Este lunes trascendió que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a quien se le denunció desde hace más de un año por un puesto desacato a un mandato judicial.

Pese a que la investigación inició en octubre de 2020, fue hasta el 21 de junio que la FGR solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López quien denunció a la funcionaria.

De acuerdo con información de El Universal, los integrantes de la mesa directiva tramitaron un amparo que se derivó del desconocimiento por parte del Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

En este contexto, el juicio fue admitido en septiembre de 2019 por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CDMX), Gabriel Regis López, quien fue responsable de conceder una suspensión para que el Conacyt entregara recursos al foro para que siguiera operando en lo que se resolvía el amparo.

Sin embargo, por varios meses el Conacyt no entregó dichos recursos y fue hasta marzo de 2020 cuando el juez ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación para investigar a Álvarez-Buylla, titular del organismo por un supuesto desacato judicial.

En consecuencia, la fiscalía inició la carpeta de investigación hasta octubre de 2020, pero no fue hasta junio de 2021 que solicitó al juez enviar copias del expediente de amparo, el incidente donde se determinó que el consejo incumplió con la suspensión concedida y un informe sobre el estado procesal de dicho juicio.

Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR, solo remitió el incidente de suspensión requerido por la Fiscalía, en tanto que los autos originales del juicio fueron remitidos al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Asimismo, los recursos de revisión a los que se refiere en su acuerdo, fueron resueltos el 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la sentencia, la SCJN determinó que es legal que el Conacyt entregue los recursos al fondo hasta el ejercicio 2019, ya que así se estipuló en la normativa interna del consejo hasta 2020, año en que se reformó el fondo y se eliminó.

A pesar de que existe esta determinación, la fiscalía ha insistido en que, tanto la constitución del foro, como la transferencia de recursos del Conacyt, son ilegales, al menos de 2013 a 2018 y se ha intentado obtener órdenes de aprehensión contra 31 exintegrantes del foro del Conacyt en al menos dos ocasiones.

De igual forma, el pasado 22 de septiembre, un juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, determinó que no hay delito qué perseguir, ya que la Corte se pronunció al respecto, por su parte, la FGR informó que insistirá agotar todos los recursos legales necesarios.

Los 31 científicos y ex funcionarios investigados por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como de delincuencia organizada, tienen una carpeta iniciada en octubre de 2020 cuando Álvarez-Buylla Roces denunció las supuestas transferencias ilegales.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que es un “exceso” que se acuse a 31 científicos del Foro Constitutivo Científico y Tecnológico del Conacyt (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología), por delincuencia organizada.

Durante una conferencia de prensa, la también científica de la UNAM, fue cuestionada sobre la acusación de la FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, en contra de los investigadores.

Señaló que las autoridades correspondientes deben hacer la investigación del recurso utilizado por el Foro Consultivo, “que era una asociación civil que estaba financiada –en su momento– por el Conacyt”.

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