En México hay más de 200 mujeres presas por abortar, señalaron colectivos feministas

Este martes 28 de septiembre, colectivos de feministas informaron que en México existen más de 200 mujeres en la cárcel por abortar: debido a la aprobación de leyes antiaborto impulsadas en el país “por la ultraderecha panista”.

No obstante, afirmaron que los números podría ser mucho más altos. A través de una conferencia de prensa vía remota, integrantes de los colectivos aseguraron que hay más mujeres acusadas con la agravante por el delito de homicidio en razón de parentesco.

Estimaron que, en esta condición, son alrededor de 750 mujeres presas en México, algunas cumpliendo sentencias de hasta 30 años de cárcel. Muchas de ellas sufrieron de jornadas agotadoras de trabajo y abortos espontáneos debido a su estado de precariedad.

Según las cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), señalaron, existen más de 432 carpetas de investigación abiertas contra mujeres por abortar entre los meses de enero y julio del 2021.

“En México, antes de estos avances sobre la despenalización, se calculaba que se llevan a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos, y que era la cuarta causa de muerte materna”, relataron, de acuerdo con La Jornada.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un triunfo del movimiento feminista, dijeron: de las organizaciones de mujeres sindicales democráticas y políticas y colectivos que no han parado de protestar en las avenidas del país y de impulsar iniciativas para que no se criminalice a mujeres y personas gestantes por abortar.

Sin embargo, en la conferencia especificaron que la despenalización del aborto no implica que el Estado mexicano otorgue o regule el servicio para que la práctica sea segura.

“Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero, esto sólo significa un primer paso. Por ello ahora llamamos a seguir movilizadas para lograr la legalización del aborto en todo el país, lo cual significa que el Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta problemática como una cuestión de salud pública, que requiere presupuesto para realizar, sin ningún impedimento, los procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva (...)

“De no ser así, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública y de desigualdad social, ya que seguirán siendo las mujeres precarizadas y las personas gestantes las que se vean obligadas a acudir a clínicas clandestinas e insalubres, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No nos conformamos con que el aborto pase de ser clandestino a precario”, declararon.

Las senadoras Martha Lucía Mícher, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (MC), y Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una iniciativa para derogar de manera completa los delitos de aborto autoprocurado y consentido del Código Penal Federal.

“Proponemos la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilie a abortar. Nunca más una mujer o una niña obligada a ser madre o muerta por abortar”, manifestó la senadora Mícher.

En este sentido, indicó que solo subsistirá el delito de aborto no consentido o forzado, para lo cual se propone una nueva denominación del capítulo.

Aunado a esto, la iniciativa incluye reformas a diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de aborto. Al respecto, le legisladora morenista explicó que la reforma contempla un nuevo capítulo en materia de salud reproductiva, en el que se reconoce el derecho a decidir de mujeres embarazadas o personas gestantes.

SEGUIR LEYENDO: