Los 6 grandes tropiezos de Gertz Manero al frente de la FGR

Desde su llegada al gobierno de la Cuarta Transformación, Alejandro Gertz Manero ha ido de escándalo en escándalo, sin que su trabajo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) haya dado resultados positivos en alguno de los muchos casos de relevancia que están en su escritorio.

El más reciente, es la persecución en contra de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes el fiscal acusa de delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada; lo que ha desatado una ola de indignación, aún entre miembros de la clase política.

Aunque un juez ya ha rechazado en dos ocasiones la orden de aprehensión en contra de los investigadores, la FGR ha dicho que insistirá en que dichas órdenes sean giradas y que los acusados sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en donde se encuentran delincuentes como Miguel Ángel Treviño “El Z-40″, quien fue líder del Cártel de Los Zetas; o el secuestrador Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas” .

En Infobae México te presentamos algunos de los escándalos en los que el fiscal Alejandro Gertz Manero ha estado involucrado.

La propuesta para eliminar el delito de feminicidio

A inicios de marzo de 2020, Gertz Manero planteó a la fracción de Morena de la Cámara de Diputados, expedir un código penal único para todo el país así como eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando que el Ministerio Público tiene dificultades para acreditar este delito, por lo que propuso redefinirlo como una agravante del homicidio.

El fiscal insistió que sería más conveniente, en términos de procuración de justicia, mantener en la legislación penal el delito de homicidio y enlistar una agravante con los elementos correspondientes al feminicidio.

Debido a que el planteamiento ocurrió a puerta cerrada, las legisladoras morenistas hicieron público su rechazo a la propuesta del fiscal, lo que desató una polémica durante semanas.

Al rechazo se sumaron legisladoras de todos los partidos, así como de la clase política en general y de la sociedad civil, quienes argumentaron que la tipificación del feminicidio era una conquista ganada durante años, por lo que la propuesta del fiscal era un retroceso legal y en los derechos de las mujeres.

Las numerosas voces en contra de la propuesta, ocasionaron que el fiscal desistiera del intento.

La polémica Ley de la FGR

Dos años después de que la antigua Procuraduría se convirtiera en Fiscalía y sin haber dado tiempo a desarrollar la institución, Alejandro Gertz Manero presentó la iniciativa para reformar su estructura.

La propuesta levantó polémica y estuvo meses en debate, pero finalmente, en marzo de 2021, el Senado de la República aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República, en donde se establece la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda, uno de los puntos que más rechazo generó entre colectivos y organizaciones de Derechos Humanos, incluso de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezada por Karla Quintana.

Y es que con esta nueva Ley, la FGR ya no tendrá la obligación de apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, dejando en total indefensión a los familiares de las víctimas.

En el Sistema Nacional de Búsqueda, participan las fiscalías estatales, la secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Consejo Ciudadano, y hasta ese momento, la FGR.

Pero además, la Fiscalía también está encargada de bases de datos como el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas no Identificadas o bases de datos forenses.

Con la aprobación de la Ley, la FGR también abandonará el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas y el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros sistemas de coordinación.

La Fiscalía, que es la responsable en casos de gran trascendencia como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o investigaciones en las están involucrados militares o marinos, implica que la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero ya no participe en la coordinación con las otras instituciones.

Finalmente, el 20 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, por lo que desde ese momento entró en vigor.

El caso Emilio Lozoya

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se prometió castigar a los políticos que estuvieran involucrados en casos de corrupción.

Uno de ellos fue el escándalo de los sobornos presuntamente pagados por la empresa brasileña Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y que habrían sido utilizados para sobornar a diputados de la oposición (PAN y PRD) para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

También se acusó a Lozoya Austin de haber comprado la planta chatarra de Agronitrogenados a un sobreprecio, que habría causado un boquete en las finanzas de Pemex.

Las acusaciones ocasionaron que Emilio Lozoya huyera del país, por lo que tras meses de búsqueda, el exdirector de Petróleos Mexicanos fue detenido en un fraccionamiento de lujo ubicado en Málaga, España, en febrero de 2020.

