Carta rogatoria: el recurso que uniría a México y Panamá contra Genaro García Luna

Las autoridades mexicanas buscan que sus homólogos panameños aporten pruebas de tres empresas vinculadas al ex funcionario público que se ubican en su país

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Carta rogatoria: el recurso que uniría a México y Panamá contra Genaro García Luna
FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM
Carta rogatoria: el recurso que uniría a México y Panamá contra Genaro García Luna FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

En fechas recientes, las autoridades mexicanos sumaron otra victoria en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, tras negársele el desbloqueo que una de las cuentas vinculadas con la empresa Nunvav, sin embargo, van por más.

El gobierno de México estaría en busca de ayuda internacional en el caso de Genaro García Luna, por lo que una colaboración con Panamá sería su carta más fuerte bajo la manga.

De acuerdo con la periodista Laura Sánchez Ley, las autoridades mexicanas interpusieron ante la corte americana un recurso llamado carta rogatoria, con el objetivo de sumar al país centroamericano a las investigaciones.

Es decir, a través de esta carta, los servicios de investigación panameños podrían aportar testimonios y otras evidencias que provengan ya sea de personas o de empresas que sirvan para continuar las acusaciones contra el ex funcionario público mexicano, publicó la columnista a través del diario Milenio.

El diario también confirmó que son tres empresas las que podrían ser notificadas a través de los tribunales del caribe: Nunvav Inc S.A, Nunvav Technologies Inc y Gull Holding Enterprises Inc.

La periodista destacó que estas tres empresas, habrían sido parte importante en el esquema de lavado de dinero del ex funcionario, mientras mantenían sus operaciones en suelo extranjero.

El exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna. EFE/ Mario Guzmán / ARCHIVO
El exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna. EFE/ Mario Guzmán / ARCHIVO

Se realizó la primera audiencia contra García Luna

Lo anterior, tuvo lugar en la primera audiencia de Genaro García Luna en el Tribunal de Miami-Dade, y frente al juez William Thomas, donde también estuvieron presentes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante este proceso, el gobierno mexicano busca recuperar los USD 250 millones que fueron robados al erario público por García Luna y sus cómplices, quienes ocultaron los fondos y el producto de esos recursos.

Para lo anterior, de acuerdo con los señalamientos, los acusados usaron una red de lavado de dinero que implicó transferencias a cuentas en Barbados y Estados Unidos, entre otros países.

Las autoridades mexicanas plantean que el ex funcionario orquestó un esquema para obtener contratos de manera ilegal de la administración pública federal. El conteo sugiere negociaciones a partir de 2012, o antes, para realizar convenios que violaron leyes de adquisiciones mexicanas al, presuntamente, valerse de sobornos, manipulación de ofertas, actos corruptos, así como otros medios desconocidos para venta de bienes y servicios al gobierno de México con precios exorbitantes.

Todos ellos habrían participado para adquirir, controlar y mantener una sofisticada empresa de blanqueamiento de capitales a través de la compra y mantenimiento de bienes inmuebles en Florida como en otros lugares, pero en su mayoría, en Miami Dade.

Negaron desbloquear cuentas a Genaro García Luna

Justo antes de realizarse la primera audiencia, la Unidad de Inteligencia Financiera fue notificada de la improcedencia en el amparo solicitado por Nunvav Inc y la representante legal, Rosalba Tapia Alvarado, para desbloquear 23 cuentas a la empresa.

De acuerdo con la UIF, el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó amparar a Tapia Alvarado y a la compañía utilizada para la presunta triangulación de recursos en el amparo 841/2020.

Lo anterior, luego de resolver que la UIF realizó el bloqueo en cumplimiento a compromisos de carácter internacional para la prevención de la comisión y/o continuación del lavado de dinero.

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