Luego de que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidió mantener en prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga, porque “prevalece un elevado riesgo de fuga”, la ex secretaria federal regresará al penal de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde ha permanecido desde agosto de 2019.

Al respecto, su defensa legal, Epigmenio Mendieta, declaró al salir de la audiencia en el Reclusorio Preventivo Sur que luego de hablar con su cliente decidieron que impugnarán mediante apelación.

En entrevista con los medios, señaló que ni él ni Rosario Robles, procesada por omisiones en desvíos millonarios del erario público, comparten la decisión del juez de Control porque utilizó tres argumentos que “ya habían sido superados”:

El primero, contradicciones entre ella y su ex abogado sobre el motivo de viaje por el cual salió del país antes de ser aprehendida. “Ella regresó al país y no tenía una medida cautelar”, dijo.

El segundo, por un documento del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) que su defensa, en la etapa de audiencia inicial en 2019, dijo que no le había sido facilitado ni tuvo acceso, cuando se probó que si lo poseían o pudieron revisarlo.

Y tercero, que supuestamente no proporcionó los domicilios donde rentó en otra época.

De acuerdo con Mendieta, cuando Rosario Robles hizo uso de la palabra solicitó al juez Villar Ceballos que se le dé un trato igual, haciendo alusión al caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), condenado a libertad condicional por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Detalló que tendrán tres días para armar su estrategia e interponer el recurso legal. “Empezaremos a trabajar en esa apelación”, expreso.

Para Mariana Moguel, hija de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los argumentos que dio el juez fueron “desproporcionados y alejados de la justicia”.

Además, Moguel aseguró que la decisión del magistrado se filtró antes de que siquiera hubiera terminado la audiencia. “Yo estaba allá dentro. La audiencia no había concluido y yo me enteré gracias a ustedes, los medios, (de la noticia)”, declaró.

La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.

Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

Fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva más de dos años privada de su libertad, en tanto se amplían las investigaciones. Unos cinco días antes de aquella detención, había acudido a comparecer por voluntad, pues dijo que no tenía nada qué esconder y prepararía su defensa.

Otros ex colaboradores están bajo proceso, unos presos y algunos implicados más se mantienen prófugos, pero ella es la funcionaria de más alto nivel que ha sido detenida por este caso.

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