Tras permanecer cinco meses encarcelado en aquel país, y luego de que el papá de Emilio Lozoya negociara con el fiscal Alejandro Gertz Manero su extradición a México como testigo colaborador a cambio de delatar a los responsables de los casos de corrupción, el exdirector de Pemex llegó a tierra azteca el 17 de julio de 2020 en medio de un show orquestado por la FGR, en el que se utilizó a un doble de Lozoya Austin para distraer a la prensa, que esperaba el arribo del exfuncionario al Reclusorio Norte.

Pero bajo el argumento de que tenía problemas de salud, Lozoya Austin fue llevado a un hospital privado, desde donde rindió su declaración ministerial por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Ahí, señaló al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberlo utilizado.

En noviembre de 2020, dos diarios de circulación nacional dieron a conocer que la FGR acusó a Peña Nieto de “traición a la patria y cohecho” con relación al caso Odebrecht.

En la solicitud, la Fiscalía aseguró que el expresidente fue “autor mediato” de dichos delitos, utilizando a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya para delinquir no solo para beneficio personal, sino también en beneficio de la empresa Odebrecht.

“Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas”, acusó la FGR.

Además, señaló que Peña Nieto contó con “su propio aparato de poder criminal”, a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética y mediante la obtención de dinero, principalmente de la brasileña Odebrecht.

El pasado 3 de noviembre, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la FGR pidió a un juez una orden de arresto contra Videgaray por el caso Odebrecht, pero fue rechazada.

Posteriormente, la prensa nacional informó que la FGR desistió de esa orden de aprehensión, pues obtuvo nuevos elementos en el caso y buscaría imputar a Videgaray por el caso Odebrecht.

A más de un año de la extradición de Emilio Lozoya y sus declaraciones, Alejandro Gertz Manero no ha actuado en contra de ninguno de los exfuncionarios señalados, mientras que Lozoya Austin goza de total libertad.

Caso Salvador Cienfuegos

El 16 de octubre de 2020, una noticia sacudió a la clase política, a la sociedad, pero sobre todo, al Ejército mexicano. Y es que ese día, las autoridades de Estados Unidos detuvieron al General en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Enrique Peña Nieto; acusado de varios cargos de narcotráfico, entre ellos, ayudar al cártel del H-2, a cambio de sobornos. Y para cimentar sus acusaciones, contaba con cientos de pruebas.

La captura se realizó en el Aeropuerto de los Ángeles, California, cuando Cienfuegos Zepeda ingresaba a aquel país junto a su familia.

El gobierno estadounidense no había dado a conocer a México la investigación encabezada por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estadounidense, contra el General en retiro, para evitar que éste huyera o se le brindara protección, por lo que la noticia del arresto cayó de sorpresa a la administración de la Cuarta Transformación.

Aunque en un inicio, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que era  “un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico”, tuvo que recular y públicamente condenó la captura e incluso señaló que se exigiría su liberación.

En la prensa nacional se aseguró que las altas esferas del Ejército mexicano, institución que ha alcanzado un gran poder en el gobierno de López Obrador, lo habían presionado para que se lograra la liberación del General, toda vez que su captura representaba una gran afrenta para la institución castrense.

Los medios señalaron que el gobierno de AMLO le pidió directamente al todavía presidente Donald Trump, su ayuda para liberar al General mexicano. El 18 de noviembre, la fiscalía estadounidense desistió de juzgar a Salvador Cienfuegos por narcotráfico. La propia juez Carol Bagley, de la corte federal de Brooklyn, se sorprendió por el retiro de los cargos.

El propio fiscal estadounidense, Wiliam Bar, había llamado para pedir que se ignoraran cientos de pruebas como llamadas telefónicas interceptadas, recopiladas en una década de una sigilosa indagatoria sobre Cienfuegos Zepeda.

En consecuencia, el extitular del Ejército mexicano fue liberado y enviado a México, bajo la promesa del gobierno de López Obrador de investigar las acusaciones. La institución encargada de estas indagatorias fue la FGR.

Tras su llegada a tierra azteca, Cienfuegos solo fue informado que se realizaría “una investigación en su contra’' y fue puesto en libertad.

De manera sorpresiva, en enero de este año, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero cerró el caso del General Cienfuegos, al asegurar que el acusado “nunca” tuvo encuentro  o comunicación con organizaciones de la delincuencia organizada, como lo señalaban las autoridades de Estado Unidos.

