COVID-19 en México: cómo gastaron los gobernadores durante el primer año de pandemia

Héctor Astudillo, ex mandatario de Guerrero por el PRI, gastó 902% más de lo presupuestado en traslados y viáticos de funcionarios públicos

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El Imco explicó el egreso
El Imco explicó el egreso del gasto por estados (Foto: Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) publicó el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021, donde explicó de manera detallada los egresos realizados por las administraciones locales en las 32 entidades federativas de México.

Este informe proporcionó datos reveladores sobre el comportamiento administrativo de numerosos gobernadores durante el primer año de la pandemia de COVID-19 en la república, pues contrario a lo que se supondría, el sector salud no fue prioritario, pues se registró una disminución promedio del 2% en este rubro.

De acuerdo con lo señalado por la organización civil, el 87% de los estados cumplió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), lo cual permitió monitorear y comparar las prioridades del gasto público. Por lo que se puede observar cómo es que las entidades no modificaron sustancialmente sus políticas de egresos respecto a la coyuntura sanitaria.

Gráfica del Imco respecto a
Gráfica del Imco respecto a los gastos de los gobiernos locales en 2020 (Foto: Imco)
“En 2020, los poderes ejecutivos estatales destinaron en promedio 34% del total de sus recursos a educación, 14% a salud y protección social, y 9% a seguridad pública y justicia”

Después de realizar y analizar los datos proporcionados por la LGCG, el Imco resaltó seis puntos:

1.- En educación, los 32 estados gastaron 31,025 millones de pesos más de lo presupuestado. Los estados que gastaron más de lo originalmente aprobado fueron Michoacán (19%), Tlaxcala (19%) y Zacatecas (17%).

2.- En salud y protección social, los estados ejercieron 26,025 millones de pesos más de lo que aprobaron sus congresos locales para 2020. Baja California redujo su gasto en 18% en comparación con 2019.

3.- En seguridad pública y justicia, los estados destinaron 18,369 millones de pesos menos recursos de lo aprobado originalmente. Las entidades que tuvieron una variación más alta en su presupuesto con respecto a lo aprobado fueron Coahuila (62%), Nayarit (16%) y Tamaulipas (16%). En comparación con 2019, Chiapas redujo su gasto en un 46 por ciento.

4.- A pesar de las medidas de distanciamiento social, algunos estados ejercieron más de lo presupuestado en traslados y viáticos de funcionarios públicos. Cuatro estados ejercieron más del 30% del presupuesto aprobado para este rubro: Guerrero (902%), Nuevo León (87%), Baja California (39%) y Tamaulipas (36%).

Héctor Astudillo, ex gobernador de
Héctor Astudillo, ex gobernador de Guerrero por el PRI, priorizó otros gastos (Foto: Cuartoscuro)

5.- El cumplimiento promedio de los 32 gobiernos estatales en el reporte de su información financiera es de 87%, nueve puntos porcentuales por encima del IEEG 2020.

6.- Nueve entidades federativas cuentan con un cumplimiento que supera el 95 por ciento. Por el contrario, cuatro estados cuentan con un cumplimiento inferior al 70 por ciento. Chihuahua es la entidad con el menor puntaje obtenido en la evaluación (58%).

Con esta información presentada ante la opinión pública, el Imco recordó que no es nuevo que las administraciones locales realicen gastos por encima de lo aprobado a sus presupuestos, pero condenó que a lo largo del 2020, éstos no se realizaran en consideración a la presencia del SARS-CoV-2.

“Los estados subestiman sus ingresos porque aquellos ingresos excedentes pueden gastarlos de forma discrecional”
La organización de los egresos
La organización de los egresos en los estados no se comportó con apego a la pandemia, acusó el Imco (Foto: EFE / David Martínez Pelcastre)

Al respecto, el instituto aseguró que las finanzas públicas locales tienen deficiencias porque una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento.

Por lo que la AC sugirió mejorar la calidad de la información financiera a través de la publicación de datos de acceso libre, que los entes obligados los difundan en tiempo y forma y, particularmente, que el Consejo Nacional de Armonización Contable (Conca) elimine el margen de interpretación en la normatividad.

Aunado a esto, urgió a un mayor involucramiento de la sociedad civil a través de mecanismos de participación ciudadana y que éstos aprovechen la información de los informes estatales para detectar variaciones injustificadas entre los montos aprobados y los montos ejercidos.

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