Avanzaron en reabrir investigación contra ex magistrado acusado de violar a sus dos hijas

La defensoría jurídica de dos niñas de 5 y 7 años obtuvo un amparo que busca reabrir el caso por violación, presuntamente perpetrado por el padre de las menores, el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel Horacio Cavazos López, quien no fue imputado por la fiscalía capitalina hace siete meses.

Mariel Albarrán, madre de las víctimas, dijo a Infobae México que se ha ordenado dejar insubsistente la resolución emitida por la jueza de control Luz Elena López Padilla, adscrita al Reclusorio Oriente, debido a que la funcionaria avaló de manera incorrecta el no ejercicio de la acción penal reportado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el 13 de marzo de este 2021.

El amparo busca que López Padilla se pronuncie en un sentido distinto, porque además argumentó que no había equilibrio de poder entre dos niñas y un adulto. Si bien, esto no implica directamente al Ministerio Público capitalino, la batalla es por volver al proceso judicial en contra de Cavazos López.

“Es un paso más en el tortuoso camino de la búsqueda de justicia en este país”, aseguró Mariel Albarrán en entrevista sobre la resolución obtenida el 30 de septiembre pasado.

La mamá de las menores precisó que la jueza del TSJCDMX podría insistir en su primera decisión con otros argumentos, además, Manuel Horacio Cavazos López tiene un recurso de revisión que habría de presentar en los próximos días, sin embargo, el amparo es un recurso más para combatir las agresiones en un caso que se ha prolongado desde 2019.

Actualmente, la defensa de las niñas es asesorada por la abogada penalista Ana Katiria Suárez Castro, a través de la Asociación Voces Humanizando la Justicia. Así han logrado avanzar pese a los obstáculos e influyentismos del ex magistrado.

Además, ahora hay dos opiniones técnicas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Una de ellas fue emitida en mayo y analizó todos los informes y dictámenes practicados a las menores, que proporcionan circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la agresión sexual y son congruentes con los testimonios.

La otra opinión fue en septiembre reciente y de acuerdo con Mariel Albarrán, deja ver la manipulación de los análisis practicados al agresor.

“Tanto la comisión de derechos humanos como jueces federales ponen en evidencia el mal trabajo de las autoridades locales”, acusó.

Desde que fue destituido en febrero de 2020, Cavazos López se ha amparado para ser ratificado en su puesto, esta vez, de manera vitalicia.

Hasta la fecha busca regresar al cargo pese a las acusaciones de que fue objeto y se ha valido de contrademandas e intimidaciones hacia su ex esposa. Incluso ha querido sustentar su defensa argumentando que las menores fueron adiestradas en lo que contaron sobre la violación.

Aunado a ello estuvo el desistimiento de la fiscalía capitalina que, aseguró, no acumuló evidencias sólidas para imputar al ex funcionario ante un juez. Pese a tres grabaciones donde incluso se oye la voz del ex magistrado, el informe médico, dictámenes de la Fiscalía, informes de la sintomatología de las víctimas, reportes independientes y, lo más importante, el testimonio de las niñas.

“Existen unos audios donde mis hijas de viva voz narran la introducción de dedos y las agresiones. Audios en los que mis hijas, la primera de ellas llora pidiendo que vaya por ella al lugar donde estaba, con su agresor, con su papá. Hoy sé que lloraba porque la agredió en un baño público”, apuntó Albarrán en marzo pasado.

Los delitos se cometieron en varias ocasiones: en casa de las niñas, en un parque, en el departamento de Cavazos López y en su camioneta, cuando las dejaba en la escuela; según consta en las indagatorias que fueron referidas por la madre de las menores a este medio.

Si los juzgados de distrito en materia administrativa deciden favorecer al ex magistrado, lo harán con previo conocimiento de las opiniones técnicas de la Comisión de Derechos Humanos y todos los informes periciales sobre la agresión sexual.

De modo que las autoridades en la dependencia, donde el ex magistrado tendría protección, no pueden pasar por alto el sentido de su decisión sin valorar los dictámenes practicados a las menores.

Luego de que la FGJCDMX decretara el no ejercicio de la acción penal, la titular de esa institución, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo una reunión con Mariel Albarrán. Desde entonces no ha habido ningún encuentro similar.

En aquella ocasión, la fiscal prometió que daría seguimiento las denuncias en Asuntos Internos sobre el actuar irregular de José Manuel Fuentes Cruz, quien abrió la Carpeta de Investigación el 23 de septiembre de 2019 al ser responsable de turno. Este sujeto cambió de adscripción dos veces para estar en tres posiciones cerca del caso, en el cual quiere seguir teniendo influencia.

Previamente, tardó tres meses para enviar la Carpeta a mesa de trámite después de que llegara la entrevista por escrito de Cavazos López y sin siquiera haber analizado los audios donde las menores narran que fueron víctimas de delitos sexuales. Ese tiempo de espera habría sido para que el ex magistrado preparara su defensa, pues tuvo acceso a los audios, según Mariel Albarrán, proporcionados por Fuentes Cruz.

Documentos consultados por Infobae México refieren que este funcionario tiene un historial de actuaciones por las que, incluso, fue sancionado por la pérdida de carpetas de investigación que impidieron la procuración de justicia en un caso ocurrido en 2011. Solo fue castigado con cinco días de suspensión hasta 2016.

Aunado a esto, ya contaba con un antecedente por la falta administrativa disciplinaria en el Órgano Interno de Control, consistente en una amonestación pública en el expediente CI/PGJ/D/0817/2007. De ahí que José Manuel Fuentes Cruz persistió en realizar conductas que provocaran deficiencias en la debida procuración de justicia.

Otro de los denunciados en Asuntos Internos es Daniel Osorio Roque, titular de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Asistentes de la Fiscalía, quien desestimó las irregularidades en el caso, descartó importantes datos de prueba e incluso, ignoró que se hubiese objetado el no ejercicio de la acción penal en diciembre de 2020.

Siete meses después de que Mariel Albarrán insistió en evaluar a los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y de que Ernestina Godoy se comprometió a revisar, no se han visto mayores consecuencias. Ambos siguen en sus puestos.

Hasta noviembre de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reportó que 5.4 millones de menores en México son víctimas de abuso sexual cada año. Y en 60% de los casos el agresor es parte de la familia, como padres, padrastros, tíos y vecinos.

Se trata del país que ocupa el primer lugar en abuso infantil y, por cada 1,000 de estos casos, se denuncian 100 y sólo 10 van a juicio, donde sólo uno de ellos alcanza condena. Lo cual indica una impunidad de 99.99 por ciento.

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