Aseguró que realizó “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, por lo que determinó que el General “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.

El caso de Alejandra Cuevas

En octubre de 2020, Alejandra Cuevas Morán fue encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de homicidio por omisión de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal.

Alejandra es hija de Laura Morán, quien actualmente tiene 94 años de edad y durante 50 años, fue la pareja sentimental de Federico Gertz, quien falleció a los 82 años tras una enfermedad.

En 2015, el hermano del fiscal vivía solo con Laura Morán, quien en ese momento tenía 88 años, y la gente que trabajaba en su casa.

Laura contrató a personal para el cuidado de Federico, ya que ella no se veía capaz de atenderlo sola por su cuenta. Después, Federico sufrió una caída que empeoró su estado de salud. En ese momento Laura avisó de toda la situación a Alejandro Gertz Manero quien acudió a ver a su hermano y además puso a su disposición a médicos especialistas que los estarían monitoreando en todo momento. Entre ellos uno al que el ahora fiscal calificó como “el mejor geriatra de México”.

Luego, elementos del Ministerio Público se llevaron a Federico y advirtieron a Laura para que no lo visitara. Federico falleció un mes después de haber sido internado en el hospital ABC Observatorio a causa del deterioro de su salud.

Alejandro Gertz Manero arremetió contra la que fuera pareja de su hermano y la demandó, junto con sus hijas Laura y Alejandra Cuevas, de homicidio por omisión de cuidados hacia Federico. Pero las hijas de Laura Morán  no vivían con ellos, por lo que no jugaban un rol establecido en la rutina de cuidados del hermano del fiscal.

La denuncia fue archivada en dos ocasiones por la justicia de la Ciudad de México debido a que no había elementos que evidenciaran las responsabilidad de ambas mujeres en la muerte de Federico Gertz Manero.

Pero luego de que Alejandro Gertz Manero fuera designado a cargo de la Fiscalía General de la República, el caso dio un giro radical: la demanda procedió y se retomó la acusación.

El 21 de septiembre, después de cinco años representándolas, repentinamente el Lic. Alfonso Jiménez O’Farrill, abogado de Laura Morán y sus hijas, renunció al caso argumentando que recibió amenazas en contra de él y su  familia. Entregó entonces el expediente del caso a Alejandra Cuevas y a sus hijos. El 25 de septiembre se ejerció acción penal y el 2 de octubre se libró la orden de aprehensión en contra de Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas.

Desde entonces, Alejandra Cuevas se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por delito de “homicidio doloso de concubino por omisión por auxilio”. Es decir, se le culpa de no haber asistido a Federico Gertz Manero mientras su estado de salud empeoraba. Ese delito en México no alcanza fianza.

Una acusación con tufo a venganza

En 2010,  Alejandro Gertz Manero solicitó por primera vez ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero el Conacyt lo rechazó al considerar que tenía “insuficiente producción científica” y “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, los cuales son requisitos principales establecidos en el reglamento.

Gertz llevó el caso a los tribunales federales, pero el Consejo del Conacyt confirmó la negativa en cuatro ocasiones más.

Pero 11 años después, ya bajo la administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt, Gertz Manero fue admitido al SIN con un nivel III “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”. Lo logró sin pasar por los niveles de Candidato I y II, como el resto de los investigadores que se postulan.

Como investigador nivel III, Gertz Manero recibirá alrededor de 38,000 pesos mensuales sin importar que sea funcionario público, pues la actual reforma al reglamento lo permite.

En octubre de 2018, antes de que María Elena Álvarez-Buylla fuera directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se filtró en redes sociales un oficio con fecha del 24 de septiembre donde Álvarez-Buylla solicitaba al entonces director del Conacyt, Enrique Cabrero, suspender toda convocatoria abierta “que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019″.

Ya en el 2019,  Álvarez-Buylla interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde denunciaba que el presupuesto otorgado al Foro Consultivo del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto, excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que, se utilizó para sostener a una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, así como para gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos, entre otros.

Fue entonces que la Fiscalía General de la República acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.

El pasado miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.

En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.

Algunas voces han asegurado que las acciones contra los investigadores del Conacyt se trata de una venganza de Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal como investigador.

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