Cada día la ola de violencia en México amenaza a las poblaciones más vulnerables del país, obligándolas a abandonar sus patrimonios y huir de las agresiones. Un ejemplo de ello, fueron las siete muertes que dejaron dos enfrentamientos distintos contra la comunidad Ndoyonoyuji, de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca.
El primero de los sucesos ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando un grupo armado irrumpió con violencia el poblado y asesinó a una pareja, destruyó varias viviendas y desapareció a una veintena de personas (entre ellos, niños), según lo declarado a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Por esa razón, hizo un fuerte llamado a las autoridades para intervenir y detener las agresiones que han desplazado a varios habitantes a refugios. También anunció el envió de un grupo de defensores y propuso la creación de un padrón de desplazamientos forzados.
“El desplazamiento forzado interno pone en riesgo el derecho a la vida, a la integridad y a la seguridad personal”.
De esa manera, 24 horas después del ataque, arrancó la movilización de elementos de la Guardia Nacional al interior de la zona del conflicto.
Sin embargo, la presencia de los uniformados no fue obstáculo para que un día después, el 23 de octubre, 70 personas atacaran con armas de alto calibre a los poblados de Guerreo Grande y Mier de Terán, dejando un saldo de cinco personas muertas.
Tres de los asesinatos ocurrieron durante la irrupción, mientras que los dos restantes fueron de personas adultas mayores que fallecieron calcinadas, luego que los agresores prendieran fuego a su hogar.
Ante ello, este domingo, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO) condenó enérgicamente los actos violentos y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a cumplimentar las investigaciones pertinentes.
Asimismo, reafirmó que se continuará con la implementación de operativos de seguridad con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN).
“En ese sentido personal de la FGEO, ingresará a la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte, la DDHPO acompañará el operativo y realizará las certificaciones pertinentes ante los hecho ocurridos”, concluyó
Cabe señalar que en la tarde del pasado 1 de agosto, también se reportó una agresión perpetrado por civiles armados quienes detonaron sus armas hacia una asamblea que se realizaba al interior de la escuela de la comunidad. De este suceso, se reportó un deceso y siete lesionados por arma de fuego de alto poder.
De acuerdo con El Universal Oaxaca, el conflicto que actualmente aqueja al municipio derivó de una exigencia por el pago de los recursos de los ramos 28 y 33, así como la acreditación de sus autoridades para ejercer la administración del capital.
Según los relatos, la petición, solicitada a finales del 2020, se solicitó la intervención de la SEGEGO para la resolución del conflicto pues el presidente municipal, Rogelio Barrios, se ha negado a reconocer a las comunidades que comprenden a la demarcación (Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonuyuji); esta negativa, señalan, ha impedido que dichos poblados sean considerados en la repartición del recurso público.
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