La empresaria Patricia Armendáriz publicó un hilo en Twitter en el que dio un ejemplo de cómo el poder estatal logró estabilizar la electricidad a raíz de la crisis que se vivió en Texas, en la que hubo fallas masivas de los servicios públicos, esto, en el contexto de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Armendáriz puntualizó que cuando llegó el “guamazo”, las 13 empresas privadas se retiraron del mercado y no ofrecieron energía, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se quedó sola.

Fue así, que López Obrador dio la orden a Petróleos Mexicanos (Pemex) de venderle combustible a la CFE a un precio mínimo, en el que Pemex absorbió la mitad de la pérdida mientras que el gobierno tomó la otra mitad.

Asimismo, la legisladora explicó que mientras sucedía la crisis en la unión americana, en México hubo un periodo de apagones mientras entraban las hidroeléctricas y no hubo repercusión en lo que pagaron de luz, a diferencia de Estados Unidos, cuyos habitantes vieron en sus recibos de luz cantidades muy elevadas que tuvieron que diferir en pagos.

Finalmente, Armendáriz concluyo que “ese es el manejo que se espera de un bien estratégico”, sin embargo, algunos usuarios no estuvieron de acuerdo y mencionaron que no hay necesidad de “cambiar algo que ya funciona.”

Desde que López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de materia energética en el área de electricidad han habido muchas opiniones en contra, como es el caso de la Asociación Mexicana de Energía (AME), que alertó que la iniciativa significa un daño a largo plazo tanto para la población como para las distintas industrias y a la competitividad del país, ya que va en contra de la generación de energía eléctrica a bajo costo, limpia y de calidad.

Por su parte, La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que, de aprobarse la reforma energética del presidente, el país enfrentaría apagones, desabasto e incremento en las tarifas.

“Esta iniciativa cierra la puerta a la competencia y es un hecho que de aprobarse, en el corto plazo, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas”, destacó.

Finalmente, la organización ambientalista Greenpeace señaló que la propuesta de reforma eléctrica del mandatario mexicano abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un “grave error y un retroceso” hacia democratizar la energía.

Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la organización criticó, mediante un comunicado, el hecho de que corresponda “exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad”.

En términos generales, la iniciativa propone una renovación a los artículos 25, 27 y 28 y nueve transitorios de la Constitución Mexicana, con la cual, entre otras índoles, se buscará el “rescatar y fortalecer” a la CFE.

Rocío Nahle García, secretaria de Energía, detalló que uno de los principales puntos propone que la Comisión transite de ser una Empresa Productiva del Estado a un organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Esto, explicó, permitirá que las nueve subsidiarias - implementadas, mencionó, sin relación comercial, ni financiera en 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto - sostengan interconexiones y, con ello, se erradique esta fragmentación que, dijo, impide la consolidación de la CFE como una sola empresa.

Asimismo, explicó que el proyecto establecerá la conservación de las cuatro filiales de la Comisión: telecomunicaciones, energía, internacional y capital.

Respecto al servicio del suministro eléctrico, la titular aclaró que sí existirá un equilibrio en la producción del recurso: 54% del mercado corresponderá a la Comisión, mientras que el 46% restante será para las empresas privadas.

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