A un año del arresto de Salvador Cienfuegos: qué se sabe del general

A un año de su arresto, el general en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda desapareció de la escena pública y aunque fue devuelto de Estados Unidos y exonerado insatisfactoriamente por la Fiscalía General de la República (FGR), ahora nada se sabe del militar mexicano de más alto rango procesado por cargos de narcotráfico.

Corrían las 20 horas con 47 minutos en el centro de México cuando se supo que aquel 15 de octubre fue detenido el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) con Enrique Peña Nieto, mientras acudía de vacaciones con su familia y había aterrizado en el aeropuerto de Los Angeles, California. Unos 17 minutos después, el canciller Marcelo Ebrard confirmó la detención y aseguró que ofrecerían asistencia consular, según los derechos del general.

Desde el 14 de agosto de 2019 fue autorizada una orden de arresto en contra de Cienfuegos Zepeda, luego de cuatro acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Dos días después, el nuevo embajador estadounidense, Christopher Landau, llegó a la Ciudad de México y fue informado de la situación.

Pasaron 14 meses para que ese mandamiento judicial fuera cumplido por agentes en California. Ninguno de los funcionarios mexicanos supo del caso, debido a la desconfianza de sus pares norteamericanos porque se alertara al acusado y éste se diera a la fuga o fuera protegido, dado su nivel de jerarquía política. El aviso se dio solo minutos antes, cuando era inminente la detención del general.

El 16 de octubre de 2020, cuando ni siquiera se habían cumplido 24 horas de la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostraba un tanto gustoso y usó el caso para reforzar su discurso de que era “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen”, usó las palabras “degradación” y “decadencia” para referirse al hecho.

Habló de una limpieza en el Ejército y así dar con quienes estuvieran vinculados a Cienfuegos Zepeda, pues los cargos eran graves, la corrupción del narcotráfico hasta lo más alto de la cúpula militar y él no iba a “encubrir a nadie”. Sin embargo, al día siguiente reculó. López Obrador cambió súbitamente de opinión sobre el arresto del general.

En una gira por Tapanatepec, Oaxaca, dijo a los medios que esperaría las pruebas y la presunta conducta criminal del general no manchaba a la institución. Se volvió a la defensiva y arremetió contra la Administración del Control de Drogas (DEA), que a decir de AMLO, decidía “como Juan por su casa” sobre los operativos que las Fuerzas Armadas solo ejecutaban.

Las investigaciones de la DEA se fundamentaron en intercepción a miles de mensajes de Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9. Presuntamente, esos capos que dirigían una célula de los Beltrán Leyva, conversaron sobre la protección obtenida por el secretario de la Sedena para exportar toneladas de cocaína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos.

Según información proporcionada por la FGR, la DEA investigó al general desde el 2013, sin que la agencia extranjera hubiera compartido información con autoridades en México, ni solicitado la colaboración para rastrear posibles delitos de narcotráfico que pudo cometer el entonces titular de la Sedena. Ya con la administración de Donald Trump, las indagatorias continuaron bajo la misma situación de reserva.

Tras la detención, un sector al interior del Ejército se mostró inconforme, pues cercanos al ex titular de la Sedena con Peña Nieto reclamaban que uno de los suyos estuviera en el banquillo de los acusados. Se formó una reacción de tipo nacionalista militar reactiva, lo cual desencadenó en un sentimiento de traición por autoridades estadounidenses al ir contra uno de los altos mandos cuando se supone que había una colaboración cercana entre países.

La confianza entre aliados se vio herida. Los adeptos de este sector propusieron reducir e, incluso, congelar las relaciones con el gobierno norteamericano. Algunos analistas destacaron que se vería trastocada la relación de dependencia que tiene AMLO con las Fuerzas Armadas.

El presidente estaba obligado a actuar con cautela pero, al final de cuentas, veía comprometida la materialización de sus proyectos, porque encargó a la Sedena la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el reparto de medicinas, además de la reducción de inseguridad.

El caso fue procesado inicialmente en la Corte de California y luego, el general llegó a Nueva York. Antes escribió una carta a López Obrador, alegando que era inocente y que la detención fue humillante. Con una letra de garabatos, el militar se disculpó porque no estaba en las mejores comodidades. Aquel 29 de octubre rogó por la intervención en su juicio, porque dijo que no tenía dinero para pagar por el proceso judicial. Sobre todo, aseguró que era injusto y que jamás se relacionó con criminales.

Las autoridades mexicanas negociaron con el Departamento de Estado de EEUU y el gobierno de Donald Trump suspender las acusaciones para que la FGR investigara y juzgara al general. Le fueron desestimados los cargos, regresó a México en un vuelo de lujo y fue notificado de una carpeta de investigación en que estaba involucrado el 18 de noviembre de 2020, 33 días después de estar encerrado.

A mediados de enero de este año, la FGR resolvió no ejercer acción penal contra Cienfuegos Zepeda. Se determinó que nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes del Cártel H-2 y no sostuvo comunicación con ellos. Tampoco realizó acciones para proteger o ayudar a miembros de este grupo delictivo.

La decisión fue criticada y se calificó de una concesión al sector militar, también se dijo que eran indagatorias a modo y sin pedir apoyo de EEUU.

El general desapareció, probablemente esté refugiado en alguna de sus propiedades, pero como remanente causó que se vieran laceradas las relaciones de cooperación en temas de seguridad binacional con Estados Unidos, debido a que los agentes de la DEA fueron limitados en sus operaciones en México a través de una reforma impulsada por el gobierno de López Obrador.

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