Procesaron a mandos policiales de Oaxaca por asesinatos en Nochixtlán

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso contra dos mandos policiales de Oaxaca, acusados por el asesinato de seis personas y lesiones de 28 civiles más tras una protesta de maestros en Nochixtlán en 2016.

Se trata de Juan Peralta Alavez y Carlos Guerrero Romero, quienes habrían ordenado que los agentes a su mando acudieran armados y omitieran los abusos cometidos para liberar las carreteras bloqueadas por los manifestantes.

Un juez de control adscrito al Centro Federal de Justicia del estado de Oaxaca determinó procesar a los mandos policiales, quienes fueron imputados el 26 de septiembre reciente. Y es que la FGR allegó de numerosos datos de prueba.

“La investigación, coordinada por agentes del Ministerio Público Federal (MPF), peritos, policías y analistas de información, obtuvieron el estudio balístico de centenares de armas de fuego, de entrevistas a elementos policiacos, y de dictámenes periciales, entre otros cientos de diligencias”, aseguró la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Peralta Alavez se desempeñaba como director de la División de Fuerzas Estatales de Oaxaca, mientras que Guerrero Romero era director del 9° agrupamiento de la Coordinación de Alerta y Reacción Inmediata.

Ambos estaban al frente del operativo aquel 19 de junio de 2016, pero actualmente se encontraban en situación de retiro. El primero de ellos cayó en la entidad oaxaqueño, mientras que el otro fue detenido en la Ciudad de México.

Hace cinco días fueron sometidos a prisión preventiva, tras una audiencia de siete horas. Sin embargo, se acogieron al plazo constitucional ampliado de 144 horas, por lo que apenas fue determinada su vinculación a proceso.

Cabe señalar que los agentes estaban al frente del desalojo solicitado por el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo. Aunque las investigaciones apenas reconocen una treintena de lesionados, otros reportes señalan hasta un centenar.

Pero este arresto apenas es un comienzo, porque los imputados no actuaron por decisión propia, sino que se les fue encomendada una tarea y detrás existió una cadena de mando.

Gabino Cué, exgobernador; Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación; el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; y el ex comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia son algunos de los responsables por el fallido desalojo.

“La comunidad de Asunción Nochixtlán puerta de la Mixteca oaxaqueña, fue atacada violentamente por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una gran cantidad de víctimas y graves violaciones a sus derechos humanos”, indicó en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Eran las 7:00 horas cuando maestros y población civil se reunieron en apoyo del movimiento magisterial y de impulsar reformas sociales que ayudarían a mejorar las condiciones de la Mixteca, la cual se veía contantemente afectada.

“Sin previo aviso de persuasión fueron atacados por un contingente de fuerzas policiales: 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la libre circulación en las vías federales, como parte del ‘Operativo Oaxaca’ ordenado por el entonces gobernador del Estado Gabino Cué” afirmó la CNDH.

Los manifestantes tuvieron que disolver el bloqueo y se replegaron al panteón que se encontraba en dirección al poblado. Fue aquí donde maestros, jóvenes, mujeres y niños se defendían con piedras y lo que tenían a mano. El enfrentamiento se extendió hasta pasadas las 15:00 horas.

El saldo de los enfrentamientos entre las autoridades y la población fue de ocho personas fallecidas, 103 lesionados y 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos (de las cuales 35 son menores de edad), según la CNDH.

En octubre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las víctimas serán apoyadas y aunque la justicia tarde, ésta llegará a las víctimas porque su gobierno tiene voluntad política en resolver el caso y castigar a los culpables.

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