Felipe Calderón, ex presidente mexicano (2006-2012), presumió en un encuentro con el Partido Popular (PP) de España su estrategia de seguridad y la Policía Federal encabezada por Genaro García Luna, preso en Nueva York por presuntas colaboraciones con el Cártel de Sinaloa durante y después del tiempo en que ocupó cargos públicos.
El ex mandatario acudió a Cartagena, donde participó en la quinta jornada de la convención nacional del PP, reunión con políticos de la derecha a la cual pertenece aunque haya salido del Partido Acción Nacional (PAN).
Calderón explicó que tuvo tres ejes para luchar contra la delincuencia organizada: atacar directamente a los capos, fortalecer instituciones y crear tejido social.
Sin embargo, su política ha sido severamente cuestionada porque las acusaciones en la Corte del Distrito Este de Nueva York afirman que el funcionario que encabezaba esa estrategia, Genaro García Luna, operó en favor de una de las organizaciones para afectar al resto.
“Las policías estaban carcomidas por la corrupción, estaban dominadas por los cárteles y había algo más grave que no se entiende plenamente, que es más allá del narcotráfico, que es la captura del estado”, aseguró.
“Nuestra política fue: a los criminales se les combate porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales y así lo hicimos decididamente”.
El ex mandatario aprovechó para criticar que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no pretende un combate frontal hacia cárteles de la droga.
“En la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar”, enfatizó.
Pero Calderón omitió que en su sexenio comenzó la guerra contra el narco, cruzada que dejó una ola sangrienta en el país, así como más de 130 mil personas asesinadas y cerca de 26 mil desaparecidos en un contexto de criminalidad vigente.
El ex presidente afirmó que creó instituciones de seguridad y justicia confiables, así como un nuevo marco legal. Pero en el tema operativo destacó la Plataforma México, una base de datos de inteligencia con más de 500 millones de registros, entre voces de delincuentes, listas de armas, huellas dactilares e informes policiales de todo el país.
“Eso nos permitió revolucionar verdaderamente el combate a la delincuencia”, presumió.
Enseguida mencionó la creación de la Policía Federal, una restructuración de Seguridad dirigida por Genaro García Luna. Entonces destacó exámenes de control de confianza, físicos, psicológicos y socioeconómicos necesarios para pertenecer a la corporación.
“Así fuimos construyendo una policía confiable y eficaz como no había tenido México. En tres años pasamos de 6,000 oficiales federales, que eran básicamente vigilantes de carreteras, a tener una base de 36 mil policías federales de los cuales todos habían pasado examen de control de confianza.
“Y había 12 mil graduados universitarios que no estaba en una patrulla, estaban en su computadora armando bases de datos, sistematizando la inteligencia contra la criminalidad”, se enorgulleció Calderón.
Pero lo que no mencionó es que los principales operadores de esa Policía Federal están arrestados, condenados, bajo proceso o prófugos por su presunta colaboración en casos de tortura, corrupción, desvíos millonarios y colusión con el Cártel de Sinaloa.
García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas, imputado por trabajar para el crimen organizado que juró combatir durante 19 años.
Luis Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, fue arrestado por tortura en julio pasado, pero está implicado en las mismas investigaciones que su jefe en Nueva York; lo mismo que Ramón Pequeño García, ex jefe de Inteligencia de la corporación presumida por Calderón, y quien se mantiene prófugo.
El ex comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, quedó asegurado en 2017 por colusiones con el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Ya ha negociado declararse culpable y se presume que declare contra García Luna y el resto de agentes corruptos. Otro elemento señalado es Armando Espinosa de Benito, ex jefe de la División de Investigación de la Policía Federal.
Durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 2018, compareció Jesús Zambada, el Rey, hermano de Ismael Zambada García, el Mayo; todos ellos, líderes del Cártel de Sinaloa. El Rey Zambada fue detenido en 2008 y cinco años después extraditado a Estados Unidos; a cambio de una pena mínima testificó contra Guzmán Loera.
El hermano del Mayo Zambada aseguró haberle entregado a García Luna dos maletas con tres y cinco millones de dólares. El pago era para asegurar que apenas llegara a su cargo, como secretario en el gobierno del presidente Felipe Calderón, nombrara a un jefe de la policía en Culiacán que fuera aliado del Cártel de Sinaloa.
Además, el Rey Zambada reveló que García Luna se quedó con al menos 50 millones de dólares por parte de otros grupos de narcotraficantes para garantizar su seguridad.
Actualmente, el exfuncionario federal está acusado de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como haber mentido en 2018 a las autoridades fronterizas estadounidenses al decir que jamás había cometido un crimen.
Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003. Todas esas fechas corresponden al sexenio de Vicente Fox (200-2006) y Felipe Calderón, ambos gobiernos del PAN.
En total, son cuatro cargos relacionados con narcotráfico, incluida la de empresa criminal continua, que implica una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones
Pero todos ellos, junto con las investigaciones, no destacaron en la exposición de Felipe Calderón en España, donde fue aplaudido por sus gestiones. Sobre los acusados ha insistido en que desconocía los vínculos, pese a que hay pruebas de que estuvo advertido al interior de la Policía Federal.
El cuerpo de seguridad fue extinguido por López Obrador en 2019, pues se le atribuyó un proceso de descomposición interna y en su sitio se creó la Guardia Nacional, compuesta esencialmente por agentes del Ejército.
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