CNDH reconoció tortura en contra de Mario Aburto y recomendó a la FGR iniciar nueva investigación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha marcado el inicio del que podría ser un nuevo rumbo en el caso de Mario Aburto, encarcelado por el homicidio del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, ocurrido en Tijauana en 1994: recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación de su participación en los hechos, así como de los episodios de tortura, violaciones a derechos humanos y al debido proceso que, afirman, han quedado debidamente evidenciados.

El organismo reconoció, en la Recomendación 48VG/2021 dirigida al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), José Ángel Ávila Pérez, que Mario Aburto sufrió violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, aunado a los agravios al debido proceso.

Y es que el documento indica que el señalado, tras ser detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, fue llevado como acusado a la Agencia del Ministerio Público Federal, que en ese entonces pertenecía a la antecesora de la FGR, la Procuraduría General de la República (PGR). Luego, detallan, el 25 de marzo de 1994, ingresó al CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, localizado en el Estado de México. Mientras que en los años que siguieron, sustentan, ha sido cambiado de Centros Federales de Readaptación Social, de distintos estados, de diferentes entidades “y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 “CPS-Guanajuato” en Ocampo, Guanajuato”.

Esta intervención de la CNDH ocurre luego de que el propio organismo recibiera una queja más de parte de la defensa de Mario Aburto. Ahí, la parte acusada denunciaba nuevamente que desde hace 27 años ha informado reiteradamente sobre la tortura de la que era víctima. Incluso, desde el 31 de agosto de 1994 en la ahora FGR hay una indagación por tales denuncias, por lo que Aburto reclamó “la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.

La CNDH concordó al señalar que la víctima y sus familiares “manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”.

La comisión incluso emitió una autocrítica al indicar que ahí mismo se tenía ya información de la causa, por lo que podían actuar desde un principio en defensa y protección de “los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”. Incluso dicen que en su archivos cuentan con una entrevista al acusado, pero no tienen documentación de que haya sido con autorización previa “lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”, advirtieron.

Entonces, la CNDH instó a la FGR a que, tomando en cuenta todos los elementos que se han dejado de lado, se inicie una nueva investigación:

“ (...) la Fiscalía General de la República deberá proceder a realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de V, y en estas nuevas diligencias a realizarse, obligadas a abordarse sin prejuicio y con perspectiva pro homine, se aporte como prueba la presente Recomendación, y se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice o en la reapertura de la anterior, se subsanen tales deficiencias y se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos, que permita a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas contra V, mismas que impactaron a nivel nacional, para que a su vez la sociedad en su conjunto conozca la verdad de los hechos que dieron pauta a su inculpación, y para que el Estado responda por los actos cometidos, no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño sino también mediante acciones y políticas de no repetición (...)”.

Ahora, esa recomendación la será remitida a la Cámara de Diputados para que se añada a la investigación que encabeza la Comisión de la Verdad.

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