El pueblo Yaqui, a quien el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pedirá perdón por los agravios históricos cometidos por el Estado Mexicano, espera que con este reconocimiento se resuelvan sus demandas de justicia.
Ante los ocho Gobernadores de la Nación Yaqui, que se asienta en el estado de Sonora, López Obrador solicitará este martes el perdón por los abusos cometidos por México y que todavía hoy persisten.
Durante el siglo XIX los yaquis se rebelaron en defensa de su tierra y autonomía y, tras décadas de enfrentamientos, a finales del siglo XIX el presidente Porfirio Díaz (1884-1911) ordenó la deportación de miles de indígenas a la península de Yucatán.
En la comunidad de Vícam, municipio de Guaymas, al sur de Sonora, se firmará el martes el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que contempla una inversión federal de alrededor de 580 millones de dólares para resarcir de manera paulatina, justa y equitativa los agravios en medio de grandes intereses económicos.
El plan incluye la cesión de tierras, el derecho al agua, así como acciones para el desarrollo social en salud y educación, tal como planteó el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) en un decreto emitido en 1940.
De acuerdo con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, el Plan de Justicia será un modelo que el Gobierno de la República podrá replicar con el resto de los pueblos originarios en México.
Guerra por el agua
En el caso de los Yaquis, se busca resolver la llamada “Guerra por el Agua” que ha enfrentado a los productores agrícolas y habitantes de Cajeme (estado de Sonora), con sectores de Hermosillo, discordia que surgió a partir de la construcción del Acueducto Independencia que trasvasa agua desde el Río Yaqui a la capital de Sonora para abastecer a un tercio de la población del estado.
El Acueducto Independencia es considerado por la Nación Yaqui una sobreexplotación y despojo a sus recursos naturales, pues mientras que en los ocho pueblos indígenas hay falta de agua potable se abastece a tres de las ciudades más habitadas de Sonora.
El Plan de Justicia propone la construcción del Acueducto Yaqui para abastecer a las comunidades indígenas y la creación del Distrito de Riego 018 para irrigar una mayor superficie de siembra en la región.
Los detractores del proyecto señalan que esto supondrá una mayor explotación a la cuenca hidrológica.
Otro de los llamados “agravios históricos” es el de la superficie territorial y la tierra que los indígenas pueden sembrar en el Valle del Yaqui que se extiende entre los municipios de Cajeme y Guaymas.
Se reclaman 576.471 hectáreas fértiles, así como el derecho de usufructo sobre el mar con respeto al decreto de exclusividad pesquera de 1973.
Casos de violencia
Todos estos reclamos, la tierra, el agua y el litoral, generan conflictos con sectores productivos del sur de Sonora, dedicados a la agricultura, la ganadería y la pesca.
Las negociaciones entre el Gobierno mexicano y los Ocho Gobernadores Yaquis también contemplan el derecho de operación en seis infraestructuras prioritarias para el desarrollo económico en Sonora.
Además del Acueducto Independencia, por el territorio yaqui atraviesa el gasoducto que va desde Arizona a Sinaloa; la fibra óptica de telecomunicaciones; un tendido eléctrico de alta tensión de CFE; el oleoducto Guaymas-Cajeme de Pemex; las vías del tren de Ferromen y la Carretera Federal México.
El Plan de Justicia contempla acuerdos económicos entre las empresas públicas y privadas que operan esta infraestructura, para que los Yaquis permitan que se atraviese y operen en su territorio.
Las mayores amenazas al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui son la violencia de grupos de la delincuencia organizada dedicados al narcotráfico, así como el robo y la venta ilegal de combustible.
En los últimos meses se han registrado asesinatos y desapariciones de miembros de la tribu Yaqui, como el caso de Tomás Rojo Valencia, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, ocurrida el 27 de mayo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dos meses después enterrado en una fosa clandestina.
El pasado julio, 10 indígenas Yaquis desaparecieron en Loma De Bácum, aparentemente como represalia de un grupo criminal a quien el Ejército Mexicano les decomisó media tonelada de metanfetaminas.
También está la oposición al Plan de Justicia de los llamadas autoridades duales, que son aquellos indígenas que desconocen a los Gobernadores de los Ocho Pueblos y que han organizado protestas.
EFE
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