Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la prisión preventiva a delitos de defraudación fiscal y facturación falsa aún refleja una línea de “protección a la corrupción” y “apoyo a las minorías”.
“En eso no estoy de acuerdo, creo que es seguir protegiendo las minorías y castigar los que no tienen agarraderas o influencias con las que comprar su inocencia. Me parece que no se actuó bien”.
Es así que exhortó al Poder Judicial a “castigar por igual” a quienes perpetren el ilícito e hizo un llamado a “no poner la justicia al servicio del dinero”; acto que, señaló, mostraron los ministros votantes a favor de la inconstitucionalidad.
“¿Qué pasa cuando banqueros, grandes empresarios o dueños de despachos fiscales cometen grandes fraudes? La Hacienda Pública deja de recibir millones de pesos que podían ser utilizados para garantizar al pueblo el derecho a la educación, a la salud o trabajo a los jóvenes”, aseveró.
A pesar de ello, AMLO afirmó que se respetará la decisión de la Corte y reiteró que Arturo Zaldívar, presidente ministro, sigue siendo “el mejor hombre” para la transformación del Poder Judicial - aún cuando éste haya defendido que imponer la prisión preventiva es violatorio a los derechos humanos.
“Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifis (...) Son criterios, tenemos puntos de vista distintos, y eso también es bueno. Afortunado. La democracia es pluralidad”, expresó.
Asimismo, recalcó que esta resolución funge como prueba la “división e independencia” de los poderes en México, a pesar de expresarse inconforme. No obstante, afirmó que esta resolución “no le ayuda” al Poder Judicial.
“Es muy claro que los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad. Tienen la arrogancia de sentirse libres y eso es parte de la democracia verdadera; parte del cambio (...) No le ayudan al poder judicial porque no actúan así cuando se trata de hacer justicia al pueblo razo”.
Este lunes 25 de octubre, la SCJN invalidó, por mayoría de votos, el establecer prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables de cometer contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
Dicha determinación atiende a la queja promovida por las y los senadores de oposición y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quienes condenaron la medida cautelar contra los llamados factureros.
De acuerdo con el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el que comete el delito de defraudación fiscal es quien “con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”, y cuenta con un tabulador de castigo, el cual se calcula conforme al monto de los defraudado.
1.- Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,221,950.00.
2.- Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.
3.- Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,832,920.00.
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