ha podido confirmar ninguna identidad.
La meta es recuperar hasta 254 cadáveres en “La Paz” y “San Ignacio”, en el municipio de Ramos Arizpe, para mediados de noviembre. “Los trabajos se realizan puntualmente sólo que las condiciones del suelo son muy rocosas y esto ha hecho que trabajemos más lento la extracción de la tierra”.
El pasado 15 de octubre, los cuerpos de 97 personas no identificadas fueron inhumados tras permanecer durante meses sin ser reclamados por sus familiares en el servicio médico forense de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sin lágrimas, flores u oraciones de amigos o parientes, las víctimas fueron sepultadas en cajas de madera, numeradas del 1 al 97, por peritos forenses y trabajadores de una funeraria local en el desértico panteón municipal.
De acuerdo con la fiscalía estatal de Chihuahua, los cuerpos pertenecen a 12 mujeres y 85 hombres que murieron durante 2020 y 2021. Cuarenta de ellos perdieron la vida a causa de la violencia criminal que afecta a la ciudad, otros 10 murieron de Covid-19, otra persona se suicidó, una más se ahogó y 45 más perecieron por distintas enfermedades.
“A pesar de los esfuerzos y de los estudios científicos no lograron ser identificados (...) Todos tienen pruebas de cotejo en genética, odontología y diversas disciplinas que puedan permitir la posible identificación posterior”, dijo Joselyn Guzmán, vocera estatal de Servicios Periciales.
Durante 2021 han sido inhumados en la fosa común de Ciudad Juárez 216 cuerpos, mientras que en 2020 fueron 216 cadáveres y seis cabezas cercenadas de sus cuerpos. La ciudad ha sido golpeada durante años por la actividad de cárteles del narcotráfico, que se disputan rutas para ingresar drogas en Estados Unidos.
Se trata de gente que fue sepultada sin identificar, y a la que se clasifica oficialmente como “NN”. Víctimas de la violencia que sacude al país y que nadie nunca reclamó. Algunos fueron encontrados en calles abandonadas, otros en carreteras, ranchos, terrenos baldíos, brechas y/o construcciones en obra negra.
Algunos les fueron practicados exámenes de ADN, muestras de sangre, saliva, orina o cabello. Sin embargo, en ningún caso se logró determinar su procedencia. Y a otros simplemente se les enterró sin ningún tipo de registro.
Más de 90.000 personas permanecen desaparecidas en México, muchas de ellas víctimas del enfrentamiento entre las mafias, pero también de excesos cometidos por fuerzas de seguridad en el combate al narcotráfico, un fenómeno que fue en aumento desde 2006.
En agosto, un reporte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, organización que agrupa a más de 70 colectivos de familiares de víctimas, señaló que existen más de 52.000 cadáveres sin identificar en fosas y servicios forenses del país.
Según el informe, 60% yacen en fosas comunes o en cementerios públicos. Cerca del 13% sigue en los Semefos, en universidades o en centros de resguardo forense. Sobre el resto no hay información.
El estudio indicó que la crisis en materia de identificación humana se extiende a todos los estados, aunque es particularmente grave en Baja California, Ciudad de México, Edomex, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
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