“Sí es venganza, no es justicia”: la hija de Rosario Robles denuncia que su madre es presa política

“Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no”, indicó la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, al arremeter contra el juez de control que decidió la víspera que su madre, la exfuncionaria federal procesada por su presunta participación en una trama de corrupción, continuara en condición de prisión preventiva. Moguel Robles acusó que la decisión fue basada en una venganza política y todo un plan montado para mantener a su madre encarcelada.

Moguel Robles indicó que de nueva cuenta se siguió una orden y no la ley, insistiendo en que su mamá es una presa política más de este gobierno y que el ejemplo más claro es que mientras ella está en prisión, otros exfuncionarios con procesos y causas similares andan comiendo en lujosos restaurantes, haciendo clara referencia a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, procesado por el escándalo de Odebrecht, en el que estuvo involucrada la paraestatal.

“Aquí hay una mujer a la que no se le ha comprobado nada, a la que se le ha acusado por un delito que no es grave y a la que le ratifican la prisión preventiva”, indicó la hija de Robles en su intervención en un programa del periódico El Universal, agregando que la de este miércoles fue una jornada bastante dolorosa donde el juez actuó de manera bastante desproporcionada y con argumentos absurdos, “para dejar a mi madre en los muros helados de la prisión de Santa Martha Acatitla”.

Además expuso que ni a ella ni a ninguno de los familiares de Robles se les permitió el acceso a la audiencia, ni al área de monitores siquiera, sin importarle al juez que esa medida fuera considerada por sus pares como excesiva.

Por su parte, la mañana de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó que la determinación de prisión preventiva contra Rosario Robles sea parte de una venganza política contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“Por lo que corresponde al ejecutivo, no hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno. Eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral (...) No se denuncia a nadie por consigna política”.

Ante ello, el mandatario reiteró que las decisiones de la Fiscalía General de la República (FGR) y, eventualmente, del Poder Judicial son autónomas y deben respetarse.

No obstante, hizo un llamado a investigar y sancionar al juez en caso de comprobarse que actuó por consigna; asimismo, recomendó la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos, si se hallara violación a los derechos.

“(La Fiscalía) es un poder autónomo y luego el poder judicial. (...) En el caso de Rosario Robles, es un asunto de poder judicial, es el que resuelve. Y si el juez recibió una orden o actuó por consigna, debería de ser sancionado. Porque los jueces tienen que actuar con autonomía”, aseveró durante su conferencia matutina.

Este martes, tras una audiencia de casi tres horas, el juez, Ganther Alejandro Villar Ceballos, deteminó que la inculpada continuaría su proceso en prisión preventiva, ante un alto riesgo de fuga, argumentó; cabe resaltar que la ex titular se ha mantenido en dicho status desde hace dos años.

Al respecto, su defensa legal, Epigmenio Mendieta, declaró al salir de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Sur que luego de hablar con su cliente decidieron que impugnarán mediante apelación.

Asimismo, sostuvo que era insostenible la prisión preventiva, ya que los fiscales habían sostenido esa medida bajo evidencias falsas, como licencias de conducir con diferentes direcciones y con las cuales se dudaba del domicilio de la acusada.

La Estafa maestra, por la que Robles está en prisión preventiva, fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

Otros ex colaboradores están bajo proceso, unos presos y algunos implicados más se mantienen prófugos, pero ella es la funcionaria de más alto nivel que ha sido detenida por este caso.

SEGUIR LEYENDO: