Con el objetivo de poner fin a las extorsiones del crimen organizado contra los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública de la Ciudad de México, la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Sánchez Barrios, rescató este jueves en el Congreso de la capital la iniciativa de la “Ley Chambeando Ando”.
Desde la tribuna del Palacio de Donceles, la hija de la líder de comerciantes ambulantes, Alejandra Barrios, explicó que con esta ley, que consta de 125 artículos, se busca regular el ejercicio del comercio informal a través de un marco jurídico que proteja los derechos humanos y laborales de aproximadamente dos millones de personas en la urbe.
“Los comerciantes se tienen que cuidar de los policías, el gobierno, el crimen organizado y ante esa circunstancia las organizaciones civiles de vendedores ambulantes han sido un blindaje, un muro de protección para el comercio popular, incluso ustedes saben que hay 12 líderes muertos, y 2 desaparecidos”.
“Ninguna autoridad podrá retener o confiscar la mercancía o instrumentos de trabajo de las personas que ejercen el comercio o el trabajo en la vía pública, sin que medie resolución administrativa o judicial expresa”, agregó.
La iniciativa contempla la creación de padrones de vendedores, portación obligatoria de gafetes, prohibición de consumo de alcohol y drogas en los puestos, así como dotarlos de seguridad social, acceso a guarderías, certeza de los espacios en los que les es permitido trabajar, entre otros derechos.
En cuanto a la emisión de autorizaciones para la venta en vía pública, que tendrán que otorgar las alcaldías, Sánchez Barrios señaló que se dará preferencia a madres solteras, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+, personas de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, de la tercera edad y jóvenes en situación de calle.
Los grupos anteriormente mencionados, a excepción de las personas de la diversidad sexual, estarán exentos del pago por el uso de la vía pública.
“Los comerciantes populares merecen ser titulares de una protección jurídica que es imprescindible para garantizar el autoempleo en el espacio público y el comercio popular en la dinámica de una nueva forma de economía incluyente y no discriminatoria”
La priista destacó que esta iniciativa de ley no se analizará desde cero, pues dijo “ya se tienen las bases jurídicas y sobre todo el sentir de los comerciantes”. Cabe mencionar que fue presentada hace dos años como preferente a la I Legislatura por su hermana y líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios, la cual se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de extorsión.
En conferencia de prensa, Sánchez Barrios estuvo acompañada por las diputadas del PRI Mónica Fernández y Tania Larios, así como de la panista Ana Villagrán.
“Necesitamos empatía: derivado de la pandemia y de la crisis económica ¿Cuántas personas se quedaron sin ingresos, sin su trabajo formal? Miles de mujeres y hombres iniciaron un trabajo informal”, dijo Larios.
Insistió en que es momento de descriminalizar la percepción incorrecta que tenemos del comercio popular, que es una necesidad: “¿O qué el gobierno nos va a brindar cerca de 10 millones de trabajos formales? Por supuesto que no”.
La iniciativa ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión social y la de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis y dictaminación.
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