Este lunes 27 de septiembre el controversial diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, se volvió a lanzar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo comparó con el ex líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Iósif Stalin.
Por medio de su cuenta de Twitter, el ex candidato a la Presidencia de la República también parangonó a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, con otro personaje de la Unión Soviética, Trofim Lysenko, conocido por estar en contra de la ciencia agrícola y genética.
Las confrontaciones del político se debieron a que señaló que la supuesta persecución contra científicos es una muestra clara de que el “régimen totalitario”, personificado por la Cuarta Transformación, se está desenvolviendo a la vista de todos y está imitando técnicas usadas el siglo pasado por la URSS.
Razón por la cual, el panista invitó a toda la ciudadanía a detener el avance de las ideas comunistas y socialistas, pues de no hacerlo rápidamente, podría ser “demasiado tarde”.
Dichas palabras las ha estado repitiendo con regularidad en las últimas semanas por medio de sus redes oficiales, especialmente desde que tomó posesión como legislador en la Cámara de Diputados y tras la visita de los jefes de Estado de Cuba y Venezuela a la Cumbre de la CELAC, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.
“Con respecto a la ciencia y a la persecución de científicos, López es Stalin y Buylla es Lysenko. El régimen totalitario y regresivo se desenvuelve a la vista de todos. Urgente que México los detenga, antes de que sea demasiado tarde”
Las polémicas declaraciones de Quadri de la Torre se dieron después de que trascendió que desde la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la directora del Conacyt por un supuesto desacato a un mandato judicial.
De acuerdo a la información que se emitió a la opinión pública, la investigación inició en octubre del año pasado; sin embargo, fue hasta el 21 de junio que la fiscalía solicitó diferentes documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria.
El Universal dio a conocer que los integrantes de la mesa directiva tramitaron un amparo, el cual derivó del desconocimiento del Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Mientras que el juicio fue admitido en septiembre de 2019 por el juez Regis López, quien fue el responsable de conceder una suspensión para que el Conacyt entregara recursos al foro con el fin de que siguiera operando en lo que se resolvía el amparo.
Sin embargo, por varios meses el Conacyt no entregó dichos recursos y fue hasta marzo de 2020 cuando el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación (MPF) para investigar a Álvarez-Buylla, titular del organismo por un supuesto desacato judicial.
Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR, solo expidió el incidente de suspensión requerido por la Fiscalía, en tanto que los autos originales del juicio fueron consignados al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Asimismo, los recursos de revisión a los que se refiere en su acuerdo, fueron resueltos el 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sentencia, la Corte determinó que es legal que el Conacyt entregue los recursos al fondo hasta el ejercicio 2019, ya que así se estipuló en la normativa interna del consejo hasta 2020, año en que se reformó el fondo y se eliminó.
A pesar de que existe esta determinación, la fiscalía ha insistido en que, tanto la constitución del foro, como la transferencia de recursos del Conacyt, son ilegales, al menos de 2013 a 2018 y se ha intentado obtener órdenes de aprehensión contra 31 ex integrantes del foro del Conacyt, al menos en dos ocasiones.
Los 31 científicos y ex funcionarios investigados por su presunta participación en los delitos de peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como de delincuencia organizada, tienen una carpeta iniciada en octubre de 2020 cuando Álvarez-Buylla Roces denunció las supuestas transferencias ilegales.
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