En los últimos días, los dos grandes casos de corrupción que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) retomaron las primeras planas de los medios de información: el de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los dos casos comparten similitudes, pues ambos fueron funcionarios del gabinete del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y ambos están acusados de incurrir en delitos contra el erario, presuntamente usando sus dependencias para desviar recursos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de algunos de sus políticos.

Y es que Emilio Lozoya participó en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiar la campaña presidencial de Peña Nieto y Robles Berlanga utilizó las universidades públicas para la de José Antonio Meade, aunque éste no pudo vencer en las votaciones a Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, todo parece indicar que el mayor crimen de la ex secretaria federal fue haber accedido a convertirse en operadora del financiamiento ilegal, mientras que el ex funcionario Pemex lo hizo sobre todo para enriquecerse personalmente, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró cuentas a su nombre y al de los suyos en bancos nacionales y extranjeros.

Pero hay una diferencia aún más grande en los casos: la aplicación arbitraria por parte de los jueces de los Tribunales Federales. Pese a haberse fugado a España y ser extraditado a México con un expediente de corrupción comprobado, Lozoya Austin ha conseguido un trato preferencial de la FGR como delincuente protegido a fuerza de traiciones, testimonios “inconsistentes” y falta de escrúpulos.

Cabe mencionar que en julio de 2020, a Emilio Lozoya se le dictó libertad condicional, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes a firmar y controlado con un brazalete electrónico.

Muestra de ello es que el pasado 9 de octubre se dejó ver disfrutando de una cena junto a amigos en el restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Este hecho indignó a gran parte de la sociedad.

Por otro lado, a Rosario Robles el juez Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de su enemiga política Dolores Padierna, le aplicó desde agosto de 2019 la medida cautelar de prisión preventiva aún cuando ella misma fue de manera voluntaria a la audiencia en la que se le vinculó a proceso. Incluso, la “justicia” no se ha ahorrado ninguna oportunidad para aplicar todo el rigor posible en cada instancia de su proceso.

Este 20 de octubre el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidió mantener la prisión preventiva a Robles Berlanga porque “prevalece un elevado riesgo de fuga”, por lo que la regresó al penal de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con su abogado Epigmenio Mendieta, durante su audiencia en el Reclusorio Sur, Rosario Robles hizo uso de la palabra para solicitarle que se le dé un trato igual, haciendo alusión al caso de Emilio Lozoya.

“Ella quiere un debido proceso. No pretende salir para asistir a restaurantes de lujo”, dijo su defensa legal.

Una de las razones de este trato desigual, según palabras del mismo titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, es que Rosario Robles no ha buscado esta figura jurídica de cooperar con las investigaciones como Lozoya; es decir, se ha mantenido leal con aquellos a los que servía.

Resulta imposible no recordar que la ex jefa de gobierno de la CDMX ya había mantenido este sentido de lealtad en el anterior escándalo político de su carrera, cuando el empresario Carlos Ahumada terminó en la cárcel y ella se negó a retirarle su apoyo. A la postre tal escándalo le costaría la expulsión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su ruptura con López Obrador, lo que la llevó a reiniciar su trayectoria política en el PRI.

“El hecho es que mientras Robles ha sido víctima de sus lealtades, Lozoya ha sido beneficiario de sus traiciones”, señaló el economista y politólogo Jorge Zepeda Patterson, en una de sus columnas para Milenio.

Epigmenio Mendieta declaró al salir de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Sur que luego de hablar con su cliente decidieron que impugnarán la prisión preventiva mediante apelación.

Detalló que tendrán tres días para armar su estrategia e interponer el recurso legal. “Empezaremos a trabajar en esa apelación”, expresó.

Por su parte, Lozoya tiene que presentar el próximo 3 de noviembre las pruebas que demuestren la corrupción de sus superiores jerárquicos a cambio de impunidad.

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