Emilio Lozoya habría pagado a la FGR cinco millones de dólares para gozar del trato privilegiado que tiene

En toda la polémica que desató este fin de semana la difusión de unas fotografías que mostraban al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya –actualmente procesado por actos de corrupción durante su gestión en dicha paraestatal– comiendo en un restaurante de un exclusivo barrio de la Ciudad de México, hubo un personaje que (nuevamente) se colocó también bajo el escrutinio: el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Y es que el revuelo que causó ver a Lozoya disfrutando en un lugar público se originó desde la indignación, ya que aunque si bien lo dijo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, “no es ilegal”, a la ciudadanía no le ha parecido que un personaje acusado de grandes actos de corrupción y que está siendo, como confirmo la propia FGR, procesado todavía, ande tan campante paseando por la ciudad.

Ahí fue que el reclamo también se viró a Gertz Manero, que dirige la dependencia que estableció una negociación con la defensa de Emilio Lozoya para que, en resumidas cuentas, enfrentara en libertad condicional el proceso que tiene en su contra. Tiene un brazalete solamente, se supone que desde agosto de 2020, cada 15 días, se presenta ante un juez y no tiene permitido salir de la Ciudad de México. Esas son su condiciones, a diferencia de muchas otras personas que por delitos menos graves enseguida son puestas tras las rejas, que es el argumento de la indignación colectiva.

Mucho se ha hablado –conversación que regresó a escena en esta ocasión– de lo que pudo haber habido detrás de la famosa negociación en la que Lozoya quedó como testigo que va revelar quien más estuvo involucrado en la trama de corrupción para salvarse el pellejo. Precisamente sobre eso escribe este martes el periodista Salvador García Soto en su columna del diario mexicano El Universal.

El columnista se remonta al momento en el que Lozoya Austin fue detenido en España y enviado en julio de 2020 a México. Y recuerda que no se ha explicado realmente en ninguna parte en qué consistió el acuerdo por el que el exfuncionario aceptó se extraditado, mismo que señala fue firmado por Emilio Lozoya Austin, su padre Emilio Lozoya Thalmann y abogados españoles que les representaban en el país ibérico.

El periodista afirma que por tal acuerdo la familia de Lozoya pagó 5 millones de dólares y “fue negociado por Gertz Manero con los abogados del despacho Ilocad SL, (International Legal Office for Cooperation and Development) propiedad del afamado juez español, Baltasar Garzón”, asegura.

“El contenido de ese ‘acuerdo’, que nunca se ha hecho público, podría explicar muy bien el trato privilegiado que la FGR aceptó darle en todo momento a Lozoya Austin. Según fuentes cercanas a aquella negociación en España, el acuerdo incluía la promesa del fiscal Gertz de que Emilio ‘nunca sería fichado ni mostrado a la prensa o expuesto en su imagen personal’, además de no fincarle ni imputarle nuevos delitos más que los contenidos en la solicitud original de extradición”, sostiene Salvador García Soto.

Asimismo, el columnista explica que desde ese momento se establecieron las bases y el compromiso de la FGR para que todo fuera fácil para Lozoya, léase el otorgamiento del criterio de oportunidad, la figura de testigo protegido y el no ser sujeto de cárcel o arraigo domiciliario.

“Para lograr un trato de príncipe, el presunto delincuente y exdirector de Pemex, contó con una ‘coincidencia’ que le abrió las puertas de la confianza de Gertz Manero”, advierte García Soto, “la relación con la fiscal general de España, Dolores Delgado García, quien fue parte de la vía que facilitó el ‘acuerdo de extradición’ entre la FGR y Lozoya”, quien “sin menoscabo de su brillante carrera judicial, es pareja sentimental del juez Baltasar Garzón, sí el mismo dueño del despacho que negoció la extradición”.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró este lunes que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicano (Pemex) y actualmente procesado por actos de corrupción durante su gestión en dicha paraestatal, continúa bajo proceso.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, establece el comunicado que difundió este 11 de octubre la FGR. “Los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta Fiscalía, el 6 de enero de 2021″.

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