Hoy por la tarde, se llevará a cabo una audiencia para determinar si la Ex Secretaria mexicana del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, podrá concluir su proceso jurídico en su domicilio o si deberá permanecer en Santa Martha.
La ex titular de SEDESOL ha estado privada de su libertad en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla desde agosto del 2019 debido a su relación con el caso de La Estafa Maestra, donde se le acusa de la desviación de recursos que rondan en los 5 millones de pesos.
El desfalco la ubica como partícipe en la entrega de millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quienes, a su vez, destinaron los recursos a algunas de las 128 empresas fantasma para la desviación de recursos millonarios a nivel federal.
Fue así que en agosto del 2019, Robles fue privada de su libertad bajo la calidad de prisión preventiva y a dos años de su ingreso a Santa Martha Acatitla, su libertad está en juego al haberse amparado a inicios del mes en curso con la finalidad de poder concluir su proceso en su domicilio.
A pesar de las acusaciones de desvío de recursos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha reconocido que las razones para solicitar el encarcelamiento de Robles son desvirtuadas. A su vez, la detención de Robles viola sus derechos al no fundamentar ni notificarle de manera correcta la causa de su detención.
Según el columnista Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, la audiencia de hoy será un parteaguas ante las futuras decisiones del gobierno morenista pues, explica, Alejandro Gertz Manero, Fiscal general de la República deberá decidir entre seguir el proceso jurídico en contra de las acciones de Robles, o convertirlo en una persecución política fundada en los intereses de la actual administración.
El periodista rescata que, al igual que en el caso de Robles, los casos contra Emilio Lozoya y Ricardo Anaya no se han podido sostener jurídicamente, lo que deriva en la búsqueda de los errores dentro de las defensas de los imputados, al igual que la elevación de los costos y reformulación de imputaciones.
Raymundo sostiene que en el caso del ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, su proceso se vió entorpecido al no dar acceso a la carpeta de investigación mediante la cual se le estaba denunciando. Además de esto, se le otorgaron más de mil hojas para la revisión y búsqueda de su defensa en un plazo demasiado corto.
A su vez, se comentó que las reformulaciones de delitos hacia ex y actuales figuras políticas han causado un revuelo sobre qué otras acciones se llevarán a cabo en contra de estas y si estas se llevarán a cabo dentro del marco de la legalidad. El caso de Robles será fundamental para entender la futura agenda política de López Obrador
No importa que en el largo plazo los casos se caigan por falta de prueba, lo que de fondo no es la aplicación de la ley, porque no son casos jurídicos sino políticos, sostuvo el periodista
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