La Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República (FGR) rechazaron que las investigaciones en el caso Ayotzinapa estuvieran paralizadas, luego del planteamiento realizado por padres y madres de los 43 normalistas en el encuentro de Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vidulfo Rosales, abogado de familiares de los estudiantes, aseguró que hubo inconformidades sobre el estancamiento en las indagatorias durante la reunión de tres horas con el mandatario y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
“Se le hizo énfasis que no vemos avances en la Fiscalía General de la República, también se le hizo énfasis que no vemos avances respecto de la profundización de la investigación al Ejército mexicano y al Poder Judicial vemos claroscuros, porque el criterio apunta más a favorecer a los imputados, a las personas acusadas, que a las víctimas.
“La Fiscalía General, como ya lo hemos apuntado, le hicimos ver ahí al presidente de la república que no está caminando, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues eso le dijimos, la Fiscalía es algo parecido”, acusó el litigante.
Rosales denunció que no se han ejecutado 40 órdenes de arresto desde hace seis meses sobre responsables de la desaparición; además, que las autoridades mexicanas no han podido extraditar a Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de manipular pruebas y torturar testigos para cerrar el caso Ayotzinapa. El abogado también se refirió a funcionarios de la pasada administración, quienes estarían enquistados en la FGR sin mayores castigos.
Pero Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y Omar Gómez Trejo, de la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa en la FGR, presumieron como avances la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz, cuyos restos fueron localizados después de seis años en la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula donde las autoridades del anterior sexenio aseguraron, los jóvenes fueron incinerados.
“Respeto mucho la opinión de Vidulfo Rosales, creo que él tiene su propia agenda, la agenda no es la de la búsqueda de la verdad, y como lo ha dicho el señor presidente, aquí no va a haber impunidad ni ningún tipo de consentimiento a nadie”, reviró Encinas.
El subsecretario precisó que desde principios de 2019 a la fecha han comparecido 40 integrantes de las Fuerzas Armadas de diversos grados y está una prisión militar el capitán de Infantería José Martínez Crespo, adscrito al 27 Batallón en Iguala.
“Todos quisiéramos ir más rápido, pero no por ir más rápido vamos a inventar o a generar situaciones falsas o artificiales”, añadió el presidente de la Comisión para Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa.
Al respecto, Gómez Trejo y Encinas destacaron que se han recuperado más de 31 mil 338 documentos de diversas dependencias del gobierno federal, la mayoría de la Secretaría de la Defensa Nacional (17,045), que no fueron integradas en las averiguaciones de la llamada verdad histórica y ahora son pieza clave para esclarecer el paradero de los normalistas. Y si bien hay responsables en las instituciones, quienes manipularon el proceso, se han verificado sus actuaciones y habrá demandas contra ellos.
Pero ambos justificaron que hubo una colusión del Estado para cerrar el caso en tres días y acallar el reclamo de los padres por saber qué había pasado con los estudiantes tras la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014. Luego de siete años, se quejaron, mucha evidencia se ha perdido, además deben lidiar con el proceso de ocultamiento de información.
“No estamos pateando el bote, estamos investigando, que creo eso es algo importante que tenemos qué aclarar”, respondió Gómez Trejo ante la insistencia de desmontar la llamada verdad histórica al tiempo de abrir nuevas indagatorias.
“Nosotros tenemos una investigación muy bien conducida en las distintas etapas, en las distintas visiones e incluso, tramos de la investigación”.
De acuerdo con el fiscal y el subsecretario, de las 89 órdenes giradas por supuestos responsables en los hechos, al menos 30 están pendientes de ejecutar sobre aquellos que habrían participado directamente en la desaparición y 10 más son contra funcionarios que alteraron las investigaciones.
Gómez Trejo aseguró que no se está llevando una cacería de brujas, ni se tortura, como se realizó en la administración de Enrique Peña Nieto y quedó constancia en 40 videos; dijo que se han ofrecido criterios de oportunidad, así como acercamientos para que se rompa el pacto de silencio entre cómplices; también reveló que tan pronto como Tomás Zerón sea extraditado a México, se judicializaran procesos en contra de otros funcionarios, aunque omitió adelantar si serían de mayor nivel.
Desde enero de 2019 se han realizado 55 acciones de búsqueda en 136 puntos distintos, durante 405 jornadas, para dar con los normalistas; lo que ha llevado a recuperar 27 cuerpos en siete municipios de la región. Igual se analizaron 80 millones de llamadas con 206 mil registros de interés, y 84 líneas prioritarias de 17 objetivos principales en 166 números telefónicos. Pero en estos siete años han perdido la vida o sido asesinados 21 personas vinculadas con el caso.
Con el trabajo de la administración actual se confirma que no hubo nexos entre los estudiantes y sus agresores, como se sugirió en la verdad histórica; además, en el ataque participaron al menos tres células de sicarios Guerreros Unidos en colusión con policías de Iguala. Los 43 normalistas nunca estuvieron juntos mientras fueron arrestados por fuerzas policiales y el Ejército; y el grupo criminal estableció retenes en Santa Teresa y la salida a Taxco.
Hasta el momento se tiene certeza de la identificación de Alexander Mora Venancio (2014 en Cocula), Joshivani Guerrero de la Cruz (identificado en 2015, confirmado en 2021 por resto en Barranca de la Carnicería) y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre (2020 en Barranca de la Carnicería).
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