Carlos Loret de Mola reveló el día de hoy que la Fiscalía General de la República liberó al menos seis citatorios en contra de científicos y académicos acusados de delincuencia organizada entre otros delitos.
La media docena de personas que fue citada para declarar ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) -ubicada en Paseo de la Reforma 75, Ciudad de México-, forman parte de los 31 científicos y académicos perseguidos por un conflicto al interior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
La disputa entre la dirección del CONACyT y este grupo de académicos comenzó cuando María Elena Álvarez-Buylla -actual titular del Consejo- decidió retirar los fondos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. Era a través de este organismo que los recursos públicos se destinaban a las diversas actividades científicas que financia el CONACyT.
Quienes forman parte del Foro disputaron la decisión y llevaron la situación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un amparo. Aunque el recurso legal no fue aceptado, las y los ministros concluyeron que el manejo de los recursos por parte del Foro Consultivo no presentaba irregularidades.
Pese a ello, Álvarez-Buylla decidió llevar el asunto ante la FGR. Fue ante la intervención de dicho órgano de justicia que muchas personas empezaron a sospechar que todo el asunto podría estar relacionado a una venganza por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Loret de Mola asegura que la magnitud a la que llegó el conflicto se debe a una “venganza personal del fiscal general, Alejandro Gertz, por el rechazo de la comunidad académica a que él tenga los méritos para haber sido incorporado a la selecta lista de los académicos del más alto nivel del país”.
Para muchas personas, la reacción de la FGR fue exagerada, debido a que pidió que las y los científicos fueran encarcelados mientras se les procesaba por los presuntos delitos de delincuencia organizada entre otros. Además, solicitó que fueran recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde alguna vez estuvo preso Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Según los documentos citados por Loret de Mola en su columna para el periódico El Universal, el objetivo del citatorio era que las y los académicos acudieran a esclarecer los hechos de los que se les acusa. Además, se establecieron los derechos de las y los imputados.
Loret de Mola destaca el derecho que tienen a tener acceso a la carpeta de investigación en su contra para poder establecer una defensa legal. Sin embargo aclara que las y los académicos, hasta el momento, no han tenido conocimiento de dichas pesquisas, cuestión que han denunciado de manera pública.
El columnista también llama la atención sobre la manera en que el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según su apreciación, exhibe “suavidad para capos y familia, rudeza para científicos”.
Carlos Loret recuerda el escándalo de los videos en los que se observa a dos de los hermanos del mandatario recibir dinero en efectivo de manera “clandestina”. Sobre dicho caso, AMLO asegura que no hay ningún tipo de protección para su familia y que cualquier delito será investigado y castigado.
Según los propios hermanos del mandatario, el dinero les fue entregado para contribuir a la campaña política de AMLO para la disputa presidencial del 2018. Sin embargo, aseguran que todo fue conforme a la ley.
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