Fijan fecha de audiencia y revelan acusados para recuperar USD 250 millones de García Luna

La Corte Civil de Florida fijó fecha de audiencia inicial para el litigio donde el gobierno mexicano pretende recuperar hasta 250 millones de dólares en bienes del ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012), Genaro García Luna; además, se reveló quienes son los coacusados en la demanda presentada en Miami.

De acuerdo con registros judiciales, la comparecencia será el próximo 11 de octubre a las 09:15 horas en el Tribunal de Miami Dade ante el juez William Thomas. A través de videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezará los alegatos en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Previamente, fue revelado que entre los demandados están el ex subsecretario José Francisco Niembro González, y los principales socios de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weimberg Pinto, así como las esposas de cada uno de ellos y Natan Wancier Taub.

La acusación des destaca más de 50 imputados, entre personas físicas, empresas y Compañías de Responsabilidad Limitada (LLC por sus siglas en ingles).

Las principales empresas son Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, Technology, Risk Management. Así como las compañías restauranteras y de bebidas Los Cedros, Oggi Caffe, Ruby Dynasty Trust, Fideicomiso SDSW DYNASTY, Sunshine Dynasty Trust, y Wancier 2017 Family Trust.

Mientras que los negocios del tipo LLC son VFST; W Met Group; Reynolds; Century; Sigb; Penn II; Assets Financing Services; ASW Holdings; AWP Village Bay; Mejores Amigos Midtown; Mejores Amigos desde 1880; Delta Integrator; GL & Associates Consultuing. Además de ICON Brickell 3802; Jade Ocean 3203 II y Jade Ocean 3603; Jagra; Solo best Propierties Corp. También las correspondientes a Peninsula: CAS II; MAS II; SMS; SNDS; SSW II; STECAR II; y SW II.

De acuerdo con el documento de 131 páginas, el gobierno de México desea recuperar los USD 250 millones que fueron robados al erario público por García Luna y sus cómplices, quienes ocultaron los fondos y el producto de esos recursos. Para ello, los acusados usaron una red de lavado de dinero que implicó transferencias a cuentas en Barbados y Estados Unidos, entre otros países.

“García Luna y sus coconspiradores cometieron estos actos, al menos en parte, mientras se encontraban en el condado de Miami-Dade, Florida”, asegura la imputación.

Pues esencialmente, se plantea que el ex funcionario orquestó un esquema para obtener contratos de manera ilegal de la administración pública federal. El conteo sugiere negociaciones a partir de 2012, o antes, para realizar convenios que violaron leyes de adquisiciones mexicanas al, presuntamente, valerse de sobornos, manipulación de ofertas, actos corruptos, así como otros medios desconocidos para venta de bienes y servicios al gobierno de México con precios exorbitantes.

Todos ellos habrían participado para adquirir, controlar y mantener una sofisticada empresa de blanqueamiento de capitales a través de la compra y mantenimiento de bienes inmuebles en Florida como en otros lugares, pero en su mayoría, en Miami Dade.

La demanda está sustentada en violaciones a la Ley Rico de Florida, así como en cargos de conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó en diciembre de 2019 que el ex secretario de Seguridad constituyó una consultora identificada como GLAC, la cual utilizó un software de inteligencia vendida por Samuel y Alexis Weinberg, contratistas preferidos de García Luna.

Tras ganar licitaciones con el entonces presidente Felipe Calderón, los Weinberg adquirieron lujosas residencias en Miami que, en perspectiva, pertenecían al funcionario mexicano.

Luego de terminar sus gestiones el sexenio calderonista, la consultora de Genaro García Luna fue beneficiada con transferencias de hasta 125 millones de pesos a través de Nunvav, empresa constituida en Panamá en 2005 (tal como aclaró un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción) y cuyo presidente era Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, hijo de Samuel Weinberg.

Los contratos federales se extendieron al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues en noviembre de 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la entonces Procuraduría General de la República (SEIDO-PGR) suscribió un convenio por más de 2.7 millones de pesos para el mantenimiento del sistema LAGUNA (PGR/AD/CN/SERV/160/2013), de acuerdo con investigaciones de la organización R3D.

“Hemos detectado que esta empresa panameña es la que le pagaba el modo de vida en Miami al señor García Luna; es decir, la pregunta es: ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando recursos para bienes privados del señor García Luna en Miami?”, indicó Nieto Castillo el 27 de diciembre de 2019.

El titular de la UIF agregó que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de ese año y fueron congeladas las cuentas del ex secretario de Seguridad, como las de sus allegados, los Weinberg.

Además, detalló que con el esquema corrupto en el sexenio de Peña Nieto, en 2013, 2017 y 2018, hubo pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envió recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados, Curazao, entre otros espacios.

En 2012, después de anunciar su retiro como funcionario federal, García Luna se mudó a Miami, donde pasó sus días en plena comodidad y lujos en una residencia situada en el Golden Beach, Florida.

Para agosto de 2018, las autoridades estadounidenses ya habían iniciado la investigación en contra del ex secretario, aún así, él y su esposa compraron propiedades por 5.10 millones de dólares, unos 96 millones de pesos.

De acuerdo con el informe “Acres de lavado de dinero: por qué los bienes raíces de EE. UU. son el sueño de un cleptócrata”, de la Global Financial Integrity, el ex funcionario mexicano estuvo entre los perfiles políticos del país que más capitales blanquearon a través de abogados en EEUU en los últimos años.

El reporte señala que la casa en Golden Beach, así como varios condominios y un yate (adquirido de contado en 700 mil dólares), se utilizaron Compañías de Responsabilidad Limitada registradas a nombre de representantes legales de García Luna y sus socios comerciales.

El 29 de noviembre pasado, la Fiscalía General de la República solicitó la extradición del llamado “super policía” para que pueda ser juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El mandamiento judicial fue otorgado porque el imputado no comprobó el origen de 27 millones de pesos con que adquirió bienes inmuebles en México.

García Luna está acusado de tráfico de drogas y de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, para el que habría trabajado durante 19 años mientras ocupaba puestos públicos del más alto nivel; actualmente, la agrupación delictiva está comandada por Ismael Zambada García, el Mayo, y en ella también colaboró Joaquín Guzmán, el Chapo, quien paga una condena de cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado.

Luego de varios retrasos, el próximo 27 de octubre de 2021 será la fecha definitiva para la audiencia del ex secretario, según se ha programado en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Este 30 de septiembre, las autoridades anunciaron nuevas evidencias en su caso enviadas por el gobierno de México, incluido un álbum de fotografías.

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