El Consejo de la Judicatura Federal publicó acuerdo para defender legalmente a mujeres acusadas por abortar en México

Este jueves 30 de septiembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó un acuerdo que permitirá al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) dar asistencia legal en México a todas las mujeres acusadas por el delito de abortar.

También podrá ofrecer defensa a los familiares de víctimas de feminicidios.

El presidente del CJF, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció la defensa legal el pasado 8 de septiembre. Ésta permitirá que despenalizar la interrupción libre del embarazo, decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueda ser realmente aplicada.

Para obtener este apoyo legal, ofrecido a los parientes de víctimas del delito de feminicidio y a todas las mujeres que enfrentan un proceso penal por haber abortado, pueden asistir a las delegaciones estatales del Instituto Federal de Defensoría Pública o comunicarse al teléfono gratuito: 800 22 42 426.

Los servicios están disponibles las 24 horas de los 365 días del año.

El acuerdo para la defensa de mujeres acusadas por abortar detalla las bases legales que permiten al Consejo de la Judicatura Federal, a través del IFDP, dar la asistencia legal. Los casos pueden formar parte tanto de la justicia estatal como de la federal.

Se fundamenta en los artículos 17, 94, 97 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éstos permiten al CJF actuar, en defensa de los derechos constitucionales, en materia de defensa pública, y en materia de derechos humanos para garantizar la aplicación de lo firmado en tratados internacionales.

El párrafo octavo constitucional del artículo 17 “explícitamente indica que existen competencias federal y locales para proporcionar el servicio de defensoría, pero no precisa lo que puede ocurrir en casos donde el enfoque de la atención derive de estándares de derechos humanos reconocidos en nuestro bloque de constitucionalidad, cuya defensa pueda dar lugar a una posible concurrencia entre autoridades federales y locales, y en casos donde existe un riesgo de que las limitaciones competenciales puedan dejar a ciertas víctimas en estado de indefensión”, señala la dependencia.

Este martes 28 de septiembre, colectivos de feministas informaron que en México existen más de 200 mujeres en la cárcel por abortar: debido a la aprobación de leyes antiaborto impulsadas en el país “por la ultraderecha panista”.

No obstante, afirmaron que los números podrían ser mucho más altos. A través de una conferencia de prensa vía remota, integrantes de los colectivos aseguraron que hay más mujeres acusadas con la agravante por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Estimaron que, en esta condición, son alrededor de 750 mujeres presas en México, algunas cumpliendo sentencias de hasta 30 años de cárcel. Muchas de ellas sufrieron de jornadas agotadoras de trabajo y abortos espontáneos debido a su estado de precariedad.

Según las cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señalaron, existen más de 432 carpetas de investigación abiertas contra mujeres por abortar entre los meses de enero y julio del 2021.

“En México, antes de estos avances sobre la despenalización, se calculaba que se llevan a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, y que era la cuarta causa de muerte materna”, relataron, de acuerdo con La Jornada.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un triunfo del movimiento feminista, dijeron: de las organizaciones de mujeres sindicales democráticas y políticas y colectivos que no han parado de protestar en las avenidas del país y de impulsar iniciativas para que no se criminalice a mujeres y personas gestantes por abortar.

Sin embargo, en la conferencia especificaron que la despenalización del aborto no implica que el Estado mexicano otorgue o regule el servicio para que la práctica sea segura.

“Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero, esto sólo significa un primer paso. Por ello ahora llamamos a seguir movilizadas para lograr la legalización del aborto en todo el país, lo cual significa que el Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta problemática como una cuestión de salud pública, que requiere presupuesto para realizar, sin ningún impedimento, los procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva (...)

“De no ser así, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública y de desigualdad social, ya que seguirán siendo las mujeres precarizadas y las personas gestantes las que se vean obligadas a acudir a clínicas clandestinas e insalubres, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No nos conformamos con que el aborto pase de ser clandestino a precario”, declararon.

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