El día de ayer durante su gira por Guerrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló del tema de la compra-venta de niñas, ante la pregunta formulada por un periodista, el presidente se mostró molesto.
“Lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla ¿Qué acaso la prostitución está nomas con los pobres?” respondió el mandatario.
Según el Consejo Nacional de evaluación para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Guerrero es la segunda entidad federativa con más población indígena en la República, así mismo, cerca de una de cada cuatro personas indígenas se encuentra en situación de pobreza extrema, en contraste con la población no indígena en la que una de cada veinte personas se encuentra en esta situación.
En el territorio mexicano, la población indígena no pobre, es decir, que cuenta con ingresos suficientes y no tiene carencias sociales, representa el 6.9% de la población indígena total, según datos del 2018 del CONEVAL.
En este sentido, la predominancia de pobreza y pobreza extrema en las comunidades indígenas ha llevado a que se implemente la práctica de venta de niñas.
El estado de Guerrero es el lugar con más venta de niñas, según la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación: en cuanto las niñas cumplen alrededor de 12 años, son compradas por personas que las pueden convertir en esposas, utilizarlas como esclavas para la casa o para el campo.
A la fecha no se sabe cuántas infantes han sido vendidas, esto debido a la discrecionalidad de la práctica, sin embargo, se estima que son alrededor de 300 mil niñas, quienes son ofertadas desde los 40 mil hasta los 200 mil pesos.
Lamentablemente, la búsqueda por la mitigación de este delito se ha visto entorpecido al catalogar esta práctica como “usos y costumbres”.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), existen redes de protección a bandas internacionales de abusadores de menores, explotación, pornografía y turismo sexual, cuyas víctimas son niñas de entre 8 y 9 años de edad.
La discrecionalidad de esta práctica ha hecho desconocida la situación en la que se encuentran las niñas y mujeres que fueron vendidas a través de esta práctica, a la fecha no se sabe el paradero de muchas de ellas, el mejor caso que les depara es contraer matrimonio de manera forzada.
La importancia de la erradicación de esta práctica es la necesidad de otorgarles una vida digna. Según los académicos, Luis Alfonso Mendoza Tascón y Diana Isabel Claros Benitez, la incidencia de estas prácticas genera no solo que las mujeres indígenas no puedan acceder a un mejor plan de vida, sino que también perjudica la economía y desarrollo de las comunidades, esto comprometiendo la salud de las niñas e incrementando la posibilidad de que vivan violencia intrafamiliar.
Las niñas tienen el derecho de poder aspirar a un plan de vida, mismo al que no podrán acceder al reducirse sus posibilidades de desarrollo personal en el ámbito escolar y económico.
La venta de las pequeñas ha propiciado el matrimonio infantil, mismo que según la 65a Asamblea Mundial de la Salud, repercute en su vida al obligarla a cesar sus estudios, emplear la mayor parte de su tiempo en el trabajo doméstico no remunerado, tener embarazos no deseados que puedan devenir en complicaciones graves que lleven a la muerte y limitar su autonomía al restringir su poder de decisión.
La venta de niñas involucra una violación a los derechos de los y las niñas adolescentes, llevándolas a situaciones de explotación, matrimonio infantil, prostitución y trata.
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