La historia se vuelve a repetir: tras casi seis años de la primera publicación de los Panama Papers, el pasado 03 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló los “Pandora Papers”, una filtración masiva de cuentas secretas en paraísos fiscales, así como tratos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 91 países.
El listado incluye a más de 80 personajes de la política mexicana que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato; algunos de éstos, figuras cercanas al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que en abril del 2016, el entonces candidato presidencial criticó ferviertemente a los mexicanos involucrados en los Panama Papers. De igual manera, llamó al Servicio de Atribución Tributaria (SAT) y a la Contraloría del Gobierno como “alcahuetes de la mafia del poder”.
Estas declaraciones “que jamás pensó que se le revertitían”, expresó Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, ahora figuran para el tabasqueño como un búmeran “que le ha pegado en la cabeza”.
“Hay quienes actuaron al margen de las leyes de sus países, incluidos, algunos promunentes mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador”.
Uno de los funcionarios cuya implicación resaltó en mayor medida fue la de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la administración de AMLO, puesto que abandonó el pasado 2 de septiembre.
Según la investigación, el también considerado como uno de los hombres más cercanos al presidente utilizó un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para controlar un departamento cerca de Miami Beach valuado en 1.5 millones de dólares; esto mediante la recepción de 50 mil acciones de una sociedad de papel que controlaba la empresa “3202 Turn Ltden”, propietaria del condominio.
Dichas acciones fueron entregadas de la compañía de uno de sus principales clientes, Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Stern Wolf, quienes permanecieron como directores de la sociedad hasta su renuncia en 2017, año en que “todo quedó en manos del exfuncionario”.
“Esta revelación es una bomba de tiempo (...) La familia Landsmanas era hasta finales de 2018, en vísperas de la toma de posesión de López Obrador, cliente del despacho de Scherer (...) Personas que trataron con los Landsmanas durante esta administración corroboraron que, en efecto, decían que estaban ‘muy bien conectados en Palacio Nacional’”, expresó el columnista.
Otro caso igual de controversial es el de Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Barlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien la investigación señala como dueña de una cuenta bancaria en el Lyford International Bank and Trust en las Bahamas, así como socia en Roybell International Inc., incorporada en Panamá en 2011.
Aunado a ello, agregó el columnista, Abdabala representa “una especie de bróker para solucionar problemas, de acuerdo con personas a quienes les han ofrecido sus servicios, para obtener contratos o desploquear trámites con el gobierno”.
Y es que esta no sería la primera ocasión que se imputan a personas cercanas al presidente por poseer cuentas en paraísos fiscales. Riva Palacio evocó el caso de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General, quien fue señalado en los Panama Papers de involucrarse en una sociedad en Panamá creada por su occiso hermano.
Por estos - y otros casos más - el columnista asevera que López Obrador deberá mantener la coherencia de su discurso emitido en el 2016 y de su reprobación a países que viven de los saqueos a paraísos fiscales - dicho el pasado agosto del 2020- aún cuando los implicados sean cercanos a su administración.
“Sus palabras de antes tendrán que ser respaldadas por acciones de su gobierno en estos nuevos casos divulgados en los Pandora Papers, si mantiene una congruencia y coherencia con lo que afirmó en 2016 y lo que dijo el año pasado”.
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